a) una acción judicial contra la discriminación que puede derivar sanciones legales y/o multas entre los $183.245 a $1.832.450, mientras que el juez deberá “restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”,

b) encomienda al Estado elaborar políticas públicas contra la discriminación

c) considera agravantes los delitos motivos por razones discriminatorias,

d) prohíbe a los funcionarios públicos y municipales la discriminación y

e) define en términos específicos la discriminación arbitraria.

En términos específicos lo expuesto implica:

1.- Definición de Discriminación: la Ley entiende por discriminación arbitraria “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

2.- Deberes del Estado: La Ley establece que “corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigente

3.- Modificación de cuerpos legales: La norma modifica la Ley Sobre Estatuto Administrativo y la ley sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En ambos se prohíbe a los funcionarios públicos y municipales, en forma respectiva, la discriminación en virtud de lo estipulado Ley que Establece Medidas contra la discriminación

También modifica el Código Penal estableciendo como agravante cometer o participar de un delito motivado por discriminación arbitraria.

4.- Acción de no discriminación: La ley crea un mecanismo judicial, denominado acción de no discriminación arbitraria, que permite denunciar los atropellos ante el juez de letras del domicilio de la víctima o del victimario en un plazo de 90 días de ocurrido el hecho o de haber tenido conocimiento del mismo, existiendo un tiempo límite de un año.

La denuncia puede ser cursada en forma escrita, o en casos urgentes de manera verbal, por a) la persona afectada, b) su representante legal, c) quien esté a cargo del cuidado personal o la educación de la víctima y d) cualquier persona en caso de ausencia o incapacidad de los anteriores.

Serán declaradas inadmisibles aquellas acciones de no discriminación cuando a) un recurso de protección, de amparo o de tutela laboral, estipulado en artículo 485 del Código del Trabajo, es interpuesto por el mismo hecho y b) se impugnen leyes vigentes o sentencias previas de otros tribunales.

El juez, a petición del afectado, podrá ordenar la suspensión provisional del acto de discriminación mientras dure el juicio.

Una vez interpuesta la acción de no discriminación, el tribunal solicitará informes a quienes estime pertinente, debiendo los requeridos responder en un plazo de 10 días. Si no responden, la tramitación de la causa continuará de todas formas.

Tras ello el juez fijará audiencias, para el quinto día hábil siguiente, con las partes que asistan a objeto de llamar a conciliación. Si no hay conciliación, el juez citará a las partes para dictar sentencia en una audiencia.

Si hubiera hechos controvertidos, cualquiera de las partes puede impugnar la sentencia en la misma audiencia, contando desde ahí con tres días hábiles de plazo para presentar sus pruebas, pudiendo ser estas testigos o cualquier medio lícito. Si así ocurre, se fijara otra audiencia para recepción de pruebas y, tras ello, en una nueva cita se dictará sentencia.

Si la sentencia determina que hubo discriminación el juez deberá “restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”, además de aplicar al victimario una multa a beneficio fiscal de entre 5 a 50 UTM ($183.245 a $1.832.450, a mayo 2012).

Si se concluye que no hubo discriminación, se aplicará al denunciante una multa a beneficio fiscal de 2 a 20 UTM ( $73.298 a $732.980 a mayo del 2012)

Con todo se puede apelar a la sentencia ante la Corte de Apelaciones en un plazo de cinco hábiles de dictada.

Ley completa acá

Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, el proceso llevado adelante por el gobierno, viola abiertamente el Principio n°10 de la Cumbre de Río, el de la participación. “Que no se tome en consideración la opinión ciudadana, a dos décadas de este proceso trascendental, es claramente deficitario y un error. Acá no hay un proceso, no se convocó un proceso de consulta. Estos encuentros no gozan de la legitimidad que deben tener ante la comunidad internacional, pues ha sido constituido solo con la posición del gobierno y algunos actores convocados por él”, afirmó.

Miguel Santibáñez, miembro del directorio de Acción –asociación gremial que agrupa a más de 70 organizaciones a nivel nacional-, agrega a estos problemas de participación y transparencia, la falta de relevancia que ha dado el gobierno al proceso de Río+20. “Nos llama la atención que no se haya transformado en debate nacional, más aún en un país con tantos conflictos ambientales y poblaciones vulneradas en sus derechos, con ausencia de salvaguarda social y ambiental”, señaló, destacando a su vez la necesidad de “develar el uso de esta mercantilización (la “economía verde”) de la naturaleza como una nueva frontera de desarrollo capitalista y de poner de relevancia las soluciones de los pueblos, las propuestas de la gente y de las organizaciones. Tenemos pocas expectativas tanto del plan de acción de gobierno como del de Naciones Unidas, pensamos que la respuesta llegará de los pueblos”, aseguró.

Por su parte Juan Pablo Orrego, director de Ecosistemas, destacó que “20 años después (de la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro) el panorama planetario es absolutamente sombrío. La economía verde, es un negocio verde. Una especie de estertor por fortalecer el capitalismo salvaje y poder de las corporaciones, con la misma mirada y gestión. Necesitamos un cambio muy profundo de modelo. Lo que necesitamos es restaurar, revitalizar, la naturaleza”, sostiene.

En la misma línea Eduardo Giessen, miembro del Colectivo Viento Sur, atribuye este grave deterioro ambiental a los “atropellos de los gobiernos neoliberales que desde hace décadas nos gobiernan y los modelos que aplican. Pretender que con más crecimiento económico se logrará mayor justicia social y ambiental, es absurdo, por el contrario, y con la economía verde sigue postulándose el desarrollo sustentable desde una perspectiva de desarrollo económico”, concluyó.

Frente a la voracidad del modelo extractivo y de generación de energía, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, recordó que “junto a la participación prevista en el Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, se debe reconocer también el derecho a la consulta previa, libre e informada que poseen los pueblos indígenas frente a situaciones que les afectan, como recientemente lo ratificó la Corte Suprema al paralizar el proyecto minero El Morro”. La comunicadora llamó también la atención sobre “uno de los principales efectos de los cambios que experimenta el clima y la creciente degradación ambiental, como es el desplazamiento forzado de personas, que actualmente oscila en las 300 millones y va en expansión; sin políticas públicas, con militarización de fronteras y criminalización, sin protección a sus derechos”.

Finalmente Juan Carlos Cárdenas, representante de Ecocéanos, se refirió a los impactos de la llamada Ley Longueira de privatización pesquera. “En esta propuesta se esconde la privatización de este sector, mediante cuotas individuales transferible y transnacionalización. Se quiere eliminar el término pesca artesanal con este proyecto, y pasar a la fase especulativa y de acuicuiltura. Este mismo modelo, se está replicando ahora en Aysén y Magallanes. Sin que se detenga esta destrucción de nuestro mar y recursos, tras 30 años de un severo proceso de sobreexplotación”, denunció.

La Fundación Democracia y Desarrollo y la Universidad de Talca, en el contexto del segundo aniversario de la comunidad elquintopoder.cl, invitan a conversar sobre el rol que los medios sociales están jugando en la participación política de la juventud, en especial como plataformas en las cuales se debaten las ideas sobre el futuro; se manifiestan adhesiones a proyectos de cambio; se coordinan acciones para ocupar los espacios de decisión y poder político; y se interviene en una conversación en línea que termina influyendo en la toma de decisiones de interés público.

Queremos invitar a nuestra comunidad a participar del seminario “Ya no basta con Twittear: jóvenes, redes y participación política”, que se realizará el jueves 10 de mayo, desde las 9:00 horas, en el Campus Santiago de la Universidad de Talca (Quebec 415, Providencia). Los cupos que disponemos son limitados por lo que te pedimos que inscribas tus datos en el formulario al final de esta entrada.

PROGRAMA
09:00 – 09:30 Acreditación
09:30 – 09:40 Bienvenida: Palabras del rector de la Universidad de Talca, Alvaro Rojas.
09:40 – 09:45 Video aniversario elquintopoder.cl
09:45 – 10:00 Palabras de Ricardo Lagos Escobar.
10:00 – 11:00 Primer panel: Jóvenes, redes y participación política
Reflexión sobre el fenómeno general del impacto de Internet en las prácticas políticas de la juventud.

Invitados:
- Alberto Mayol, Sociólogo, U. de Chile
- Luis Felipe San Martín, Director del INJUV
- Gabriel Boric, Presidente de la FECH
- Alicia Sánchez, Directora Ejecutiva Acción AG

Modera: Rodrigo Ramírez, Director de RSU, U. de Talca

11:00 – 11:30 Café
11:30 – 12:30 Segundo Panel: No basta con twittear
Conversación sobre experiencias prácticas de uso de medios sociales en línea para la movilización.

Invitados:
- Matías Asún, Director Ejecutivo de Greenpeace Chile
- Pía Vargas, ex integrante del Centro de Estudiantes Periodismo, Universidad de Chile
- Danae Díaz, dirigenta de las alumnas del Liceo Carmela Carvajal
- Giorgio Jackson, Coordinador de Acción Digital, Revolución Democrática
- Dirigente estudiantil de la U. de Talca (por confirmar)

Modera: Paz Peña, ONG Derechos Digitales

12:30 -12:40 Cierre

Las reacciones desde España han sido desmedidas. El gobierno del conservador Rajoy, confundiendo lo público con lo privado, salió en una defensa corporativa de los intereses de REPSOL como si fueran los del propio estado, amenazando a Argentina con el cierre de mercados de compra, como el de los biocombustibles. REPSOL, por su parte, ha adelantando que recurrirá al arbitraje de CIADIS, entidad vinculada al Banco Mundial, y valoró sus acciones en 10.500 millones de dólares, cifra a todas luces muy superior al valor real de las inversiones que efectuara en YPF.

Las reacciones desde el gobierno chileno han sido las esperadas para una administración para la cual la defensa de la propiedad privada y de los intereses de las grandes corporaciones, por sobre los intereses de los chilenos, constituye una prioridad. Las autoridades gubernamentales y sus aliados políticos han acusado a Argentina de falta de seriedad, de retrotraer a América Latina a la década del 70′, y de afectar intereses chilenos -bastante exiguos de acuerdo a toda la información disponible- asociados a REPSOL en su operación de YPF.

Esta medida de la Presidenta Kirchner que busca retomar el control público de YPF, como sabemos, no es una de carácter aislado. Ella forma parte de un conjunto de iniciativas adoptadas por su gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner, permitiendo a Argentina el control sobre áreas vitales de la actividad económica y sobre empresas de interés social, así como sobre recursos naturales esenciales para el desarrollo del país. Tales medidas han incluido en la última década la cancelación de la deuda con el FMI, mediante el uso de sus reservas líquidas y disponibles; la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, también adquirida por capitales españoles; la nacionalización de las entidades previsionales privadas (AFPJ), creadas a imagen y semejanza de nuestras criollas AFP; y la aprobación de la ley de medios de comunicación, esta última orientada a evitar la concentración de los medios en manos privadas, abriendo espacios a la propiedad pública y la propiedad ciudadana de los mismos.

Quienes impugnan estas medidas cuestionan los procedimientos utilizados para hacerlas efectivas. Al respecto, se debe señalar que el gobierno argentino nunca ha puesto en cuestión el pago, a precio justo, de los capitales expropiados. Otros cuestionan que los Kirchner -desde la gobernación de Santa Cruz en el caso de Néstor y desde la Cámara de Diputados en el caso de Cristina- apoyaran en su momento la privatización de YPF. No se entiende por qué una decisión adoptada hace veinte años no se puede revisar, más aún cuando ella ha resultado en un mal negocio para Argentina. Nadie podrá, además, cuestionar el objetivo de fondo de estas medidas. Al nacionalizar YPF Argentina no ha hecho más que reclamar su soberanía y ejercer un derecho fundamental reconocido a todos los pueblos por Naciones Unidas, cual es el derecho de libre determinación en materia política y económica.

La medida anunciada por Cristina no puede sino interpelarnos como estado y como sociedad. Ella deja en evidencia la falta de control que tenemos sobre los recursos naturales, los que como sabemos han sido apropiados por grandes conglomerados nacionales y trasnacionales, sin recibir el estado, en la mayoría de los casos, un pago por ello. Ello ha sido posible al amparo de una institucionalidad impuesta por la dictadura militar, que lamentablemente sigue vigente hasta la fecha.

El ejemplo más claro es el de los recursos mineros, dos tercios de los cuales están en poder de empresas privadas, la mayoría de ellas trasnacionales, cuyas ventas el año pasado alcanzaron alrededor de 50 mil millones de dólares, los que equivalen a un cuatro del Producto Interno Bruto del país. El otro bien común que ha sido apropiado sin pago alguno por grandes conglomerados es el agua. Al 2004 ENDESA, de capitales españoles, poseía el 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas para uso no consuntivo del país.

Aparte del lucro que estas empresas obtienen por la explotación y el aprovechamiento de estos recursos, sus actividades han tenido gran impacto sobre pueblos indígenas y comunidades locales, muchas de las cuales hacen uso ancestral de los mismos y que hoy se ven desplazadas o relocalizadas, sin compensación y sin participación alguna en los beneficios que se generan.

Otro ejemplo de este verdadero saqueo del que hemos sido objeto los chilenos al amparo de la institucionalidad dictatorial, es el de la apropiación de nuestros ahorros previsionales por parte de las AFP. Sobre la base de dicha institucionalidad, los chilenos en edad laboral estamos obligados a entregar nuestros ahorros previsionales a conglomerados privados, los que luego de tres décadas, han acumulado enormes capitales que les han permitido el control de áreas claves de la economía. Su poder es tal, que cuatro de estos conglomerados -generalmente asociados a familias- obtienen las mismas ganancias que cuatro millones de trabajadores. Es esta realidad la que ha determinado que Chile sea uno de los países más inequitativos de la región y del planeta, en donde el 10% de los chilenos tienen ingresos promedio que superan los de Noruega, y el 10% más pobre tiene ingresos similares a los de Costa de Marfil.

Por ello es que la nacionalización de los recursos naturales ha sido propuesta por diversos sectores de la sociedad chilena en los últimos años. Ella, sin embargo, no ha sido, ni será posible en el marco de la institucionalidad actual, la que a través de distintos mecanismos -como el binominalismo y los elevados quórums de reforma constitucional y legal- estuvo concebida precisamente para la posibilitar la apropiación de dichos bienes, y para impedir cualquier intento de control público.

Ello nos lleva inevitablemente, como lo hemos venido señalando en forma reiterada en columnas anteriores, a plantearnos el tema de la transformación institucional, sin la cual los chilenos y chilenas, así como los pueblos y comunidades que integramos este país, seguiremos siendo despojados de los recursos que nos pertenecen, y lo que es más grave, de la posibilidad de determinar libremente nuestro destino en materia económica y política. Tal transformación, como crecientes sectores sociales hemos venido planteando en los últimos años, requiere de cambios institucionales profundos, y no solo de cambios cosméticos como aquellos que parecen promover algunos sectores de gobierno y oposición. Cambios que únicamente serán posibles a través de la conformación democrática y plural de una instancia constituyente, con la participación de todos los sectores de la ciudadanía, incluyendo, por cierto a los sectores hasta ahora excluidos del sistema político.

La experiencia de varios estados en la región, como Colombia, Ecuador y Bolivia, que en los últimos años han conformado asambleas constituyentes democráticas, plurales e interculturales, a través de las cuales construyeron pactos sociales inclusivos donde se abordaron, entre otros temas, el del control público de los recursos naturales y de otros bienes comunes y el de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre los mismos, nos demuestra que ello es posible.

La experiencia Argentina de la última década, además, nos demuestra que la adopción de medidas como la nacionalización de YPF, lejos de generar el caos pronosticado por los sectores más conservadores, han posibilitado el fortalecimiento de una economía cuyos beneficios son crecientemente compartidos entre todos quienes habitan en ese país, incluyendo los migrantes de otros países que llegan a territorio argentino. Ello, a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde la riqueza la concentran mezquinamente unos pocos.

Vamos, vamos chilenos ¿donde está nuestra dignidad?

Una plataforma de organizaciones de la sociedad civil –con la participación de Barrio Yungay, Coalición Internacional del Hábitat (HIC), Corporación Interés Público, Corporación SUR, Fundación de Superación de la Pobreza, Hábitat para la Humanidad, Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), Observatorio de Reconstrucción (OR), Salvemos la Villa Olímpica y Surmaule– invita a la Relatora Especial a realizar una visita en Chile entre el 26 de abril y el 3 de mayo del 2012.

En el 2011, la Relatora Especial centró su informe temático sobre conflictos y desastres. Para el 2012, la Relatora propone trabajar especialmente los temas de la financialización de la vivienda. Por la fase de reconstrucción post-terremoto y por ser Chile la cuna del modelo de mercantilización de la vivienda, esta visita es la oportunidad para la sociedad civil en Chile de seguir debatiendo sobre el derecho a la vivienda y a la tierra, y para colocar el enfoque de derecho en las políticas públicas territoriales y habitacionales.

Paralelamente a los discursos y la presentación de los diferentes artistas se realizó una Feria de Organizaciones Sociales y Culturales en la que participó Radio Tierra y Acción.

La actividad fue el punto de partida para las movilizaciones sociales que comenzaron con una gran marcha el 25 de abril. Allí, Gabriel Boric planteó la necesidad de aunar fuerzas con otros movimientos sociales, entregar propuestas concretas para cambiar el sistema de educación y seguir movilizados para profundizar los avances.

Mesa de Acción en la feria Confech

En el acto cultural estuvo el niño rapero MC Billeta, Manuel García y su banda, el vocalista de Los Tetas, Tea Time junto a Tomás González y cerró la jornada la cumbia de Villa Cariño.

Radio Tierra en la feria Confech

Dirigentes de la Confech

Manuel García

La primera etapa del Plesbicito Nacional de Salud comenzó 23 de abril a través de internet. La segunda instancia será presencial, con mesas de votación en hospitales, consultorios, colegios, universidades y lugares públicos colocadas en todo el país. A principios de mayo se entregarán los resultados de la encuesta a las autoridades del Gobierno.

Mario Villanueva, Vicepresidente de la Federación de Profesoinales de la Salud, señaló que con esta iniciativa intentan generar más democracia, haciendo participar a las personas en la discusión de los problemas que los afectan. En consecuencia, Villanueva no descartó movilizaciones pero aseguró que son las personas las que decidirán si salen o no a la calle.

La votación es rápida, simple, y en cinco pasos se puede sufragar respecto a la salud. Se ingresa a www.votociudadano.cl y se pincha un botón rojo que dice “Para votar ingrese aquí”; luego se marca el RUN (Rol Único Nacional) y se digitan números en una ventana inferior; el sexo, edad, región y las cinco preguntas sobre el tema vienen a continuación; finalmente identificando el nombre y dejando un correo electrónico, el proceso se termina.

“Seguiremos levantando las propuestas en defensa de la salud pública”, proclamó Claudia Padilla, directora nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud y perteneciente a la Coordinación de Salud de la Anef.

Fueron 8 horas de exposiciones de gran nivel en las que los asistentes pudieron intercambiar opiniones y  hacer preguntas a los expositores sobre diversas experiencias relacionadas a catástrofes naturales y las maneras de abordarlas desde la sociedad civil.

La actividad fue patrocinada de la Asociación Chilena de Municipalidades, Mercociudades, Universidad de Concepción, Proyecto IN  y recibió el apoyo de la Federación de la Cruz Roja Internacional, quien gestionó la exposición de delegados presentes en Chile de Japón, Estados Unidos, España y un representante de Naciones Unidas.

Expusieron Federación de Cruz Roja Internacional, además de sus delegados de Japón, USA y España. También lo hizo el departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción, ACCIÓN, Asociación Chilena de Municipalidades, Naciones Unidas, RedConstruyamos, SEDEJ, BiobioProyecta, Gobierno de Sta. Fé Argentina y representante del Alcalde de Talcahuano.

Lamentable fue la nula participación de actores de Gobierno como la SEREMI de Vivienda y ONEMI región del Biobío, quienes habían confirmado su participación hasta el mismo día de la actividad.

Su objetivo central es fortalecer la participación ciudadana en el aparato público, crear un Registro Nacional de personas jurídicas y establecer Consejos de la sociedad civil en diversos niveles del Estado. Además, aspira a hacer más fácil y accesible el proceso de constitución y registro de la organizaciones. En resumen, busca ser un mecanismo para que la sociedad civil amplíe sus herramientas de participación democrática y facilite la asociatividad.

Un año antes, el 16 de febrero de 2011, la ley fue publicada en el Diario Oficial y le daba al gobierno doce meses para dictar un reglamento que permitiera operar esta ley.

El gobierno estableció reuniones con organizaciones de la sociedad civil ya bastante avanzado el 2011, cuyo objetivo principal era discutir los reglamentos. Las organizaciones entregaron meses más tarde opiniones e indicaciones a los reglamentos elaborados por el ejecutivo.

Hoy, a dos meses de entrada en vigencia de la ley con su articulado permanente, los reglamentos están sin concluir y la ley no puede ser ejercida en plenitud. Tal situación deja en un área gris a las organizaciones que han querido constituirse en los últimos meses e impide la puesta en marcha del Consejo y del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, limitando a estas últimas el acceso a recursos durante el primer semestre.

La nueva Ley le da un rol central en el proceso a los municipios. El Secretario Municipal es la puerta de entrada al sistema de inscripción y es quien recibe formularios y documentos que luego envía al Registro Civil para su inscripción en el registro nacional de personas jurídicas.

Hoy los Secretarios Municipales argumentan que no tienen los reglamentos, ni la capacitación y equipos para apoyar el proceso. Muchos no conocen los procedimientos, no saben de la existencia de la ley, no tienen difusión en sus páginas y poca voluntad de asumir otra tarea más entre las múltiples que desempeñan a diario.

El Registro Civil, por su parte, tiene funcionando el sistema de inscripción e información en su web, además de enviar un oficio a los Secretarios Municipales para explicar el sistema operativo del registro que ellos administran.

Los ministerios ya tienen constituidos sus consejos consultivos de la sociedad civil, de acuerdo al sitio web del gobierno

Las municipalidades deben hacer lo mismo con los Consejos Comunales de la Sociedad Civil y aquí la gran mayoría esta al debe, tanto por el procedimiento realizado en algunos municipios para constituirlo, como por la inexistencia de estos a dos meses del funcionamiento de la ley. Hubo un año para preparar todo y sin embargo las instituciones no funcionaron.

 ¿En qué están los reglamentos hoy día?

El reglamento que regula la Constitución y Registro de Personas Jurídica aún no tiene la firma del ministro de Justicia y le faltan varias firmas más, incluida Contraloría que puede detener proceso más de lo esperado.

El Reglamento del Consejo que administra y del Fondo de fortalecimiento aún no lo firma el Presidente. El de Federaciones y Confederaciones está en proceso de consulta pública, recién. A todos les falta la toma de razón de Contraloría.

Ante la ausencia de difusión a la ciudadanía, el gobierno argumenta que ha capacitado durante 2011 a Secretarios Municipales a través de la Subdere y que le ha entregado información a los funcionarios públicos vía oficios. Con la única excepción del Registro Civil, no hay ni una sola página web del Gobierno que difunda, explique y reciba preguntas sobre la nueva ley.

Esta carencia de información no parece casual, el desinterés manifiesto por parte de la coalición gobernante hacia la sociedad civil y las expresiones de participación y democratización del estado ha quedado en evidencia en este episodio y en otros en los que se desdeña el rol de la ciudadanía organizada.

Para ACCIÓN esta Ley no refleja el espíritu con el que se empezó a discutir y no cumple con las expectativas de la sociedad civil organizada para potenciar espacios reales de participación e incidencia política. No está a la altura de las necesidades de nuestro país en materia de democracia y desarrollo.

En las últimas tres décadas las ONG chilenas se han desarrollado y han subsistido en un ambiente económico, social, político y jurídico que no ha favorecido su desarrollo. Nuestras organizaciones han estado sometidas a importantes riesgos y constricciones que dificultan y/o impiden su estabilidad, su visibilidad pública, su proyección y su autonomía respecto de los agentes empresariales y del Estado. Los avances institucionales en esta materia han sido discontinuos, ambivalentes y del todo insuficientes.

La sociedad civil chilena requiere que nuestro país implemente mecanismos públicos de financiamiento que garanticen su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional. Para ello es vital trascender las precarias lógicas actuales, ligadas a la postulación a fondos concursables para proyectos de corto plazo, ámbito en el que muchas organizaciones ciudadanas han debido desenvolverse desde hace varias décadas.

Se requiere un bloque de reformas contundentes y voluntad política que reconozcan que una ciudadanía fuerte, autónoma y crítica es clave para el fortalecimiento de nuestra democracia.