El encuentro, el primero organizado por la diversidad sexual en el Congreso Nacional, contará con la exposición de diversos sectores discriminados, no sólo de minorías sexuales, así como con la presencia de parlamentarios a los cuales al final de la jornada se les entregará un serie de propuestas para mejorar la ley contra la discriminación.

                “Queremos en el seminario especialmente recalcar que la ley contra la discriminación beneficia a todos los sectores excluidos, y no sólo a las minorías sexuales, como mal lo quieren hacer creer los grupos opositores a este norma”, redondeó el Movilh.

Seminario:  “Construyendo legislación:  Sociedad Civil y Parlamento por la igualdad y la no discriminación”

Cuándo? Miércoles 18 de enero. 10:00 horas.  Salón Eyzaguirre del Senado, Congreso Nacional Valparaíso.

Organiza: Movilh /www.movilh.cl/ @movilh/ facebook/movilh.chile

Convocan y participan: Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (Afaps),  Agrupación de Mormones Afirmación-Chile, Asociación Chilena de Ong´s, Acción,  AmnistíaInternacional, Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana (Apila),  Asociación Judía Anajnu, Católicas por el Derecho a Decidir,  Centro Ecuménico Diego de Medellín  Círculo de Políticas Participativas,  Federación Chilena de la Diversidad Sexual,  Fundación Ideas, Genera Ideas y Acciones Colectivas, Mapuche Times.

 Una de las primeras acciones del Comando será entablar una demanda encontra las AFP y el Estado de Chile. La demanda contra las AFP se hará ante el mal manejo y administración de los Fondos de Pensiones los que han derivado en cuantiosas pérdidas a los ahorros de los cotizantes, ejemplo de ello es lo que ocurrió en la crisis del 2008, donde se perdieron más de 37.500 millones de dólares y lo ocurrido en 2011 en el que la mayoría de los fondos tuvieron rentabilidades negativas. La demanda se hará además por el accionar negligente de los administradores de las AFP en el caso La Polar, hecho que ha significado un detrimento en los ahorros previsionales de millones de cotizantes.

Este Comando pretende demandar al Estado de Chile frente a organismos internacionales como la OIT, la CIDH y la OCDE para que se respeten los derechos de los trabajadores y hacer efectivos los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile.

 Un nuevo sistema de pensiones

El Comando considera necesaria la creación de un instrumento que garantice la rentabilidad de nuestros fondos, para ello es fundamental que el Estado cree un sistema de seguridad social no basado en el lucro, si no asentado en un pilar solidario, de acuerdo a las recomendaciones que ha realizado la OIT.

 En su declaración pública el Comando rechaza categóricamente lo expresado por la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y el presidente de la asociación de las AFPs, Guillermo Arthur, en cuanto a la propuesta de aumentar la cotización actual de un 10 a un 13% y subir la edad de jubilación. “Dichas autoridades se olvidan que en nuestro país la cotización previsional es financiada en un 100% por los trabajadores violando de esta forma los convenios 102 y 128 de la OIT, que estipulan que las cotizaciones de cargo de los asalariados no deberán exceder del 50% del total de los recursos”, plantea el comunicado del Comando emitido a fines de diciembre.

 Los miembros de la organización consideran inaceptable que estas empresas sigan cobrando comisiones por administrar nuestros fondos, cuando las rentabilidades son negativas, sin ir más lejos, un hecho sospechoso, es que quienes administran las AFPs no hayan registrado perdidas significativas, si no solo han dejado de ganar en algunos momentos.

Los daños, causados a los dineros de los fondos de pensiones de los trabajadores, son una proyección aún no dimensionada, ni conocida. Por tanto, exigimos que esta información se transparente, indicando públicamente a los responsables individuales y de las empresas que generaron estas pérdidas.

 El Comando solicitará a Cenda un estudio para proyectar un nuevo sistema de seguridad social el que será discutido y analizado por los integrantes del comando con el objetivo de proponer, a la ciudadanía y el parlamento, desde el mundo de los trabajadores y las organizaciones sociales, un sistema que garantice pensiones dignas.

]]> http://www.accionag.cl/archives/5910/feed 0 http://www.accionag.cl/archives/5907 http://www.accionag.cl/archives/5907#comments Mon, 16 Jan 2012 17:16:18 +0000 accionag http://www.accionag.cl/?p=5907 La apuesta del equipo de trabajo es que la discusión de este proyecto y el texto final se ajuste plenamente a la normativa internacional de derechos humanos. Según Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile. “La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto de la “Ley Antitomas” en su actual redacción podría dar pie a sanciones criminales que quedarían amparadas por esta ley pese a ser contrario a los derechos humanos”.

Es de particular preocupación de las organizaciones de la sociedad civil la modificación al artículo 269 del Código Penal, donde el concepto de “desorden” no se define claramente y algunas de las conductas punibles que se enumeran en esta norma podrían tener una aplicación muy amplia. “La falta de claridad de dicha conducta puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación, lo que en vez de hacernos avanzar como país nos hace retroceder en el tiempo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales”, menciona Ana Piquer.

El primer reglamento fue presentado por los abogados de la Segegob y es el que “regula el catastro de organizaciones de interés público, el consejo nacional que lo administra y los consejos regionales, y el funcionamiento del fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, creado por la ley 20.500”.

Los representantes del ejecutivo plantearon que habían recogido cerca de 17 indicaciones presentadas en reuniones anteriores por la sociedad civil y que habían rechazado otras tantas por no ajustarse a la ley o entrar en contradicción con dictámenes de Contraloría u otras leyes de rango constitucional.

El ejecutivo planteó además que enviarían a las Seremis este mismo reglamento para que sea discutido en regiones y una vez evaluada la pertinencia de esas indicaciones considerarían la posibilidad de integrarlas al Reglamento. El gobierno informó durante la reunión que los primeros días de marzo y en conjunto con la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades realizarían una capacitación a los funcionarios públicos sobre los alcances y el rol de los mismos en la nueva legislación.

Uno de los puntos más controvertidos del Reglamento corresponde a una disposición transitoria que establece que: “ La primera elección de los miembros del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales, se llevará a cabo considerando solamente la participación de las organizaciones de interés público por el sólo ministerio de la ley” En concreto esta disposición transitoria impediría que Corporaciones o Fundaciones (entre ellas las ONG’s) participaran de estos Consejos, pues a la fecha de su constitución no estará operativo el Catastro de Organizaciones de Interés Público.

Las organizaciones presentes manifestaron su rechazo a esta disposición transitoria alegando que se hace impresentable política y jurídicamente que las principales organizaciones de la sociedad civil queden excluidas del Consejo durante los dos primeros años de su funcionamiento.

Se manifestó en la reunión que de no acogerse el planteamiento de las organizaciones presentes se presentará un requerimiento ante la Contraloría.

Los representantes del gobierno manifestaron su disposición a evaluar la propuesta de la sociedad civil y que consultarían con Contraloría la pertinencia de la solicitud, sin embargo para ello tienen un plazo acotado ya que el 16 de febrero de 2012 debiera estar operando el Consejo del Fondo.

Registro Nacional de Personas Jurídicas

El segundo reglamento presentado por abogados del Ministerio del Interior se refiere al “Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro”.

Los abogados del Ministerio de Justicia plantearon que en el reglamento no se recoge la idea del rol o número único para mantener el registro, tal como habían sugerido algunas organizaciones, por las dificultades que implica poner a dialogar al Registro Civil con otras instituciones del estado y porque Contraloría podría rechazar la idea.

Los representantes de la sociedad civil plantearon la posibilidad de que el Registro Nacional considere nuevos datos como la región, comuna y el tipo de organización con el objeto de afinar las políticas públicas relacionadas al fomento de la participación.

En la reunión se solicitó a los representantes del Ministerio de Justicia que suban la propuesta de reglamento a la web y recojan a través de esa vía la opiniones de la ciudadanía.

Los 6 encuestadores que están en terreno han manifestado que las principales inquietudes están en la frustración y expectativas de los habitantes de los campamentos ante la falta de respuesta y de diálogo por parte de las autoridades.Uno de los encuestadores manifestó que son evidentes “las enormes ganas de transmitir la experiencia post terremoto que vivieron sus habitantes. La encuesta se extiende en la medida que los afectados hacen de cada pregunta una historia, un reclamo o un recuerdo”. Según precisan algunos de los encuestadores en terreno “en términos generales los habitantes manifiestan estar acostumbrados a esta nueva forma de vida y esperanzados en que pronto tendrán una solución definitiva, aunque no confían en los plazos que les han entregado las autoridades”.

Otra dificultad para realizar el proceso de encuestaje ha sido el sorpresivo dinamismo de las aldeas en los últimos meses o semanas. “Partimos con un número específico de familias por aldeas-campamentos de acuerdo a los antecedentes entregados por el gobierno regional, sin embargo nos hemos encontrado conque muchas de ellas se les está ofreciendo un subsidio de arriendo de $110.000 lo que ha provocado que algunas aldeas hayan modificado su número de familias o su distribución territorial”, explica el coordinador de Sedej, Rodrigo Zanzana.

Los resultados de la encuesta que busca evaluar el trabajo de las autoridades y los grados de participación de la comunidad en el proceso de reconstrucción se harán públicos el 27 de febrero cuando se cumplan dos años desde el terremoto de 2010.

Paralelamente al trabajo que se está haciendo en el Bío-Bío, el equipo de Sur Maule junto la Universidad Católica del Maule, también realizan un catastro a ciudadanos afectados por el terremoto en la comuna de Talca.

Es de particular preocupación la modificación al artículo 269 del Código Penal, donde el concepto de “desorden” no se define claramente y algunas de las conductas punibles que se enumeran en esta norma podrían tener una aplicación muy amplia. “La falta de claridad de dicha conducta puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación, lo que en vez de hacernos avanzar como país nos hace retroceder en el tiempo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales”, menciona Ana Piquer.

Amnistía Internacional reconoce que las fuerzas del Estado tienen la obligación de resguardar el orden público. Sin embargo, deben hacerlo cumpliendo, en todo momento, las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a manifestarse solamente puede verse limitado para velar por la protección de la seguridad nacional, el orden público o para la protección de los derechos y libertades de terceros.

Por ello, con respecto a la aprobación de la “Ley Antitomas”, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que aseguren que la redacción de la ley y de la tipificación de los delitos sea clara, específica y se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos para evitar posibles arbitrariedades en su interpretación y aplicación. Asimismo, para que aseguren el pleno respeto al derecho a la libertad de expresión, asamblea y asociación

La 3a Escuela de Verano de la ONG Paicabí se desarrollará el 24, 25 y 26 de enero de 2012 en Viña del Mar y, como en años anteriores, está estructurada en tres modalidades: un seminario principal, que en esta oportunidad será impartido por la reconocida psicóloga y psiquiatra infantil argentina Irene Intebi; conferencias y paneles de expertos sobre diversos temas asociados a infancia y derechos; y una serie de talleres especializados que pretenden entregar herramientas teórico-prácticas a los asistentes.

Hasta el 19 de enero se amplió el plazo para confirmar la inscripción en la Escuela de Verano y toda la información se puede encontrar en el sitio web de la ONG Paicabí: www.paicabi.cl , o a través del correo electrónico: escuelapaicabi@gmail.com .

Hija de Víctor Díaz, detenido desaparecido, Viviana Díaz es uno de los rostros más emblemáticos en la defensa de los derechos humanos. Su dedicación a la incansable búsqueda de la verdad, la justicia y reparación de la víctimas de las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 dan cuenta, para el INDH, de su compromiso para que nunca más en Chile vuelvan a repetirse los hechos que durante años han denunciado y reclamado las organizaciones de familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Lorena Fries, Directora del Instituto, enfatizó que: “Es un honor para el Consejo del Instituto otorgar este primer Premio Nacional de los Derechos Humanos a una mujer que se ha destacado por su lucha incansable por instaurar una cultura de respeto de los derechos humanos en Chile que junto con evidenciar un duro pasado se proyecte hacia el futuro en el respeto y garantía de todos los derechos humanos”.

Fries, a nombre del Consejo del Instituto, jurado de dicho premio, señaló también que: “Viviana Díaz, fue postulada por un amplio espectro de personas y organizaciones de derechos humanos lo que también se vio reflejado en la votación unánime de los miembros/a del jurado. Hoy nos sentimos orgullosos de poder realzar en el país el trabajo que se viene haciendo por la dignidad de las personas, a través de Viviana Díaz” señaló la Directora del INDH.

Premio Nacional de Derechos Humanos

En su misión de promover la plena vigencia de los derechos humanos de las personas en Chile, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le corresponde entregar el Premio Nacional de los Derechos humanos, a quien/quienes se hayan destacado en la promoción de una memoria histórica sana, y en la protección y defensa de los derechos humanos de quienes habitan en el territorio de Chile.

Según los dirigentes el gobierno busca enviar a los vecinos de las cerca de 400 mediaguas de Villa Futuro a sus respectivos departamentos desmantelados cambiando la figura como entrega en “comodato” de departamentos sin luz ni agua. Comentaron que de estas 400 familias, 130 firmaron el acuerdo extrajudicial, para la compra de terrenos y construcción del proyecto “Los Lirios”. Sin embargo aducen que el proyecto se cayó por un quiebre en el acuerdo y hoy no se puede realizar por incumplimiento al contrato de compra.

Los dirigentes reunidos en la asamblea manifestaron que el gobierno pretende echar a la calle a los arrendatarios y allegados de la Villa Futuro con la fuerza pública. Según comentaron el gobierno está impulsando una “nueva forma de maquillar la reconstrucción”. Uno de los puntos más complejos es que el gobierno, quién está a cargo de los departamentos siniestrados, pretende arrendarlos en 110.000 mil pesos a los damnificados. Lo extraño, dicen, es que los vecinos de Villa Futuro que son dueños de esos departamentos no verán ese dinero porque se hará un traspaso directo de dineros desde el Serviu a la Gobernación.

Otro de los problemas es que muchas personas recibieron 10 millones de pesos en un cheque abierto y al día los que fueron cobrados por algunas familias dada su extrema necesidad y hoy no cuentan con recursos para financiar una futura vivienda .

Estas reuniones seguirán realizándose durante todos los sábado de Enero en distintas localidades de la región del Bío-Bío.

Alfonso Alvear dirigente de la Caleta el Morro de Talcahuano plantea que “hay sectores en los que  parece que no hubiera pasado nada. Acá todo está en el papel, promesas, compromisos, reuniones, pero en los hechos no hay casi nada” El dirigente asegura que la información han recibido por parte de las autoridades ha sido muy poca “ Un día dicen una cosa y luego dicen otra, que nos van a expropiar, que luego no, que no se pueden quedar aquí y luego que van a construir barreras para protegernos de futuro tsunamis, ya no sabemos a quién creerle”.

Cecilia Muñoz, Presidenta de la Unión Comunal de juntas de vecinos de Talcahuano, asegura que el gran problema de la zona es que las autoridades distribuyen la ayuda “según el color político, la intendenta priorizó a los que eran de su color político y el resto nos quedamos mirando de brazos cruzados”. Muñoz crítica la denominación de aldeas que quiso instalar el gobierno “estos son campamentos no más, la gente está en condiciones miserables, hay falta de agua, cesantía, el acceso a los consultorios es difícil, en las casas que son de 18 metros cuadrados viven hasta 3 familias”

Mario Vega, del Frente Amplio Unitario de la red Construyamos, agrega que “estas reuniones son útiles porque permiten articularnos y establecer coordinaciones. Si estamos en silencio el gobierno no nos ve. Ellos busca generar desunión y temor, nos amenazan de que no hay casas para todos y que tenemos que portarnos bien”.