Si bien todos sabemos que los incendios forestales en su mayoría son provocados por seres humanos, y ésta no es la excepción, también sabemos que se pueden prevenir y/o combatir en forma rápida si se cuenta con el equipamiento adecuado, pero nada de eso ha sucedido en el Paine. De poco sirven ahora las recriminaciones por la lentitud de la respuesta del gobierno o las excusas y explicaciones sobre las dificultades de acceso, las condiciones climáticas u otras, pues ya van más de 13.000 ha quemadas y aún el incendio no se puede controlar del todo.

Por ello y paralelamente a que se encuentran trabajando en terreno los equipos que combaten el incendio, es necesario recabar información que nos permita dimensionar la precariedad en la que trabajan los Guardaparques y el personal de combate de incendios. Por ejemplo, saber cuántos guardaparques trabajan en forma permanente en Torres del Paine, con qué tipo de equipamiento cuentan, particularmente cuáles son sus medios de comunicación -radio, teléfono celular satelital u otro-, con qué medios cuentan para desplazarse dentro del parque. También es importante saber si existe un sistema de prevención o de alerta temprana para incendios, o si hay equipos y personas capacitadas para el combate de incendios permanentemente apostados en el parque. Pero esto no es todo, también es necesario hacer una revisión y análisis del presupuesto que se ha destinado en los últimos años al cuerpo de guardaparques y al personal encargado del combate de incendios, pues todo parece indicar que mientas las cifras indican que los visitantes aumentan en las áreas protegidas, el presupuesto destinado a su protección ha disminuido.

Pero lejos de estas preocupaciones, hoy vemos a las autoridades, incluidos ministros y parlamentarios, emitir declaraciones en las que se expresa su preocupación por las pérdidas que este incendio provocará a los empresarios turísticos, e incluso cuestionar el sistema de administración pública de las áreas protegidas. La preocupación principal que se ha manifestado es cuándo se podrá reabrir el parque para recibir turistas o si es necesario entregar la administración de éste a privados. Estas mismas autoridades no han dicho nada sobre cuánta es la contribución que hacen estos empresarios turísticos al Estado de Chile, especialmente los que tienen concesiones dentro del parque. No debemos olvidar que las área protegidas son parte del patrimonio natural de Chile, que nos pertenecen a todos y que es deber de las autoridades cautelar este bien común. Lo peor que pueden hacer las autoridades es eludir su responsabilidad respecto de la precariedad en que se encuentran las áreas protegidas de Chile, y tratar de buscar soluciones privadas para problemas públicos, pues lo chilenos ya sabemos que eso no funciona.

Por el momento, sólo nos queda esperar que cuanto antes se pueda controlar el incendio y que podamos, con información y cifras en mano, discutir cual debe ser una adecuada política de prevención y control de incendios en áreas protegidas; hoy las declaraciones sobran, lo que falta es una política pública que cuente con un financiamiento adecuado.

La Mesa Intersectorial para el Monitoreo de la Reconstrucción, impulsada por la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN,surge para abrir un espacio al diálogo entre el mundo local, parlamentario, académico y de la sociedad civil, y la constatación de que el tema de la reconstrucción ha perdido visibilidad en el debate público.

Las organizaciones proponen la creación de un sistema de información en línea sobre proyectos asociados a cada programa vinculado a la reconstrucción el que debería quedar establecido en un protocolo o glosa asociado a la Ley de presupuesto y con medidas que garanticen su carácter de vinculante. También sugieren establecer glosas específicas para el seguimiento de nuevos subsidios de reconstrucción que considere indicadores concretos y propuestas para un protocolo de acuerdo en debate presupuestario en materia urbano-habitacional para la reconstrucción.

Estas propuestas, presentadas en el marco de la discusión del presupuesto 2012, pretenden subsanar esa carencia de información y transformarse en una herramienta útil para que la ciudadanía y sus organizaciones puedan acceder a información clara, sistemática y oficial.

Propuestas

Medida 1

Institucionalidad de largo plazo para la reconstrucción y respuesta a desastres: Creación por Ley de la Agencia Nacional para la Recuperación frente a Desastres, localizada dentro de la orgánica del Ministerio del Interior, con asignación presupuestaria autónoma y capacidad de postular proyectos en otras reparticiones del Estado que entregan recursos.

Medida 2

Programa Asesoría Ciudadana en Instituto Nacional de Derechos Humanos Asignación directa, para cuatro años, destinado a la creación de un programa autónomo de asesoría legal y jurídica en materia de la reconstrucción, a ejecutarse dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos durante los próximos 4 años.

Medida 3

Creación de un fondo social de suelos urbanos: Destinar un fondo de recursos para el catastro, y luego transferencia o compra de suelos urbanos. Éstos provendrán de transferencias de terrenos de distintas entidades del Estado a SERVIUs y municipios, y de expropiación de terrenos de privados.

Medida 4

Impulso a la autoconstrucción asistida

• Aseguramiento de fondos y para generación, en 6 meses, de norma sísmica para autoconstrucción asistida, que deberá estar rigiendo a más tardar en octubre de 2012, incluyendo programa de refuerzo de capacidades en gobiernos regionales y municipales para implementación de la norma en Direcciones de Obra y asistencia a afectados que postulen en un llamado abierto de plazo definido.
• Apertura de vía administrativa regular de entrega directa de subsidios para autoconstrucción, tanto en localidades urbanas como rurales.
• Fondo y reglamento para implementación de proyectos piloto de bancos de materiales, según llamado a concurso público para licitación a consorcios de proveedores: ONG y/o gobiernos locales, contra fijación de precios, y según términos de referencia que incluyan reglamento de préstamos, formas de cobro, apoyo y especificaciones técnicas.

Medida 5

Fortalecimiento de la capacidad de gestión urbana municipal: Modificación del marco legal para la autorización a los Municipios y agrupaciones de éstos, a la creación de Corporaciones de Desarrollo Urbano, de derecho público, con facultades para participar de giros que propendan a las actividades de reconstrucción, de generar contratos de escala territorial y de regeneración de centros urbanos y localidades rurales, asegurando una participación real de los distintos actores ciudadanos a escala local. Incluir posibilidad de creación de corporaciones inter-municipales.

Medida 6

Sistema de seguimiento de procesos de entrega de viviendas subsidiadas y proyectos de infraestructura: Creación, como apoyo al acceso a información mediante Ley de Transparencia (obligación de incorporar a transparencia activa), de un sistema en línea que integre información de SERVIU, conservadores de bienes raíces, y Dirección de Obras Municipales. El objetivo es que la ciudadanía pueda acceder directamente al estado de avance de su proyecto, y los momentos en que han ocurrido los principales hitos administrativos de cada instancia, junto con los responsables directos de todas las etapas.

Estuvieron presentes el Vicepresidente del senado, Juan Pablo Letelier, el presidente de la comisión de vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades, David Morales, el dirigente del Movimiento Ciudadano de la Asamblea de Dichato, Ricardo Ruz y diversas organizaciones de la sociedad civil.

En la oportunidad se entregaron informes preliminares en los ámbitos de empleo, habitabilidad y comunicaciones.

Mesa intersectorial

En la ocasión se constituyó una mesa intersectorial para el “monitoreo a la reconstrucción” cuyo primer desafío será incidir en la discusión de la ley de presupuesto 2012.

Se trata de poner en relación a los distintos actores que están trabajando en la reconstrucción, validar las instancias de organización de la ciudadanía y posibilitar estrategias conjuntas de incidencia política. La participación ciudadana en el proceso de reconstrucción es uno de los grandes temas pendientes y será el eje central que movilice a esta instancia.

A corto plazo, se generará una estrategia para incidir en la discusión de la Ley de presupuesto que comenzará a discutirse en las próximas semanas y coordinar acciones conjuntas en las zonas afectadas. “Lo importante es involucrar a los actores del territorio en la toma de decisiones”, señaló el alcalde David Morales.

Según el alcalde Morales “La nominación de un delegado oficial es insuficiente” y asegura que los partidos políticos y parlamentarios están en deuda con la reconstrucción.

Morales concluyó su presentación asegurando que “el próximo conflicto social fuerte va a ser en el tema de la vivienda. Van a salir a la calle miles de allegados”.

El dirigente del Movimiento Ciudadano de la Asamblea de Dichato, Ricardo Ruz, denunció que “los recursos del Estado no están llegando. Las platas para la reconstrucción no se ven. El problema no es sólo del campamento, sino de Dichato. Hay gente que ha bajado de los campamentos a instalarse en otros sitios y ahora viven en peores condiciones”.

Los participantes de esta Mesa de trabajo coincidieron en que la reconstrucción no es una prioridad del gobierno y que debe haber una mirada integral del proceso hacia el desarrollo territorial, la calidad de vida de las personas afectadas y la participación de las organizaciones locales en la toma de decisiones.

El representante de Reconstruye, Marcelo Pérez, señaló la falta de mecanismos concretos y presentó un borrador de propuesta que harán llegar al gobierno y que contempla, entre otras, crear una agencia de defensa de los damnificados que garantice sus derechos y que los acuerdos que se tomen en materia de reconstrucción contemplen compromisos presupuestarios.

Lea documento resumen

Han pedido:

DAR SEÑALES CONCRETAS DE VOLUNTAD POLÍTICA. Postergando el plazo estipulado para la reasignación de becas y créditos, además de la recalendarización del año escolar.

Y que se suspenda la tramitación de proyectos de ley relacionados con los créditos en educación superior, ingresados por el ejecutivo para que no existan dobles agendas.

VALIDAR EL DIÁLOGO COMO HECHO POLÍTICO. Desarrollándolo con transparencia, comprendiendo el alcance social del movimiento, de modo que la ciudadanía conozca en detalle las posturas de los distintos actores y los resultados vinculantes que emanen de las discusiones.

REGULAR EL LUCRO. Un tema fundamental referido a no abrir los recursos de todos los chilenos a aquellas instituciones que lucran infringiendo la normativa vigente, sin que antes estén las condiciones regulatorias pertinentes y así garantizar su correcto uso.

los lideres estudiantiles han señalado que con estos requerimientos señalando que con estos Requerimientos podrá comenzar un trabajo fructífero, que se inicie con la definición de temáticas a trabajar para acuerdos que signifiquen avances para obtener resultados concretos. Reiterando que el objetivo del movimiento es alcanzar una educación pública, gratuita de calidad, inclusiva, democrática y sin lucro.

Hay que tener en cuenta que en todo diálogo corresponde a quien tiene más poder generar las condiciones para que los resultados sean posibles. No se trata de renunciar a la conflictividad, ni comprometerse a priori a dar cumplimiento a las aspiraciones de los antagonistas. En este caso la pregunta es si el gobierno puede seguir obviando la opinión de las mayorías, que hablaron vía encuesta y señalaron que quien ha resultado más deslegitimado en el choque con los estudiantes ha sido el ejecutivo.

Al gobierno le conviene pensar bien como mover las piezas. Ni siquiera con un drama de profundo impacto mediático como el accidente de Juan Fernández pudo cambiar el estado de las cosas. Tampoco la polarización anticomunista ha funcionado mucho. Ni siquiera el desbalance en el poder de los medios ha conseguido neutralizar la dinámica del conflicto. Así que es mejor poner paños fríos y aceptar que el tiempo no retrocede, que las varias izquierdas que representan los dirigentes no son las mismas de 40 años atrás.

Los estudiantes han establecido mínimos para sentarse a negociar. Se trata de condiciones bastante realistas, que buscan establecer a través del diálogo un camino de instalación política de los movimientos sociales como actores políticos, que trascienden lo puramente sectorial.

Y por más desgastado que crea el gobierno que está el movimiento , por más complejo que sea perder el año para muchos estudiantes, el conflicto de intereses está planteado. Y es claro quiénes son los que tienen más que perder porque la derecha no puede deslegitimarse más, ni en esta ni ninguna otra agenda.

La última palabra la tiene el presidente y Piñera buscara consensos al interior de su alianza que no le signifiquen grandes desgastes y costos internos. Pero no es menos cierto que las señales que envíe marcaran el pulso de lo que le queda de mandato.

- El fallo del Consejo de la Transparencia, dictado en junio, que acoge el reclamo de María Elena Rozas y la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, y obliga al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a publicar la ubicación exacta y propietario de todos los cultivos transgénicos en el país. Pese a que la información no ha sido completamente entregada, debido a reclamaciones de las empresas semilleras, sienta un importante precedente en materia de acceso a la información.

- El fallo unánime de la Corte Suprema emitido el 15 de noviembre de 2010 que declaró como ilegal el cambio efectuado por el renunciado Seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, en la calificación del proyecto Termoeléctrico Castilla de “contaminante” a sólo “molesto”, lo permitiría su eventual construcción.

-En el discurso con el que dio por instaurada la nueva institucionalidad ambiental, al comenzar a operar el Ministerio del ramo, el Presidente Sebastián Piñera anunció que la creación de tres áreas protegidas en el país. La más grande de ellas es el Parque Marino de la isla Salas y Gómez, que se concretó sólo unos días después mediante el decreto Nº 235 del Ministerio de Economía, con el nombre de Motu Motiro Hiva y una superficie de 150.000 km2, incluyendo la isla con sus playas, rocas, biota acuática y fondos de mar. A este se unen Cerro San Lorenzo, ubicado en la Región de Aysén, al sureste de Campos de Hielo Norte, y los Géiseres del Tatio, ubicados a 95 kilómetros de San Pedro de Atacama y a una altura de 4.200 metros, que quedará protegido tras la fuerte polémica desatada el año pasado por el accidente provocado en el marco de exploraciones geotérmicas.

- La no realización del proyecto termoeléctrico Barrancones, aún considerando lo negativo de la intervención presidencial, pensamos que finalmente se cumplió el objetivo de impedir la instalación de la termoeléctrica Barrancones en las cercanías de Punta de Choros.

- La consolidación del futuro Parque Nacional Alerce Costero, iniciativa liderada desde hace varios años por The Natural Conservancy (TNC), que donará para este fin 9.500 hectáreas de la Reserva Valdivia (ex fundo Chaihuin-Venecia), al que se sumarán la Reserva Nacional Valdivia, el Monumento Natural Alerce Costero, y el predio fiscal Quitaluto, con lo que se completarán 25 mil hectáreas dedicadas a la conservación en la zona costera de la región de Los Ríos.

- El Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales en contra de las Termoeléctricas a Carbón realizado en la ciudad de Iquique, los días 26, 27 y 28 de agosto, organizado por el Comité en Defensa del Medio Ambiente de Caleta Chanavayita y el Comité de Defensa de la Madre Tierra – Tarapacá, el cual reunió a representantes de ONG´s y de organizaciones sociales desde la I a la VIII región, para discutir sobre el futuro energético del país y la necesidad de desarrollar una estrategia que permita a Chile contar con una política energética de largo plazo tendiente a disminuir sus emisiones globales y locales.

En tanto, entre lo peor del año destaca:

- El megaterremoto y tsunami del 27 de febrero; desde el punto de vista ambiental, el hecho más grave lo constituye la evidente y total ausencia de un catastro con información relevante e independiente respecto a las consecuencias ambientales de la catástrofe, tanto en relación a posibles daños como a contaminación de todo tipo. La facultad fiscalizadora del Estado ha sido prácticamente nula, y han sido las propias empresas las que han informado acerca de sus dificultades post-terremoto, y de las acciones emprendidas para reanudar sus funciones. Este caso dejó en evidencia, una vez más, que el medio ambiente es el pariente pobre en la administración del Estado, lejos del centro de atención de las preocupaciones del gobierno de turno.

- La extremadamente lenta implementación de la nueva institucionalidad ambiental y el desconocimiento absoluto del cronograma del Gobierno que garantice la operatividad de la Ley 20.417 que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente.

- La intervención directa y fuera del marco institucional del presidente de la República para solicitar a la empresa Suez Energy la relocalización de su central termoeléctrica Barrancones, pese a que el proyecto había recibido la autorización ambiental por parte de la Corema de Coquimbo apenas 48 horas antes para instalarse en el sector de Punta de Choros -un sitio de alto valor de conservación-. Con ello, Piñera puso un halo de incertidumbre en la recién reformada institucionalidad ambiental, desacreditó las competencias técnicas de los evaluadores y abrió un espacio a intervenciones futuras.

- A pocos meses de asumir la Presidencia, Sebastián Piñera anunció en Arica la desafectación de “algunas hectáreas” del Parque Nacional Lauca para dar paso a la explotación minera. La propuesta contempla desafectar 40.000 de las 137.000 hectáreas del Parque, que junto al Monumento Natural Salar de Surire y la Reserva Nacional Las Vicuñas conforman una Reserva de la Biósfera, un ecosistema de alto valor y gran fragilidad, ahora amenazado por proyectos de extracción minera de dos empresas transnacionales (Anglo American y Rio Tinto) y, lo que es más grave, la estatal Codelco.

- La campaña comunicacional de Hidroaysén que a través de spots televisivos, radiales, paletas publicitarias, entrega información errada a la ciudadanía sobre el tema energético en nuestro país, con el único afán de conseguir su apoyo a las megacentrales que se proyectan en Aysén. Es necesario tener en consideración que este proyecto genera un fuerte rechazo en la población.

- La resolución del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de no interponer acciones judiciales por daño medioambiental en los géiseres de El Tatio. Según la Unidad Medioambiental del organismo no existen méritos que permitan emprender acciones contra la empresa por la irrupción de un “géiser artificial” de 60 metros de altura, que se mantuvo activo durante 27 días, según las autoridades, no se habría comprobado daño ambiental en términos de la Ley ambiental 19.300.

- La decisión -por 15 votos a favor 3 en contra- de la Corema de Atacama para suspender el proceso de calificación ambiental de la Central Termoeléctrica Castilla, cuando lo que correspondía era someterlo a votación teniendo en consideración el pronunciamiento de la Corte Suprema, quien desacreditó el cambio efectuado por la Seremi de Salud al proyecto desde “contaminante” a sólo “molesto”, situación que obligaba al rechazo del proyecto.

- La aprobación del proyecto termoeléctrico Campiche en febrero de este año, gracias a la modificación a la normativa realizada por el Ministerio de Vivienda a fines de 2009, lo que permitió el desarrollo industrial en la zona donde se ubicará la central.

Premio al Ambientalista Destacado y al Aporte Medioambiental:

Este balance ambiental también hace una simbólica entrega de premios en la categoría ambientalista destacado y al aporte medioambiental, en esta primera distinción se premio a Godofredo Stutzin, abogado que falleció el pasado febrero a la edad de 93 años, por su larga trayectoria ambiental en Chile, por ser uno de los precursores de la legislación ambiental Chilena, fundador del Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), la ONG ambiental más antigua del país, y por dedicar su vida a relevar la importancia del medio ambiente, con especial énfasis en la protección de los animales,

El premio al aporte medioambiental en tanto, recayó en Rosa Rojas, Jan Van Dijk y al resto del equipo de MODEMA por su lucha para evitar la instalación de tres termoeléctricas a carbón en las cercanías de Punta de Choros y próximo a la reserva nacional Pingüino de Humboldt. Los resultados de su esfuerzo significaron la caída de los proyectos Barrancones y Farellones, queda pendiente la termoeléctrica Cruz Grande que sigue en proceso de evaluación ambiental.

En sus 19 carillas este balance ambiental, elaborado por Fundación Terram, también destaca el aporte a la Contaminación y Desarrollo Insustentable que este año recayó en:

- la Minera Los Pelambres perteneciente a la familia Luksic, por su ya permanente mal desempeño ambiental y por su nula voluntad de dialogar con un grupo de pobladores que, en representación de las comunidades de Caimanes y del Valle del Pupío, sostuvieron una huelga de hambre por 81 días demandando en cierre del Tranque de relaves El Mauro, el más grande de América Latina, por la amenaza que significa para la zona, de vocación eminentemente agrícola, sumado a la escasez de agua que registran en los últimos años, así como la amenaza constante de contaminación por desborde del tranque.

- la empresa minera Anglo American, uno de las grandes transnacionales del rubro, que se acogió al Decreto 654 del Ministerio de Agricultura, para solicitar y obtener autorización para cortar más de 400 Bellotos del Norte (Beilschmiedia miersii), especie declarada Monumento Natural y que se encuentra en la categoría de Vulnerable,

Premio especial al “Desarrollo Insustentable”

Este balance ambiental 2010, entrega un premio Especial al Desarrollo Insustentable a Daniel Fernández, actual Vicepresidente Ejecutivo de HydroAysén. El destacado ejecutivo a liderado una agresiva campaña comunicacional, marcando su presencia y con ello las “bondades” de las represas en la Patagonia. Ha ocupado todos los medios posibles, radio, TV, prensa escrita, ya sea pagando insertos en los diarios o logrando visibles entrevistas en las cuales intenta parecer una persona culta y progresista con conocimientos en materia energética, para desplegar su campaña del terror anunciando a los chilenos que si no se aprueba el proyecto HidroAysén en 10 años estaremos a oscuras.

También obtuvo premio en esta categoría de desarrollo insustentable, el Ministro de Energía, Ricardo Raineri, quien ha defendido ante la opinión pública, una y otra vez, las formas de producción energética más invasivas y contaminantes, tales como las termoeléctricas de gran tamaño o las megahidroeléctricas de HydroAysén, e incluso ha realizado declaraciones favorables al desarrollo en Chile de la energía nuclear, pese a que se trata, en todos los casos, de propuestas preliminares o de proyectos en fase de estudio o de evaluación ambiental, sobre los que no se ha dado en el país un debate en profundidad, o falta el pronunciamiento oficial de diversas instancias administrativas.

Principales desafíos ambientales de Chile en el 2010:

En este punto se consideran aquellas iniciativas que ya han sido planteadas por la autoridad

1. Consolidar la implementación de la nueva institucionalidad ambiental del país, aprobando la ley sobre Tribunales Ambientales, y de la Ley 20.417 a través de la dictación de los reglamentos que garanticen su operatividad.

2. El envió del proyecto de Ley que creará el Servicio de Conservación de la Biodiversidad y áreas protegidas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, tal y como quedó establecido en el artículo Octavo Transitorio de la Ley que creó el nuevo Sistema Institucional Ambiental.

3. Proponer y aprobar una institucionalidad para el sector forestal, debido a que el fallo del tribunal constitucional dictaminó que CONAF no forma parte de la administración del Estado

4. Avanzar en la descentralización y en las políticas de ordenamiento territorial y zonificación del borde costero. Aquí es necesario considerar el anuncio del gobierno de la elaboración de un mapa que identifique lugares propicios para la instalación de proyectos de generación eléctrica.

5. Avanzar en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en la entrega de la segunda comunicación nacional.

6. Aprobar e/o implementar los Planes de Prevención y Descontaminación de las ciudades de Tocopilla, Rancagua, Gran Concepción, Temuco y Santiago.

7. Avanzar en materia de acceso a información ambiental y participación ciudadana.

8. Diseñar e implementar una política energética sustentable que incluya como apuesta estratégica la eficiencia energética y el plan 20/20 para las energías renovables no convencionales.

9. Como miembro pleno de la OCDE, Chile tendrá que ir adecuándose a los estándares ambientales de los países miembros de este club tan selecto.

10. Avanzar en la regulación de la leña como combustible.

11. Avanzar en la dictación de normativas ambientales, entre ellas, especialmente, la norma primaria de material particulado fino (PM2,5), la norma de emisión para las termoeléctricas y las normas de calidad secundaria de agua.

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Así lo informó hoy el abogado Silva y el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, quien calificó como “histórica esta consulta de la Corte tras declarar admisible el recurso. Además la Corte de Apelaciones ha decidido dejar en acuerdo la causa a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a si la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo contraviene la Carta Magna, que es lo sostenido por nosotros”.

Explicaron que “con esta consulta, la Corte de Apelaciones y la Justicia Chilena están dando una señal más que clara: la inconstitucionalidad de la prohibición al matrimonio homosexual sería para los jueces al menos debatible, pues en caso contrario no hubiesen determinado dejar la causa en acuerdo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Este hecho, marca un antes y un después en la lucha por el matrimonio homosexual en Chile”.

En la consulta del pasado 14 de diciembre; la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Alejandro Solís e integrada por Joaquín Billard y el abogado integrante Ángel Cruchaga, indicó al Tribunal Constitucional que dejó en acuerdo la causa.

Inconstitucionalidad de la ley

En el recurso de protección, las parejas, el Movilh y el abogado Silva señalaron que los artículos 102 del Código Civil y 80 de la Ley de Matrimonio son inconstitucionales.  Mientras el primero establece que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen”,  el segundo estipula que “el matrimonio celebrado en el extranjero” será reconocido en Chile “siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer”.

En concreto se alegó que dichas normas violentan los artículos 1 y 19 de la Constitución Política del Estado, entre otros.

En el artículo 1 de la Constitución se estipula que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y que el Estado “está el servicio de la persona humana”, teniendo por deber “dar protección a la población y la familia” en “igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
En tanto, el número 19 asegura “la igualdad ante la ley”, “la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos”, “el respeto a la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia”, “el derecho a la protección en salud”, “el derecho a la seguridad social” y “el derecho de propiedad”, entre otros.

Las parejas que presentaron el recurso de protección fueron  César Peralta y Hans Arias, padres de dos niños, luego de que ganarán la tuición de sus hijos en un fallo emitido el 2009 por el Juzgado de Familia de Puente Alto;  así como el canadiense Stephane Abran, quien contrajo matrimonio en agosto del 2006 con el chileno Jorge Monardes en Canadá, y Víctor Arce y Miguel Lillo, quienes formalizaron su unión en Mendoza el pasado 20 de agosto.

El Movilh puntualizó que “desde ahora el Tribunal Constitucional tiene una oportunidad histórica para pronunciarse a favor de la igualdad. Lo único que pedimos es que en su pronunciamiento se respete la Constitución de todos los chilenos y chilenas”.

Se eligió esta importante fecha, por dos razones significativas para la niñez y juventud: el 19 de noviembre, es el día Internacional contra el Abuso Sexual, y el 20 de noviembre se celebraron los 20 años de la Convención de Derechos del Niño. Conmemorando estos acontecimientos, a través de este evento se quiso invitar a la reflexión y discusión conjunta acerca de cómo avanzar, de manera integral y permanente, en la prevención, persecución, sanción a los explotadores y protección de las víctimas de explotación sexual comercial.

Este documento se construye a partir de un monitoreo a las políticas públicas para enfrentar la explotación sexual comercial en Chile, e incluye, además, experiencias y buenas prácticas generadas en las instituciones de la sociedad civil. Sumándose a informes de monitoreo anteriormente elaborados en Chile en relación a este tema, éste tiene como referencia los estándares fijados por dos nuevos instrumentos internacionales que vienen a sumarse a todos los que Chile ha ratificado hasta el momento en esta materia:

- Observaciones Finales a los Informes Presentados por los Estados Parte, con arreglo al Párrafo 1 del artículo 12 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía

- Declaración Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, Río de Janeiro, 2008.

A partir de ellos, se analizan los avances, deficiencias y desafíos con respecto a dichas metas, particularmente en relación a los nudos críticos identificados.

El informe fue presentado por Denisse Araya Castelli, Directora Ejecutiva de ONG Raíces, e Iria Retuerto Mendaño, Coordinadora del Área de Prevención de ONG Raíces, quienes entregaron algunas reflexiones y conclusiones centrales del documento.

Posteriormente, efectuaron sus comentarios al Informe 2009, la Sra. Angélica Marín, Jefa del Departamento de Protección y Derechos de SENAME, la Srta. Macarena Car, Abogada Asesora de la Unidad Delitos Sexuales y Violentos del Ministerio Público, en representación del Sr. Félix Inostroza, Jefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos; y la Sra. Soledad Larraín, Consultora de UNICEF.