En declaración conjunta, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y CODEPU llaman al gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), organización miembro de la FIDH en Chile, manifiestan su preocupación frente a la continuación de los actos de violencia de la policía en comunidades mapuche, principalmente en contra de niños, como lo ocurrido en la comunidad de Temucuicui el pasado 16 de octubre.
De acuerdo a las informaciones registradas por numerosos testigos, entre los que hay funcionarios públicos de la Corporación Nacional Forestal, y las informaciones recopiladas por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, el pasado día 16 de octubre, un numeroso grupo de policías – Carabineros e Investigaciones – llegó hasta el sector de la escuela de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, y por motivos aun no aclarados, empezaron a disparar balines y bombas lacrimógenas hacia la escuela, en contra de miembros de esta comunidad. El operativo dejó doce heridos con balines de perdigones, y cerca de 30 personas con asfixia, la mayoría de ellos niños. Procedieron, asimismo, a detener a dos dirigentes tradicionales. Estos denunciaron haber sido víctima de tratos vejatorios, insultos racistas y violencia desmedida.
Estos hechos se inscriben en una serie de graves abusos cometidos en contra de las comunidades Mapuche. Así, el pasado 5 de octubre, en la comunidad de Rofúe, comuna de Padre las Casas, un niño de 14 años sufrió heridas de balines y fue amenazado de muerte a bordo de un helicóptero, mientras el mismo 16 de octubre, un menor de 13 años de la comunidad José Guiñon, comuna de Ercilla, fue golpeado junto a su madre. Tal y como lo demuestra el Observatorio Ciudadano de Chile en el informe que entregó hoy a la Sra Presidenta Michelle Bachelet, estos actos son numerosos y afectan en particular la integridad física y psicológica de los niños.
La FIDH y CODEPU llaman a que estos hechos sean investigados y que sus autores sean juzgados y sancionados penalmente. Aún si en algunas ocasiones, los policías responsables de actos de violencia y malos tratos han sido objeto de sanciones administrativas, éstas no son suficientes para actos que revisten esta gravedad.
Frente a esta situación de uso excesivo de la fuerza que, de manera reiterada, se aplica contra las comunidades indígenas, la FIDH llama a gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales. Recordemos que el pasado mes de mayo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, expresó su preocupación por las numerosas denuncias de abusos de agentes policiales contra comunidades Mapuche.
Entre las recomendaciones que este Comité expuso al gobierno de Chile, están el tomar las medidas necesarias para llevar a cabo investigaciones efectivas y transparentes, y sancionar a los funcionarios policiales que cometan este tipo de abusos. Se recomendó, asimismo, el introducir medidas legislativas para que hechos como estos no queden impunes y solicitó reforzar los programas educativos de la policía sobre Derechos Humanos.
CODEPU y la FIDH respaldan las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y llaman, una vez más, a que cese el maltrato al que es sometido constantemente, el pueblo Mapuche por parte de las fuerzas de seguridad del Estado chileno. La reciente ratificación del Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales no debe quedarse a nivel de un acto simbólico: Chile tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas que viven en su territorio.
Contacto: Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / +33 6 48 05 91 57
Attachée de presse – Press Officer FIDH
17 passage de la main d’or 75011 Paris France
http://www.fidh.org
Corporación Codepu
Mail: codepu@codepu, www.codepu.cl
En carta dirigida a la Presidenta de la República, ACCIÓN le solicita que ordene la realización de una investigación administrativa de los hechos para determinar las responsabilidades funcionarias establecidas en la ley y los reglamentos.