Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos hechos.

1.- Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía, por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sábado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.

2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar estos hechos. En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestales, que evidencian una negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.

3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante, resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de manifiesto.

En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un presunto responsable de estos incendios. Aunque el Ministro Chadwick precisó que no hay que hacer esta vinculación, en la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo.

Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso. Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más adecuada.

Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche.

4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucapiltus.

A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan -entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó cientos de víctimas.

Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo promovida por el estado, sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas obtengan grandes utilidades. Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de 1.300 millones de dólares.

5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás.&n bsp;

Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales términos, el estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine.

6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las autoridades actúen con más seriedad. El gobierno como una primera medida por los hechos ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista. Lo que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso.

Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas.

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN A.G.

Observatorio Ciudadano

]]> http://www.accionag.cl/archives/5843/feed 0 http://www.accionag.cl/archives/5832 http://www.accionag.cl/archives/5832#comments Thu, 05 Jan 2012 16:09:07 +0000 accionag http://www.accionag.cl/?p=5832 Los incendios que han afectado el centro y el extremo austral del país en los últimos días han impactado a la opinión pública.  La destrucción de un centenar de viviendas, dejando más de quinientos damnificados, así como de monocultivos forestales a consecuencia del fuego en las comunas de Quillón y Florida en la  Región del Bío Bío, y la devastación por las llamas de más de 12 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, patrimonio ambiental de Chile y de la humanidad, son sin duda los hechos más dramáticos.

Al igual que en otras latitudes, los incendios son comunes en épocas de verano.  Ellos se han vuelto cada vez más recurrentes y de mayor magnitud con el cambio climático acelerado que hoy vive el planeta.  Sin embargo, son muchos los antecedentes que nos hacen pensar que en Chile no estamos haciendo bien las cosas.  Que incendios como los ocurridos en los últimos días, si bien constituyen un fenómeno cada vez más habitual en las estaciones  cálidas, podrían prevenirse de muchas formas, y así el daño ambiental, material y el sufrimiento que éstos provocan, podría evitarse.  Entre estos antecedentes, me parece relevante destacar los siguientes:

1.- El incendio ocurrido en las comunas de Quillón y Florida se produce en una de las regiones del país (Bío Bío) de mayor concentración de plantaciones de monocultivos exóticos (pino radiata y eucaliptus), monocultivos que procesa, entre otras, la planta de celulosa de Nueva Aldea, de propiedad de forestal Arauco, allí emplazada, planta que también resultó afectada por el incendio.  La expansión de las plantaciones exóticas en Chile, iniciada ya hace décadas, ha sido financiada por cuantiosos subsidios otorgados por el estado.  No obstante existir abundante información sobre los graves impactos  ambientales que éstas provocan, entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población.  Paradójicamente, tales plantaciones, que producen impactos adversos en los ecosistemas del país y los dejan expuestos a siniestros como el incendio de los últimos días, han generado utilidades millonarias, que en el caso de Arauco ascendieron el 2010 a más de 700 millones de dólares.  Arauco se lleva las utilidades, el estado debe apagar los incendios.  Gran negocio para Chile.

2.- Nadie puede desconocer que el patrimonio ambiental del país se encuentra desprotegido de múltiples maneras.  Ello como consecuencia del modelo económico impulsado por el estado chileno, el que como sabemos, se basa fundamentalmente en la extracción y procesamiento de recursos naturales.  También como consecuencia de la debilidad del sistema nacional de áreas protegidas, sistema que además de no proteger adecuadamente los diversos ecosistemas existentes en el país, se encuentra en la actualidad no solo desfinanciado, sino también en manos de una entidad privada (CONAF).  Así, por ejemplo, al año 2007 CONAF destinaba a las áreas protegidas de todo el país tan solo 13 millones de dólares, en contraposición a los 46 millones de dólares que destinaba a subsidiar las plantaciones de monocultivos, como las de Arauco en la región del Bío Bío.  No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado hace unos días atrás.  Era algo que debía haber sido previsto.  Cabe señalar que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición del servicio de biodiversidad al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión por cierto valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones.  Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo responderán los privados, cuyo fin es el lucro, frente a siniestros como el ocurrido en Torres del Paine en caso de asumir su administración? ¿Se harán responsables de ellos o traspasarán la responsabilidad al estado?  La respuesta es obvia.

3.  De de acuerdo a la legislación vigente -la Ley de Bosques-, que data de la década del treinta, la penalidad establecida para los incendios de bosques es de una multa de hasta 4 UTM, o de sanciones penales que no superan los 61 días de presidio.  Se trata de penas tan exiguas, que difícilmente podrán incidir en un cambio en las conductas irresponsables de los usuarios de áreas protegidas del estado, tanto nacionales como extranjeros, quienes no parecen tener mayor preocupación por el cuidado de estos bienes comunes.  Ello contrasta dramáticamente, por ejemplo, con la severidad de las penas establecidas para el delito de “incendio terrorista”, las que aún luego de la modificación de esta ley el 2010, pueden alcanzar hasta 20 años de presidio.  Solo un caso para graficar esta realidad; mientras los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados el 2004 por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista de una propiedad forestal de menos de 10 hectáreas, a una pena de 5 años y un día de cárcel, el culpable del incendio del Parque Torres del Paine, de ser sancionado, lo será con una multa de a lo más 4 UTM, o con un máximo de 61 días de presidio.  Esta evidente injusticia es consecuencia tanto de la negligencia de los legisladores para reformar una legislación anacrónica, así como de los tribunales de justicia para interpretar y aplicar las leyes vigentes de manera adecuada.  Con razón el parlamento y el poder judicial cuentan con la confianza de tan solo el 13 % de la población, según la última encuesta del CEP de diciembre de 2011, entidad que nadie puede acusar de extremista o menos de ambientalista.

Chile huele a quemado.  Si no nos hacemos cargo de las realidades aquí descritas que están detrás de estos incendios, y que intentan dar pistas de los temas críticos que deben ser abordados para enfrentarlos, no lloremos después por las desgracias que éstos provocan.

El informe, denominado “El Estado de los Derechos Humanos en Chile 2011”, fue dado a conocer esta mañana en conferencia de prensa y nuevamente arroja un saldo negativo en el cumplimiento por parte del Estado de su deber de promover y garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Entre las organizaciones que participaron en la confección del informe se encuentran; Acción AG/ Agrupación Liberar/ Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos/ Amnistía InternacionalChile/ Asesoría Ciudadana/ Asociación Ayun Mapu/ Cinprodh Temuco/ Cintras/ Codepu/ CoordinadoraAymara por la Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota/ Coordinadora de la Memoria yDerechos Humanos de Valdivia/ Corporación de Desarrollo y Comunicaciones Mapuche Xeg Xeg/ Corporación Humanas/ Corporación La Morada-Radio Tierra/ Fundación Terram/ Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos/ Observatorio Ciudadano/  Parlamento de Koz Koz/ yWallmapuwen.

En un año marcado por los reclamos ciudadanos, expresados en las continuas movilizaciones sociales a lo largo del país, el informe comienza haciendo un análisis crítico al estado actual de los derechos individuales y colectivos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile.  Afirmando que no se identifican “avances significativos en su vigencia efectiva  en el país”.

En esta línea, y de acuerdo al análisis realizado, se observa que a lo largo del año, “el Estado chileno ha seguido sin adoptar las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de derechos humanos, en particular aquellas formuladas en el 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal”, y luego detalla los rezagos en la adopción de otros estándares internacionales, como “la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, y sigue pendiente un cumplimiento adecuado del Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas”.
Entre los déficit más relevantes durante el año 2011, el informe releva las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar, donde “sigue pendiente la derogación de legislación que facilita la impunidad.  Como es el caso de la Ley de Amnistía, cuya derogación ha sido solicitada reiteradamente diversos órganos de Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  Otro de los puntos críticos tiene que ver con “la competencia de la justicia militar para juzgar casos que involucran a militares que cometan delitos en contra de civiles, manteniéndose en impunidad los delitos que los agentes policiales del Estado cometen en contra de la población civil”, indica el documento.

En materia de derechos políticos y ciudadanos, el informe da cuenta que no ha concluido en el Congreso la tramitación de importantes iniciativas, tales como “el proyecto  de ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario, y el proyecto de elección directa de los Consejeros Regionales”.

Continuando con el análisis a la gestión parlamentaria, hace referencia al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, lo que si bien “constituye un importante avance y un principio de cumplimiento de las obligaciones que Chile ha suscrito a nivel internacional, la norma aprobada adolece de un conjunto de falencias que impiden calificarla como una respuesta estatal adecuada y eficaz para erradicar y reparar la discriminación, en conformidad a los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación”, sostienen las organizaciones firmantes.

En cuanto a los derechos de la población migrante, asegura que sigue pendiente “el desafío de la integración de este número creciente de población.  Rigiendo todavía la actual ley migratoria de 1975, incoherente con los tiempos de intercambio global e integración regional existentes”, asegura el informe.

Por otro parte, en lo que se refiere a la política ambiental, indica que ésta continúa marcada por la fuerte influencia empresarial y denuncia la falta de “consulta ciudadana por parte del gobierno en el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que el ejecutivo envió al Congreso en enero de 2011”.

En tanto que en materia de institucionalidad de Derechos Humanos, “continúa la falta de voluntad política para legislar en favor de una Defensoría de las Personas (Ombudsman) verdaderamente autónoma y conforme con los llamados ‘Principios de París’”.

Otra cuestión preocupante en el año que concluye fueron los intentos de la autoridad política por criminalizar la protesta social estudiantil, a través de la presentación de un proyecto de ley que busca castigar con penas de cárcel acciones de toma de colegios y convocatorias a manifestaciones públicas.
Asimismo, asegura que en el ámbito de los derechos económicos sociales y culturales, quizás lo más preocupante es la persistente “desigualdad en el país”, y que “en el campo de libertad de expresión, el 2011 se ha caracterizado por un marcado clima de intolerancia e inseguridad, esta política ha tenido entre otras consecuencias la represión contra comunicadores y periodistas e intentos de cierres de medios de comunicación comunitarios”, afirman.

Finalmente, las instituciones realizan una interpelación al Estado chileno, emplazando al poder ejecutivo, legislativo y judicial a “respetar los derechos humanos a los que se ha obligado en virtud de tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes.  La orientación de la actuación de los órganos del Estado sobre la base de las directrices del derecho internacional de los derechos humanos resulta a nuestro entender fundamental para avanzar en la introducción de las transformaciones que la ciudadanía viene demandando sin ser hasta ahora escuchada, así como también, para hacer posible una convivencia social más armónica, que permita la superación de la conflictividad  hoy existente”, concluye el informe.

Descargar informe completo aquí

Esta iniciativa busca rescatar la mirada que tiene la ciudadanía de discriminación en Chile, donde se evidencias serias deficiencias en la protección de derechos de amplios sectores de la sociedad, como son los pueblos indígenas, las comunidades locales, los y las migrantes, la diversidad de género, siendo todas ellas objeto de discriminación jurídica, política y/o cultural.

Dicha realidad se ve agravada por las transformaciones económicas de las últimas décadas, caracterizadas por una creciente inserción de Chile en los mercados globales, lo que incide en la proliferación de proyectos de inversión en territorios indígenas o rurales y en el incremento de flujos migratorios al país.

Quiénes pueden participar, plazos y requisitos

Pueden participar concursantes nacionales y extranjeros, residentes en Chile, con uno un máximo de tres fotografías.  Agrupados en tres distintas categorías: Alumnos de enseñanza básica y media (a partir de 10 años); Estudiantes de enseñanza superior o universitaria, y adultos (mayores de 18 años), y Profesionales de la fotografía y de las artes audiovisuales.

Desde el 01 de septiembre de 2011 y hasta el 15 de noviembre de 2011, es el plazo para la presentación de trabajos.  El jurado deliberará durante la segunda quincena noviembre, para luego proceder a la premiación, que se realizará en un acto público en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el que se conmemora el 10 de diciembre.

Las fotografías pueden ser tomadas con cámara digital o análoga; tanto a color, blanco y negro, como fotomontaje.  El concursante podrá a su vez hacer libre uso de filtros, lentes o cualquier otro tipo de accesorio para el trabajo de su fotografía.

Los trabajos en formato digital (JPG, mínimo 300dpi o mayor resolución) deben ser enviados al correo electrónico: concursofotografico@observatorio.cl Mientras en formato impreso (papel fotográfico, 20×25 cm o medidas similares), pueden ser remitidos a cualquiera de las dos siguientes direcciones: Antonio Varas 428, Temuco (045-213963); Bandera 537, of. 46, Santiago (02-6993921).

Los ganadores recibirán una obra enmarcada del fotógrafo George Munro, además de equipamiento fotográfico para los primeros lugares de cada categoría.

Mayores informaciones sobre el concurso y sus bases en www.observatorio.cl

La selección de los entrevistados, el uso de imágenes, la intencionalidad de las preguntas y la edición de la nota buscan generar una sensación de caos asociados a las marchas ciudadanas, obviando en su nota que la gran mayoría de los cerca de 90 mil participantes de esa marcha no cometieron destrozo alguno, ni fueron parte de actos de vandalismo. Los 9 minutos de la nota no consideran la opinión de los marchantes, ninguna opinión positiva respecto de las marchas, no contextualiza el problema, ni da espacio para la opinión de expertos que pudiesen dar elementos para comprender el fenómeno de la violencia. No se explicita tampoco con claridad, ni se da el tiempo necesario para precisar que los hechos de violencia corresponden a un grupo muy minoritario que de acuerdo a cifras de carabineros no superó a las 400 personas.

La sensación que genera el programa es que estas manifestaciones de descontento masivo provocan caos, violencia, destrozos y temor, lo que evidentemente genera rechazo en el espectador y por supuesto distancia de las legítimas reivindicaciones de estos movimientos ciudadanos que se expresan en el espacio público.

La nota evidenció un sesgo extremadamente grave que atenta contra el pluralismo, la democracia y la paz social, criminalizando el derecho a manifestarse libremente a través de una selección tendenciosa, éticamente reprochable, deshonesta intelectualmente y errada en cuánto a su enfoque de entrevistados e imágenes.

Consideramos que la falta de equilibrio en la nota merece una sanción de este Consejo, ya que transgrede el derecho al pluralismo, la democracia y la paz social.

No justificamos la violencia ejercida por estos grupos minoritarios, sin embargo consideramos que la falta de equilibrio en la nota puede generar finalmente más indignación y violencia.

Link de la nota http://tele13.13.cl/reporteros/la-otra-cara-de-las-marchas

La determinación fue tomada  por el TC con los votos favorables de los ministros Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo e Iván Aróstica Maldonado y los pronunciamientos en contra del presidente de la Segunda Sala del Tribunal, Raúl Bertelsen Repetto y de la ministra Marisol Peña Torres.

“Para el solo efecto de pronunciarse sobre su admisibilidad, esta sala estima que la aplicación del precepto legal impugnado podría resultar decisiva en la aludida gestión judicial y que la acción de inaplicabilidad deducida por la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentra razonablemente fundada”, apuntó el TC al justificar su medida.

“Este es un momento inédito en la historia de la diversidad sexual en Chile. Estamos tremendamente felices porque el TC desde ahora analizara a fondo si prohibir el matrimonio a homosexuales es o no inconstitucional, lo que para nosotros es claro, pues la Carta Magna garantiza la igualdad ante la ley y el artículo 102 del Código Civil violenta este principio al impedir a personas contraer matrimonio sólo por su orientación sexual”, señaló el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

Añadió que “desde cuando junto a tres parejas iniciamos esta lucha hemos visto con profundo interés como hemos pasado diversas e inéditas etapas. Primero la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible nuestro recurso. Luego la misma Corte pidió al TC pronunciarse porque tiene dudas sobre la constitucionalidad del Código Civil. Posteriormente el Tribunal Constitucional aceptó a tramitación el requerimiento y hoy lo declara admisible. Sin duda, estamos viviendo momentos históricos”.

Las parejas que presentaron el recurso de protección fueron  César Peralta y Hans Arias, padres de dos niños, luego de que ganarán la tuición de sus hijos en un fallo emitido el 2009 por el Juzgado de Familia de Puente Alto;  así como el canadiense Stephane Abran, quien contrajo matrimonio en agosto del 2006 con el chileno Jorge Monardes en Canadá, y Víctor Arce y Miguel Lillo, quienes formalizaron su unión en Mendoza el pasado 20 de agosto.

El recurso fue presentado luego de que el Registro Civil se negara a reconocer los matrimonios celebrados en el extranjero y/o a dar hora para el vínculo. La situación motivó que el TC consultara sobre esta situación al Registro Civil, instancia que justificó el rechazo en función del artículo 102 del Código Civil.

“Para el TC, felizmente, esta respuesta no fue satisfactoria, pues bien podría haber incurrido en un acto inconstitucional, lo que a nuestro juicio efectivamente ocurrió”, puntualizó Jiménez.

Fuente: http://www.movilh.cl/

Así lo informó hoy el abogado Silva y el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, quien calificó como “histórica esta consulta de la Corte tras declarar admisible el recurso. Además la Corte de Apelaciones ha decidido dejar en acuerdo la causa a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a si la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo contraviene la Carta Magna, que es lo sostenido por nosotros”.

Explicaron que “con esta consulta, la Corte de Apelaciones y la Justicia Chilena están dando una señal más que clara: la inconstitucionalidad de la prohibición al matrimonio homosexual sería para los jueces al menos debatible, pues en caso contrario no hubiesen determinado dejar la causa en acuerdo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Este hecho, marca un antes y un después en la lucha por el matrimonio homosexual en Chile”.

En la consulta del pasado 14 de diciembre; la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por Alejandro Solís e integrada por Joaquín Billard y el abogado integrante Ángel Cruchaga, indicó al Tribunal Constitucional que dejó en acuerdo la causa.

Inconstitucionalidad de la ley

En el recurso de protección, las parejas, el Movilh y el abogado Silva señalaron que los artículos 102 del Código Civil y 80 de la Ley de Matrimonio son inconstitucionales.  Mientras el primero establece que “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen”,  el segundo estipula que “el matrimonio celebrado en el extranjero” será reconocido en Chile “siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer”.

En concreto se alegó que dichas normas violentan los artículos 1 y 19 de la Constitución Política del Estado, entre otros.

En el artículo 1 de la Constitución se estipula que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y que el Estado “está el servicio de la persona humana”, teniendo por deber “dar protección a la población y la familia” en “igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
En tanto, el número 19 asegura “la igualdad ante la ley”, “la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos”, “el respeto a la protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia”, “el derecho a la protección en salud”, “el derecho a la seguridad social” y “el derecho de propiedad”, entre otros.

Las parejas que presentaron el recurso de protección fueron  César Peralta y Hans Arias, padres de dos niños, luego de que ganarán la tuición de sus hijos en un fallo emitido el 2009 por el Juzgado de Familia de Puente Alto;  así como el canadiense Stephane Abran, quien contrajo matrimonio en agosto del 2006 con el chileno Jorge Monardes en Canadá, y Víctor Arce y Miguel Lillo, quienes formalizaron su unión en Mendoza el pasado 20 de agosto.

El Movilh puntualizó que “desde ahora el Tribunal Constitucional tiene una oportunidad histórica para pronunciarse a favor de la igualdad. Lo único que pedimos es que en su pronunciamiento se respete la Constitución de todos los chilenos y chilenas”.

José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano y vicepresidente de la Asociación Chilena de ONGs (ACCION) comenta acerca de las repercusiones que trajo consigo la huelga de hambre, el compromiso del gobierno, los desafíos de la sociedad civil y los cambios culturales que se deben suscitar para lograr relaciones más justas entre los pueblos originarios y los chilenos.

- Tras el término de la huelga de hambre mapuche ¿Cuál es la evaluación de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos frente a la  propuesta del gobierno, y qué temas siguen estando ausentes?

El gobierno tuvo una reacción tardía, pero finalmente tomó decisiones relevantes relacionadas particularmente a los temas procesales que motivaron la huelga, estableciendo su convicción -en relación a los hechos que se les imputaban a los mapuche- que éstos no tenían el carácter terrorista.  Por otro lado, está la presentación de reformas a las legislaciones que se aplicaban a los mapuche y que vulneraban sus derechos.  En ello, sin embargo, es necesario alertar que tales reformas, presentadas por el ejecutivo y aprobadas por el Congreso, siguen conteniendo limitaciones desde la perspectiva de los derechos humanos al mantener como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles.

Pese a lo anterior, es importante destacar que, cuando el gobierno llegó a un acuerdo con los mapuche, sostuvo que lo hacía motivado por el Convenio 169 de la OIT, las directrices del derecho internacional de derechos humanos y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre esos mismos derechos en Chile.  Esto ha sido un reconocimiento bastante inédito, porque hasta ahora -al menos en su política indígena-  el gobierno no había asignado un gran valor a estos instrumentos internacionales y a las recomendaciones de la comunidad internacional.  Eso significaría que el gobierno, de tomar en serio estos acuerdos, debiera enmendar su política hacia los pueblos indígenas de manera sustancial, introduciendo reformas legislativas y administrativas en la perspectiva de dar cumplimiento a estos lineamientos internacionales.

-¿Existe una propuesta de la sociedad civil frente a este conflicto?

Los organismos de derechos humanos hemos señalado al gobierno la necesidad de respetar, no sólo la garantía del justo proceso, sino que también hemos introducido discusiones más profundas para abordar lo que el propio Presidente Piñera reconoció en el marco del bicentenario como una deuda histórica y que tiene que ver con otras dimensiones, como el relacionamiento histórico del pueblo mapuche con el estado.

La sociedad civil más que proponer estrategias, algo que le corresponde a los actores principales, que son el estado y los propios pueblos indígenas, puede aprender ciertas lecciones de esta huelga.  Una cuestión altamente valorable ha sido la capacidad de movilización que los mapuche desarrollaron durante estos 80 días, repercutiendo tanto en el ámbito nacional como internacional.  Creo que hace falta una reflexión en la sociedad civil de cómo podemos también desarrollar procesos de movilización con la misma fuerza frente a los numerosos problemas que enfrentamos; relacionados a la falta de profundidad de la democracia, con los derechos laborales, con los derechos medioambientales y culturales, entre otros.

- La huelga mapuche surge casi en forma paralela a la situación de los mineros atrapados en Copiapó, sin embargo, la prensa se volcó casi exclusivamente a la difusión del segundo tema.  A su juicio ¿cómo ha sido el tratamiento del conflicto mapuche versus el de los mineros por los medios de comunicación?

Una primera apreciación es que precisamente los medios de comunicación han acuñado el concepto conflicto mapuche, cuando un conflicto supone dos o más partes, por tanto prefiero hablar de conflicto chileno-mapuche, entre el estado y el pueblo mapuche.  Este no es un conflicto del pueblo mapuche.

Luego, respecto a los medios de comunicación, éstos tuvieron una actitud bastante pasiva durante la huelga de hambre, a diferencia de lo que ocurrió en el norte con la situación de los mineros atrapados en la mina San José.  Esto último se transformó en un hecho noticioso fundamental, dado el riesgo de vida de esas personas.  Pero también dada su dimensión social.  Una mina que colapsó producto de una resolución administrativa de un estado irresponsable y de una actitud del empresariado irresponsable también.  Ello contrastó mucho con la importancia que la prensa le asignó a la huelga mapuche, que también tiene tras de ella el riesgo de la vida de 34 personas involucradas y que, al mismo tiempo, era consecuencia de una actuación irresponsable del estado respecto a políticas históricas, como la aplicación por órganos del estado de una legislación que no garantiza el derecho al debido proceso.

Afortunadamente ese cerco mediático se rompió, particularmente en el marco del bicentenario, cuando la tensión internacional sobre Chile se hizo muy fuerte en sus diferentes dimensiones sociales y políticas.  En ese contexto, los medios empezaron hacer una difusión un poco más balanceada que ayudó a una mayor comprensión de lo que estaba en juego detrás de esta huelga y de la responsabilidad del estado en la generación de este conflicto.

- ¿Cómo levantar relaciones más justas entre los distintos pueblos originarios existentes en el país?

Eso pasa por transformaciones de distinto ámbito que atañen a todos los actores; cambios en el estado, de la sociedad chilena, modificaciones jurídicas.  Quiero recordar que Chile no tiene hasta el momento un reconocimiento de rango superior acerca de la diversidad y de los derechos ligados a ella, como sucede en la mayor parte de los estados latinoamericanos; esto es reclamado por los pueblos indígenas.  Sin embargo, existe un marco jurídico, mediante el Convenio 169 que establece derechos políticos, territoriales y culturales, pero que no han sido puestos en práctica.  Por eso, insisto en la importancia de los anuncios que el gobierno ha realizado respecto al reconocimiento de los acuerdos internacionales porque podría significar, si se da su espíritu de buena fe, que el gobierno se oriente a dar cumplimiento a esas directrices internacionales que permiten a los pueblos indígenas definir sus propias prioridades en materia de desarrollo y no imponerlas, particularmente en el plano económico, lo que les posibilitaría participar en las instancias donde se toman decisiones.

Por otro lado, se tornan necesarios cambios culturales de la sociedad, porque la discriminación que afecta a los pueblos indígenas, no solo es jurídica y política, sino que también es cultural.  Eso supone una transformación de la sociedad chilena y, respecto a ello, existen muchos pasos por dar en términos de un mayor conocimiento de los pueblos indígenas, de su cultura, de un mayor acercamiento para poner fin a esa discriminación que existe en nuestro país.

Es necesario alertar que las situaciones de opresión y de discriminación, no solo tienen que ver con los pueblos indígenas, y el pueblo mapuche en particular, sino que afectan a muchos otros sectores desposeídos y a grupos étnicos, como los migrantes.  La imposibilidad de romper esas barreras les impide a estos grupos la posibilidad del ejercicio de sus derechos.  Todo ello pasa por generar alianzas y relaciones interculturales más cercanas y más fructíferas que las que se han desarrollado hasta el momento.  Es un desafío no solo para la sociedad chilena, sino que también para los mismos pueblos originarios.

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ACCION se hizo parte de la protesta por la situación mapuche frente a La Moneda

Frente al Palacio de la Moneda, este viernes 24 de septiembre más de cincuenta personas se dieron cita para acompañar a 34personalidades del mundo cultural, religioso, académico, ciudadano y de organizaciones civiles que se autoconvocaron para manifestarse pacíficamente y exigir al gobierno chileno una mesa de diálogo sobre el conflicto mapuche, que integre las demandas de los 34 presos políticos mapuches en las cárceles de Angol, Concepción y Temuco, que ya cumplen 75 días en huelga de hambre.

por Juan Ortega, Medio a Medio

La Asociación Chilena de ONGs (ACCION A.G)  estuvo presente mediante la participación de Flavia Liberona, Miembro del Directorio de ACCION, junto a representantes de otras ONGs socias como el Observatorio Ciudadano y el MOVILH.

Cada persona asistente llevó un cartel con el nombre y el rostro de cada uno de los huelguistas, informando al público, la necesidad de justicia real para las demandas del pueblo mapuche y exigiendo a las autoridades un trato digno y medidas reales de solución al conflicto.

Una huelga de hambre no es una decisión que se tome a la ligera, no es producto de un arrebato ni un mero intento de llamar la atención, es una acción de profundo contenido ético y como tal debe ser tratado. La Huelga de hambre es una forma de protesta legítima de acuerdo al convenio de malta y debe ser tratada con respeto ya altura de miras…Las medidas del gobierno solo polarizan las posiciones y agudizan el conflicto, señaló Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano.

Entre muestras de apoyo de transeúntes y automovilistas que pasaban por las calles, se entregó una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, instando a generar una mesa de diálogo que incluya las demandas de los comuneros huelguistas y que brinde soluciones integrales al conflicto. En la misiva, los firmantes solicitan disponer de inmediato la participación de un representante de gobierno en una mesa de diálogo real, con participación de los representantes de los presos en huelga y conducente a alcanzar acuerdos concretos.

Entre los asistentes se encontraban Roberto Márquez, músico, Illapu, Luis Lebert, músico, Santiago del Nuevo Extremo, Juan Ayala, músico, Juana Fe, Mauricio Diocares, actor, Grimanesa Jiménez, actriz,Gloria Konig, Directora Ejecutiva Fundación Víctor Jara, Patricio Quevedo, Productor Teatral y miembro de Amnistía Internacional-Chile, Alejandra Arriaza, abogada de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, abogado de Derechos Humanos, Paulina Acevedo, periodista, Comunicadora en Derechos Humanos, miembro del Observatorio Ciudadano, Patricio Vejar, Observatorio Escuela de las Américas, Alicia Lira, presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Flavia Liberona, integrante del directorio de ACCIÓN A.G. y directora de Fundación Terram, Rolando Jiménez, presidente MÓVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual), Manuel Guerrero, concejal Ñuñoa, Julio Sarmiento, presidente FECH (Federación de Estudiantes Universidad de Chile), Juanita Albornoz, pastora evangélica, presidenta Mesa CLAI-Chile (Consejo Latinoamericano de Iglesias) Fernando Aliaga, Presidente Directorio SERPAJ-Chile (Servicio de Paz y Justicia).

En contradicción con esta tendencia internacional, en Chile la aplicación de la legislación antiterrorista es una decisión política discrecional, bajo competencia del Ejecutivo. No es de modo alguno una decisión penal ordinaria ni meramente procedimental. El artículo 9 de la Constitución de 1980 permite esta situación al señalar: “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad.” La configuración de un delito terrorista permite a los jueces vaciar las garantías al debido proceso de los acusados, permitiendo medidas como el uso de testigos de rostro cubierto. Al mismo tiempo se impide la aplicación de medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, imposibilitando la aplicación de beneficios carcelarios. Finalmente instala penas que duplican las que corresponden a los delitos comunes.

De acuerdo a la Constitución “Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.»

La detención de catorce personas ligadas a una red anarquista, acusadas por el llamado “caso bombas”, ha puesto en debate la calificación de este tipo de delitos bajo el rótulo de “conducta terrorista”. Esta misma categoría se ha invocado ante conflictos ligados a comunidades mapuches que demandan derechos por tierras, reconocidos por el derecho internacional. Para el ministro Rodrigo Hinzpeter se trataría de una escalada de situaciones que permitiría configurar un cuadro de “terrorismo incipiente” en nuestro país. Al mismo tiempo, este ministerio ha validado una serie de informes de inteligencia provenientes de Colombia, que vincularían al PC chileno y a movimientos indígenas con la guerrilla de las FARC. Colocando a Mapuches, anarquistas y comunistas en la carpeta del terrorismo incipiente, el gobierno ha instalado un cuadro de criminalización de los actores que pueden representar una amenaza política en el campo de la movilización social y la articulación ante sus decisiones más controversiales.

Aunque el ministro Hinzpeter ha señalado que “aquí no estamos persiguiendo ideologías, lo que estamos persiguiendo penalmente son conductas”, la decisión de aplicar la legislación antiterrorista es una opción discrecional de su parte. El presidente Piñera ha validado el análisis de Hinzpeter, señalado que “la mano cambió”, y que su gobierno no tendrá “ninguna debilidad para combatir al terrorismo”. La presión política a los tribunales, ejercida desde el ministerio del Interior sobre el  Ministerio Público permite augurar un claro intervencionismo del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Es difícil, luego de las palabras del Gobierno, pensar que los tribunales actuarán con independencia e imparcialidad en estas situaciones.  Por este motivo, la verdadera amenaza del “terrorismo incipiente” no reside en los casos a los que se les ha impuesto esta la categoría. La amenaza proviene del poder que el Ejecutivo esta asumiendo, lo que le permite incidir desde lo policial en la represión de las organizaciones que disientan a sus decisiones.

Es hora de enfrentar del debate de fondo. La existencia de una legislación antiterrorista como la chilena, que contiene tipos penales abiertos que permite su aplicación arbitraria, no resiste más tiempo. Se trata de un adefesio jurídico que amenaza gravemente los derechos Humanos y da a quién ejerce el poder peligrosas competencias antidemocráticas. Como ya lo comentaba Maquiavelo, para el Príncipe siempre será “más seguro ser temido que ser amado».