Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos hechos.

1.- Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía, por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sábado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.

2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar estos hechos. En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestales, que evidencian una negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.

3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante, resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de manifiesto.

En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un presunto responsable de estos incendios. Aunque el Ministro Chadwick precisó que no hay que hacer esta vinculación, en la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo.

Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso. Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más adecuada.

Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche.

4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucapiltus.

A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan -entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó cientos de víctimas.

Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo promovida por el estado, sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas obtengan grandes utilidades. Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de 1.300 millones de dólares.

5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás.&n bsp;

Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales términos, el estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine.

6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las autoridades actúen con más seriedad. El gobierno como una primera medida por los hechos ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista. Lo que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso.

Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas.

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN A.G.

Observatorio Ciudadano

]]> http://www.accionag.cl/archives/5843/feed 0 http://www.accionag.cl/archives/5832 http://www.accionag.cl/archives/5832#comments Thu, 05 Jan 2012 16:09:07 +0000 accionag http://www.accionag.cl/?p=5832 Los incendios que han afectado el centro y el extremo austral del país en los últimos días han impactado a la opinión pública.  La destrucción de un centenar de viviendas, dejando más de quinientos damnificados, así como de monocultivos forestales a consecuencia del fuego en las comunas de Quillón y Florida en la  Región del Bío Bío, y la devastación por las llamas de más de 12 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, patrimonio ambiental de Chile y de la humanidad, son sin duda los hechos más dramáticos.

Al igual que en otras latitudes, los incendios son comunes en épocas de verano.  Ellos se han vuelto cada vez más recurrentes y de mayor magnitud con el cambio climático acelerado que hoy vive el planeta.  Sin embargo, son muchos los antecedentes que nos hacen pensar que en Chile no estamos haciendo bien las cosas.  Que incendios como los ocurridos en los últimos días, si bien constituyen un fenómeno cada vez más habitual en las estaciones  cálidas, podrían prevenirse de muchas formas, y así el daño ambiental, material y el sufrimiento que éstos provocan, podría evitarse.  Entre estos antecedentes, me parece relevante destacar los siguientes:

1.- El incendio ocurrido en las comunas de Quillón y Florida se produce en una de las regiones del país (Bío Bío) de mayor concentración de plantaciones de monocultivos exóticos (pino radiata y eucaliptus), monocultivos que procesa, entre otras, la planta de celulosa de Nueva Aldea, de propiedad de forestal Arauco, allí emplazada, planta que también resultó afectada por el incendio.  La expansión de las plantaciones exóticas en Chile, iniciada ya hace décadas, ha sido financiada por cuantiosos subsidios otorgados por el estado.  No obstante existir abundante información sobre los graves impactos  ambientales que éstas provocan, entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población.  Paradójicamente, tales plantaciones, que producen impactos adversos en los ecosistemas del país y los dejan expuestos a siniestros como el incendio de los últimos días, han generado utilidades millonarias, que en el caso de Arauco ascendieron el 2010 a más de 700 millones de dólares.  Arauco se lleva las utilidades, el estado debe apagar los incendios.  Gran negocio para Chile.

2.- Nadie puede desconocer que el patrimonio ambiental del país se encuentra desprotegido de múltiples maneras.  Ello como consecuencia del modelo económico impulsado por el estado chileno, el que como sabemos, se basa fundamentalmente en la extracción y procesamiento de recursos naturales.  También como consecuencia de la debilidad del sistema nacional de áreas protegidas, sistema que además de no proteger adecuadamente los diversos ecosistemas existentes en el país, se encuentra en la actualidad no solo desfinanciado, sino también en manos de una entidad privada (CONAF).  Así, por ejemplo, al año 2007 CONAF destinaba a las áreas protegidas de todo el país tan solo 13 millones de dólares, en contraposición a los 46 millones de dólares que destinaba a subsidiar las plantaciones de monocultivos, como las de Arauco en la región del Bío Bío.  No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado hace unos días atrás.  Era algo que debía haber sido previsto.  Cabe señalar que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición del servicio de biodiversidad al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión por cierto valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones.  Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo responderán los privados, cuyo fin es el lucro, frente a siniestros como el ocurrido en Torres del Paine en caso de asumir su administración? ¿Se harán responsables de ellos o traspasarán la responsabilidad al estado?  La respuesta es obvia.

3.  De de acuerdo a la legislación vigente -la Ley de Bosques-, que data de la década del treinta, la penalidad establecida para los incendios de bosques es de una multa de hasta 4 UTM, o de sanciones penales que no superan los 61 días de presidio.  Se trata de penas tan exiguas, que difícilmente podrán incidir en un cambio en las conductas irresponsables de los usuarios de áreas protegidas del estado, tanto nacionales como extranjeros, quienes no parecen tener mayor preocupación por el cuidado de estos bienes comunes.  Ello contrasta dramáticamente, por ejemplo, con la severidad de las penas establecidas para el delito de “incendio terrorista”, las que aún luego de la modificación de esta ley el 2010, pueden alcanzar hasta 20 años de presidio.  Solo un caso para graficar esta realidad; mientras los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados el 2004 por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista de una propiedad forestal de menos de 10 hectáreas, a una pena de 5 años y un día de cárcel, el culpable del incendio del Parque Torres del Paine, de ser sancionado, lo será con una multa de a lo más 4 UTM, o con un máximo de 61 días de presidio.  Esta evidente injusticia es consecuencia tanto de la negligencia de los legisladores para reformar una legislación anacrónica, así como de los tribunales de justicia para interpretar y aplicar las leyes vigentes de manera adecuada.  Con razón el parlamento y el poder judicial cuentan con la confianza de tan solo el 13 % de la población, según la última encuesta del CEP de diciembre de 2011, entidad que nadie puede acusar de extremista o menos de ambientalista.

Chile huele a quemado.  Si no nos hacemos cargo de las realidades aquí descritas que están detrás de estos incendios, y que intentan dar pistas de los temas críticos que deben ser abordados para enfrentarlos, no lloremos después por las desgracias que éstos provocan.

El informe, denominado “El Estado de los Derechos Humanos en Chile 2011”, fue dado a conocer esta mañana en conferencia de prensa y nuevamente arroja un saldo negativo en el cumplimiento por parte del Estado de su deber de promover y garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Entre las organizaciones que participaron en la confección del informe se encuentran; Acción AG/ Agrupación Liberar/ Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos/ Amnistía InternacionalChile/ Asesoría Ciudadana/ Asociación Ayun Mapu/ Cinprodh Temuco/ Cintras/ Codepu/ CoordinadoraAymara por la Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota/ Coordinadora de la Memoria yDerechos Humanos de Valdivia/ Corporación de Desarrollo y Comunicaciones Mapuche Xeg Xeg/ Corporación Humanas/ Corporación La Morada-Radio Tierra/ Fundación Terram/ Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos/ Observatorio Ciudadano/  Parlamento de Koz Koz/ yWallmapuwen.

En un año marcado por los reclamos ciudadanos, expresados en las continuas movilizaciones sociales a lo largo del país, el informe comienza haciendo un análisis crítico al estado actual de los derechos individuales y colectivos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile.  Afirmando que no se identifican “avances significativos en su vigencia efectiva  en el país”.

En esta línea, y de acuerdo al análisis realizado, se observa que a lo largo del año, “el Estado chileno ha seguido sin adoptar las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de derechos humanos, en particular aquellas formuladas en el 2009 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el Examen Periódico Universal”, y luego detalla los rezagos en la adopción de otros estándares internacionales, como “la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, la ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU, el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, y sigue pendiente un cumplimiento adecuado del Convenio 169 de la OIT para Pueblos Indígenas”.
Entre los déficit más relevantes durante el año 2011, el informe releva las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura militar, donde “sigue pendiente la derogación de legislación que facilita la impunidad.  Como es el caso de la Ley de Amnistía, cuya derogación ha sido solicitada reiteradamente diversos órganos de Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  Otro de los puntos críticos tiene que ver con “la competencia de la justicia militar para juzgar casos que involucran a militares que cometan delitos en contra de civiles, manteniéndose en impunidad los delitos que los agentes policiales del Estado cometen en contra de la población civil”, indica el documento.

En materia de derechos políticos y ciudadanos, el informe da cuenta que no ha concluido en el Congreso la tramitación de importantes iniciativas, tales como “el proyecto  de ley que establece la inscripción automática y el voto voluntario, y el proyecto de elección directa de los Consejeros Regionales”.

Continuando con el análisis a la gestión parlamentaria, hace referencia al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, lo que si bien “constituye un importante avance y un principio de cumplimiento de las obligaciones que Chile ha suscrito a nivel internacional, la norma aprobada adolece de un conjunto de falencias que impiden calificarla como una respuesta estatal adecuada y eficaz para erradicar y reparar la discriminación, en conformidad a los estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación”, sostienen las organizaciones firmantes.

En cuanto a los derechos de la población migrante, asegura que sigue pendiente “el desafío de la integración de este número creciente de población.  Rigiendo todavía la actual ley migratoria de 1975, incoherente con los tiempos de intercambio global e integración regional existentes”, asegura el informe.

Por otro parte, en lo que se refiere a la política ambiental, indica que ésta continúa marcada por la fuerte influencia empresarial y denuncia la falta de “consulta ciudadana por parte del gobierno en el proceso de elaboración de un anteproyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que el ejecutivo envió al Congreso en enero de 2011”.

En tanto que en materia de institucionalidad de Derechos Humanos, “continúa la falta de voluntad política para legislar en favor de una Defensoría de las Personas (Ombudsman) verdaderamente autónoma y conforme con los llamados ‘Principios de París’”.

Otra cuestión preocupante en el año que concluye fueron los intentos de la autoridad política por criminalizar la protesta social estudiantil, a través de la presentación de un proyecto de ley que busca castigar con penas de cárcel acciones de toma de colegios y convocatorias a manifestaciones públicas.
Asimismo, asegura que en el ámbito de los derechos económicos sociales y culturales, quizás lo más preocupante es la persistente “desigualdad en el país”, y que “en el campo de libertad de expresión, el 2011 se ha caracterizado por un marcado clima de intolerancia e inseguridad, esta política ha tenido entre otras consecuencias la represión contra comunicadores y periodistas e intentos de cierres de medios de comunicación comunitarios”, afirman.

Finalmente, las instituciones realizan una interpelación al Estado chileno, emplazando al poder ejecutivo, legislativo y judicial a “respetar los derechos humanos a los que se ha obligado en virtud de tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes.  La orientación de la actuación de los órganos del Estado sobre la base de las directrices del derecho internacional de los derechos humanos resulta a nuestro entender fundamental para avanzar en la introducción de las transformaciones que la ciudadanía viene demandando sin ser hasta ahora escuchada, así como también, para hacer posible una convivencia social más armónica, que permita la superación de la conflictividad  hoy existente”, concluye el informe.

Descargar informe completo aquí

Hace un par de años estuvo en Chile invitada por Acción y otras organizaciones para hablar sobre la importancia de proteger los bienes comunes de la humanidad como la energía, la tierra y el agua , su visita vino a reforzar la necesidad de discutir un cambio de paradigma en el modelo de globalización, que ponga el acento en el uso sustentable de las riquezas de los pueblos y no sólo en el crecimiento económico producto de la actividad privada, esa era Danielle Mitterand, una mujer fuerte y comprometida con Latinoamérica.

En su calidad de presidenta de la Fundación France Libertés, realizó una importante labor en diversos lugares del mundo para promover, informar y movilizar a las personas y asociaciones, en torno a sus derechos fundamentales, participando también en el Foro Social Mundial.  Su lucha por los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia la instalan como figura emblemática en la defensa de los derechos y libertades de los pueblos.

Desde el 01 de septiembre de 2011 y hasta el 22 de noviembre de 2011, es el plazo para la presentación de trabajos.  El jurado deliberará durante la segunda quincena noviembre, para luego proceder a la premiación, que se realizará en un acto público en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el que se conmemora el 10 de diciembre.

Las fotografías pueden ser tomadas con cámara digital o análoga; tanto a color, blanco y negro, como fotomontaje.  El concursante podrá a su vez hacer libre uso de filtros, lentes o cualquier otro tipo de accesorio para el trabajo de su fotografía.

Los trabajos en formato digital (JPG, mínimo 300dpi o mayor resolución) deben ser enviados al correo electrónico: concursofotografico@observatorio.cl Mientras en formato impreso (papel fotográfico, 20×25 cm o medidas similares), pueden ser remitidos a cualquiera de las dos siguientes direcciones: Antonio Varas 428, Temuco (045-213963); Bandera 537, of. 46, Santiago (02-6993921).

Los ganadores recibirán una obra enmarcada del fotógrafo George Munro, además de equipamiento fotográfico para los primeros lugares de cada categoría.

Mayores informaciones sobre el concurso y sus bases en www.observatorio.cl

El Premio se otorgará a una persona, hombre o mujer, chilena o excepcionalmente extranjera, que se haya destacado en la promoción de una memoria histórica sana, en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile.

La postulación debe incluir los antecedentes que justifiquen el mérito del/la candidato/a, para optar al galardón, que entregará un diploma de reconocimiento, un monto en dinero y una pensión vitalicia.

El periodo para presentar postulaciones se extenderá desde el 26 de septiembre al 28 de noviembre 2011, hasta las 12:00 horas.

El jurado, compuesto por los/as integrantes del Consejo del INDH, entregará el resultado durante el mes de diciembre de 2011, e informará a través de los medios de comunicación nacionales y de la página web del Instituto. La ceremonia de premiación se realizará en el mes de marzo de 2012, en Santiago de Chile.

Las bases para presentar postulaciones y más información sobre el Premio, se pueden encontrar en www.indh.cl y las consultas sobre esta convocatoria, podrán hacerse por correo electrónico dirigido a premioderechoshumanos@indh.cl o al fono 02-8878843.

Señora
Dinah Shelton
Presidenta CIDH
Presente

Señora Shelton,

El sábado 1 de octubre el gobierno de Chile ha anunciado el envío al Parlamento de un proyecto de Ley que busca castigar con penas de cárcel diversas expresiones de protesta social a través de la modificación del Código Penal, lo que a juicio de la sociedad civil atenta gravemente contra las libertades públicas, aumenta la represión y busca impedir las manifestaciones callejeras.

Este proyecto de ley podría conculcar gravemente los derechos de reunión y la libertad de expresión expresión, lo que podría incluso constituir infracciones a los compromisos internacionales que en materia de Derechos Humanos tiene el Estado de Chile y a los derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución.

Este proyecto se presenta además en un contexto de manifestaciones públicas en el que amplios sectores de la sociedad expresan, desde hace 5 meses a través de marchas y tomas de colegios, liceos y universidades, críticas de fondo al sistema de educación pública.

Nos parece que existe la intención de expandir el derecho penal para criminalizar la protesta social más allá de lo que una sociedad democrática puede tolerar y para ilegalizar cualquier forma de expresión de disidencia, otorgando a priori un carácter violento a formas de acción que muchas veces corresponden a prácticas de libertad de expresión y opinión.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el presidente de la República Sebastián Piñera y el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a los medios de comunicación, esta Ley contempla penas de entre 541 días hasta tres años de cárcel, a las siguientes acciones:

• Invadir u ocupar ilícitamente inmuebles educacionales, religiosos, de oficinas e industriales, entre otros;
• Impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos en calles y caminos;
• Interrumpir los servicios públicos.

Las manifestaciones ocurridas en Chile cuentan con un amplio respaldo de la ciudadanía e iniciativas como el proyecto de ley mencionado, sólo contribuirán a retroceder en las negociaciones que buscan una salida a las demandas sociales y a generar un clima de criminalización del movimiento estudiantil y de los movimientos sociales en general.

Consideramos que las repuestas a las demandas sociales deben ser enfrentadas con más democracia y más participación. El gobierno, en cambio, está proponiendo medidas de carácter autoritario que sólo contribuirán a agudizar los conflictos y a generar un clima de mayor malestar en la ciudadanía.

Manifestamos nuestra preocupación porque medidas como ésta acentúen un retroceso en nuestro país en materia de derechos humanos. Tal como señala el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile presentado esta semana y elaborado por la Universidad Diego Portales “a las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados -agrega el informe-, los carros lanza aguas disolviendo marchas pacíficas y jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta”.

Expertos y autoridades ya se han pronunciado al respecto. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries sostuvo que “(…) los anuncios gubernamentales nos preocupan porque se inscriben en el marco, por un lado, de la persecución de actos de violencia delictual, y por otro, con derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución”.

Jorge Contesse, director del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, planteó que (…) la autoridad que quiere regular estas manifestaciones tiene que hacerlo en forma rigurosa y tiene que regirse por regulaciones contempladas en la Constitución y tratados internacionales. En este contexto, la autoridad política chilena no tiene un acercamiento riguroso a la protesta y legitima por omisión los excesos policiales que en una democracia sólida tendrían una seria contención a nivel de la autoridad”.

Enviamos estos antecedentes para ponerlos en conocimiento del grave anuncio realizado por el gobierno chileno que, a nuestro juicio, vulnera principios del estado de derecho que debe regir en un sistema democrático. Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que usted preside acoja nuestra denuncia y pueda hacer una advertencia de carácter internacional para evitar que se limiten las libertades públicas en nuestro país y se atente contra nuestra democracia.

Kempf plantea en sus reflexiones que no se resolverá la crisis ecológica sin antes atacar la crisis social. Sugiere que es la oligarquía quien controla las finanzas, la economía y la política, además de los medios de comunicación en el mundo y que es su avaricia la que amenaza el planeta.

Su presencia en Chile ha sido gestionada por la Delegación Regional Francesa de Cooperación para el Cono Sur y Brasil y sus conferencias han sido organizadas junto a la asociación gremial de ONG’s Acción, con el apoyo de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales, de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Municipalidad de Pedro Aguire Cerda.

La actividad es pública, la entrada es liberada y sólo hay que inscribirse en el correo info@accionag.cl

Más información en icf.cl

La audiencia temática que se llevará a cabo este viernes 25 de marzo de 2011 en Washington, es la primera concedida para tratar la temática de la niñez indígena en Chile, y la quinta a nivel continental.

El Informe reúne información recabada sobre violaciones a los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes mapuche en Chile, perpetradas por instituciones del Estado de Chile.

Casos de niños y niñas entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados y pateados, golpeados con armas de fuego, torturados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus establecimientos educacionales, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de sólo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia institucional documentada, que han sufrido niños, niñas y adolescentes mapuche durante los últimos once años.

Además, el documento da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de 18 años sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenazas durante los horarios de clases y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas para registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres.

Las organizaciones que acuden a la CIDH, advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.

Pra Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto Pichikeche de Fundación Anide “No existe por parte del Estado un reconocimiento público de la violencia institucional contra la niñez mapuche, y tampoco ha implementado medidas reparatorias que apunten a la construcción de las condiciones de protección especial de derechos de la niñez mapuche en los protocolos policiales”, indicó la antropóloga.

Para la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, es muy preocupante e inaceptable que se desconozcan tanto leyes nacionales como convenios internacionales incluso en el tratamiento a adolescentes privados de libertad. Lo más grave en este sentido es la aplicación de la Ley Antiterrorista (Ley 18.314, ref. 20.467) a adolescentes mapuche.

“La ilegal e ilegítima aplicación de la ley antiterrorista, que ha sido invocada en 5 casos de personas menores de 18 años, lo que no sólo es contradictorio con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que señala que los niños y niñas en conflicto con la ley requieren de un tratamiento especial, sino que además, va en contra de la modificación legislativa que se hizo a la Ley Antiterrorista el 2010, donde se excluye expresamente su aplicación a los casos en que estén involucrados personas menores de 18 años”, enfatizó Carlos Muñoz Reyes, vocero de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile.

Las organizaciones que se presentarán en la CIDH, señalan que el objetivo de esta audiencia es poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche perteneciente a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales; a la vez que solicitar su arbitrio de las medida necesarias a fin de que el Estado chileno adecue el régimen legal y las políticas públicas, a las pautas básicas establecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Carlos Muñoz Reyes, Vocero Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile; Ana Cortez Salas, coordinadora del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE; y Lorenzo Morales Cortés, abogado asesor del Proyecto PICHIKECHE, de la Fundación ANIDE, serán los encargados de presentar el Informe de Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche ante la CIDH. Los acompaña Georgina Villalta, Miembro de la Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. (REDLAMYC)

Esta audiencia temática se realizará el viernes 25 de marzo de 2011, en Washington DC. Y se transmitirá en directo por internet, vía streaming, en el enlace http://www.livestream.com/oasspanish a las 14:00 hrs. de Washington, o 15:00 hrs. en Chile.

- Desde Washington, la delegación de Fundación Anide y las ONGs de Infancia de Chile, estarán disponibles telefónicamente para la prensa.

- En Chile habrá otros voceros disponibles, para quienes requieran entrevista presencial.

Conntacto de prensa: Pamela Sepúlveda Rosales, Periodista Fundación ANIDE, (056-9) 9-848 4658

fundación.anide2011@gmail.com

www.anide.cl/

libertadninos.wordpress.com/

www.infanciachile.cl

Constatamos que el 2010 ha sido un año deficitario para la vigencia de estos derechos en el país, ya que no solo no se ha avanzado en la introducción de reformas jurídicas y políticas imprescindibles para hacer posible el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, sino que tampoco se han adoptado las políticas públicas que permitan asegurar su ejercicio efectivo.

Entre los ámbitos de derechos humanos en que nuestro país tiene el más grave déficit, destacamos la persistencia del Decreto-Ley de Amnistía cuya derogación fuera mandatada por la Corte IDH al estado chileno en la sentencia pronunciada en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile el 2006, legislación que impide hacer justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado. También nos preocupa la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles, en contradicción con lo dispuesto por la CIDH en la sentencia recaída en el caso Palamara Iribarne v. Chile (2005), en la que conminó al estado a modificar el Código de Justicia Militar, limitando su jurisdicción al enjuiciamiento de personal militar acusado de cometer delitos de carácter militar. La ley aprobada por el Congreso en octubre pasado en el contexto de la huelga de hambre que este año desarrollaron los mapuche procesados por Ley Antiterrorista mantuvo pendiente para el futuro la discusión sobre el término del fuero militar para juzgar a civiles por delitos en contra de militares.

Otro hecho grave ha sido el procesamiento por Ley Antiterrorista de integrantes del pueblo mapuche por hechos de protesta social vinculados a la defensa de sus tierras. El acuerdo suscrito entre los presos mapuche y el gobierno al término de la huelga de hambre que los primeros sostuvieran por más de 80 días, mediante el cual este último se comprometió a recalificar las querellas de carácter terrorista que había presentado contra los mapuche imputados, ha sido cumplido solo de manera parcial por el Gobierno.

En materia de derechos de la mujer, el estado sigue sin ratificar del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, así como tampoco ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de derogar el régimen actual de sociedad conyugal que discrimina en contra de las mujeres impidiéndoles la administración de sus bienes. Tampoco se avanzó en el debate legislativo de medidas contra la discriminación y en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas que viven juntas con independencia de su orientación sexual. Preocupa además el retroceso en la participación política de las mujeres al haberse puesto fin a la paridad en altos cargos gubernamentales.

Nos preocupan las deplorables condiciones de vida de los internos en los centros penitenciarios del país, la sobrepoblación en relación a la capacidad del sistema penitenciario, los castigos en celdas solitarias y otros, los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que son objeto. Dos hechos críticos evidencian el 2010 el agravamiento de esta situación; el terremoto de febrero que afectó seriamente la infraestructura carcelaria de recintos de las regiones Séptima y Octava regiones con un saldo de once muertos y ocho heridos, además de fugas masivas y amotinamientos, y al momento de elaborarse esta opinión, el incendio que afecto al penal de San Miguel que provocó la muerte de más de 80 reclusos.

En el campo de libertad de expresión y derecho a la comunicación, condenamos la vigencia del Artículo 36B(a) de la Ley general de telecomunicaciones como atentatorio a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el que establece penas carcelarias a radios que transmiten sin autorización. Durante el año 2010 se han denunciado 6 casos de aplicación de dicho articulado, donde se han incautado equipos a radiodifusores comunitarios y se han cerrado emisoras. A esto se suma la débil legislación en radios comunitarias promulgada en mayo 2010, cuya revisión y adecuación a los estándares internacionales de libertad de expresión es imprescindible.

Finalmente, hacemos un llamado al Sistema de Naciones Unidas en Chile a cooperar más activamente con la sociedad civil en nuestros esfuerzos por monitorear el cumplimiento por parte del estado de Chile de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, le instamos a apoyar la difusión y otras acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratado, los procedimientos especiales, han hecho a Chile en esta materia en los últimos años cuyo cumplimiento sigue pendiente.

10 de diciembre de 2010.

ACCIÓN (ASOCIACIÓN CHILENA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES)

AMNISTÍA INTERNACIONAL CHILE

ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, RAMA CHILENA

CINPRODH (CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)

CINTRAS (CENTRO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS)

CODEPU (CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)

CONSEJO DE PUEBLOS LICKAN ANTAY (ATACAMEÑOS)

COORDINADORA AYMARA POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE ARICA PARINACOTA

COORDINADORA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DE VALDIVIA

CORPORACION HUMANAS (CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO)

CORPORACIÓN LA MORADA

FUNDACIÓN TERRAM

LIBERAR (APRUPACIÓN POR LA LIBERTAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)

OBSERVATORIO CIUDADANO

WALLMAPUWEN

Descargar: documento declaración día de los derechos humanos – 2010 (pdf)

imagen@Alejandro Dagnino J.