Las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y El Caribe que hemos deliberado sobre cómo mejorar la eficacia de la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID) en relación con la agenda del 4to. Foro de Alto Nivel (4FAN) que se realiza en Corea del Sur, hemos consolidado un conjunto de apuestas políticas como región, que se complementan y concretan con las construidas en cada país. Estas se traducen en las siguientes cinco propuestas:

- La CID es, y debe ser tratada, como un bien público global dedicado al financiamiento del desarrollo y a la realización de los derechos humanos de todas las personas y a la superación de las desigualdades y de cualquier forma de exclusión.

- Las OSC somos actoras sociales del desarrollo y actoras políticas de los procesos de profundización de la democracia en nuestras sociedades que, cuando contamos con condiciones adecuadas en el entorno, contribuimos con nuestra acción al enriquecimiento de agenda pública, al empoderamiento de los grupos sociales para la realización de sus derechos, al control de los bienes públicos incluidos aquellos provenientes de la CID y a la sostenibilidad de los procesos en marcha.

- La cooperación con países de renta media debe transformarse pero debe continuar, lo que implica reconocer que la pobreza, la desigualdad y la exclusión, donde quiera que geográficamente se ubiquen son problemas que atañen a toda la humanidad y por tanto al sistema de la CID.

- El fortalecimiento de las OSC debe constituirse en un propósito central de los procesos de desarrollo y de la CID en su conjunto. Es crucial acordar que cualquier proyecto o acción con propósitos de desarrollo que se ejecute en un territorio,debe incluir el fortalecimiento del tejido organizativo de ese territorio como parte de sus indicadores de éxito.

- La atención a la equidad entre los géneros y los derechos de las mujeres, incluido el fortalecimiento de sus organizaciones y redes, ha emergido como un acuerdo generalizado entre las OSC de la región que se ubica en el primer nivel de prioridad.

Y esto, es tanto un mensaje para los actores públicos, como para la CID y las propias OSC.

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Hace un par de años estuvo en Chile invitada por Acción y otras organizaciones para hablar sobre la importancia de proteger los bienes comunes de la humanidad como la energía, la tierra y el agua , su visita vino a reforzar la necesidad de discutir un cambio de paradigma en el modelo de globalización, que ponga el acento en el uso sustentable de las riquezas de los pueblos y no sólo en el crecimiento económico producto de la actividad privada, esa era Danielle Mitterand, una mujer fuerte y comprometida con Latinoamérica.

En su calidad de presidenta de la Fundación France Libertés, realizó una importante labor en diversos lugares del mundo para promover, informar y movilizar a las personas y asociaciones, en torno a sus derechos fundamentales, participando también en el Foro Social Mundial.  Su lucha por los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia la instalan como figura emblemática en la defensa de los derechos y libertades de los pueblos.

La selección de los entrevistados, el uso de imágenes, la intencionalidad de las preguntas y la edición de la nota buscan generar una sensación de caos asociados a las marchas ciudadanas, obviando en su nota que la gran mayoría de los cerca de 90 mil participantes de esa marcha no cometieron destrozo alguno, ni fueron parte de actos de vandalismo. Los 9 minutos de la nota no consideran la opinión de los marchantes, ninguna opinión positiva respecto de las marchas, no contextualiza el problema, ni da espacio para la opinión de expertos que pudiesen dar elementos para comprender el fenómeno de la violencia. No se explicita tampoco con claridad, ni se da el tiempo necesario para precisar que los hechos de violencia corresponden a un grupo muy minoritario que de acuerdo a cifras de carabineros no superó a las 400 personas.

La sensación que genera el programa es que estas manifestaciones de descontento masivo provocan caos, violencia, destrozos y temor, lo que evidentemente genera rechazo en el espectador y por supuesto distancia de las legítimas reivindicaciones de estos movimientos ciudadanos que se expresan en el espacio público.

La nota evidenció un sesgo extremadamente grave que atenta contra el pluralismo, la democracia y la paz social, criminalizando el derecho a manifestarse libremente a través de una selección tendenciosa, éticamente reprochable, deshonesta intelectualmente y errada en cuánto a su enfoque de entrevistados e imágenes.

Consideramos que la falta de equilibrio en la nota merece una sanción de este Consejo, ya que transgrede el derecho al pluralismo, la democracia y la paz social.

No justificamos la violencia ejercida por estos grupos minoritarios, sin embargo consideramos que la falta de equilibrio en la nota puede generar finalmente más indignación y violencia.

Link de la nota http://tele13.13.cl/reporteros/la-otra-cara-de-las-marchas

La candidatura de Sebastián Piñera suele acusar catastrofismo cada vez que se advierten las consecuencias que puede acarrear la concentración del poder de parte de su sector político. Junto con una probable agudización de la conflictividad social, un gobierno de derecha representaría un retroceso grave en la ya precaria libertad de expresión e información que vivimos. A la oligopolización de la propiedad de los medios se sumará la pérdida de algunos espacios que han permitido la expresión de voces independientes y ciudadanas. Se impondrá un modelo de democracia enmudecida, donde algunos tendrán el completo control de la agenda de debates y propuestas de país.

Esto ya es evidente en la prensa que apoya su opción electoral. Son evidentes los límites editoriales que imponen los diarios que favorecen a Piñera, con la inexistencia, irrelevancia e invisibilidad de conceptos o actores que no cuentan con derecho a ciudadanía en sus páginas. Hace poco el abogado Roberto Garretón intentó vanamente responder en La Tercera las opiniones del economista Sebastián Edwards sobre la necesidad de reformas a la Constitución. Para el editor de opinión de ese medio el tema constitucional ya no era de interés ni estaba en el debate. Fue necesario esperar a que la columna de Garretón apareciera en La Nación para poder contar con su punto de vista.

Tal vez podamos recordar que durante la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a Holanda se produjo una polémica inexplicable a raíz de la comparación que ella realizó entre la casa de Anna Frank y Villa Grimaldi. En la ocasión el presidente de RN, Carlos Larraín, descalificó violentamente las opiniones de la Mandataria y a la vez trivializó las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. Desde las ONG consideramos que sus palabras superaban los consensos democráticos construidos en los últimos años y requerían una respuesta clara y contundente. Al acudir a La Tercera para replicar se nos informó que ya habían solicitado a otra persona una columna sobre el tema. Al domingo siguiente Hermógenes Pérez de Arce aparecía ahí no sólo reafirmando los dichos de Larraín, sino criminalizando a las víctimas de Villa Grimaldi. Hace poco, a raíz de la polémica por el informe de Chile Transparente, La Tercera dio espacio a una opinión que intentaba mostrar que las incoherencias en el directorio de la institución eran una muestra de la irrelevancia de todas las ONG. Al reclamar el derecho a réplica, se nos informó que el diario no había contemplado esa posibilidad ante este punto.

Estos ejemplos, que son los que están a nuestro modesto alcance, podrían ser complementados por los que entre muchos otros actores podríamos recordar. Durante 17 años una de las violencias más abusivas que vivió el país no se ejerció en regimientos o campos de concentración. Se implementó en las reuniones de pauta de los medios, que les permitían recrear la realidad desde la virtualidad de quienes decretaban la vida o la muerte de palabras e ideas. Ésta es la amenaza que enfrentamos.

Los medios de comunicación chilenos han concentrado tal grado de poder económico y político que se han convertido en los grandes electores, por encima de los millones de ciudadanos que son inducidos a votar contra sus propios intereses. Para sobrepasar este riesgo es necesario desandar algunos supuestos que deben ser denunciados. La libertad de prensa no se puede identificar con la libertad de la propiedad. Tampoco es posible radicar en internet el surgimiento de las formas de comunicación alternativa, por más importante que resulte la teoría de la conectividad. Es necesario resguardar la existencia de medios públicos que garanticen la pluralidad de ideas y de actores que ingresen en el debate nacional. Se trata de avanzar hacia medios públicos, que permitan ejercer el contrapeso al mercado de la prensa comercial, anclada a los intereses de quienes monopolizan el poder de veto y difusión.

Este análisis no debería ser considerado catastrofista ni aterrorizante. Todos los antecedentes que manejamos respecto a la derecha chilena le dan coherencia. Hasta hoy nunca se ha visto la menor actitud de apertura al diálogo, al debate y al pluralismo en los medios que se identifican con ese sector. ¿Por qué deberíamos esperar que en un gobierno de Piñera las cosas vayan a ser diferentes?