Las reacciones desde España han sido desmedidas. El gobierno del conservador Rajoy, confundiendo lo público con lo privado, salió en una defensa corporativa de los intereses de REPSOL como si fueran los del propio estado, amenazando a Argentina con el cierre de mercados de compra, como el de los biocombustibles. REPSOL, por su parte, ha adelantando que recurrirá al arbitraje de CIADIS, entidad vinculada al Banco Mundial, y valoró sus acciones en 10.500 millones de dólares, cifra a todas luces muy superior al valor real de las inversiones que efectuara en YPF.

Las reacciones desde el gobierno chileno han sido las esperadas para una administración para la cual la defensa de la propiedad privada y de los intereses de las grandes corporaciones, por sobre los intereses de los chilenos, constituye una prioridad. Las autoridades gubernamentales y sus aliados políticos han acusado a Argentina de falta de seriedad, de retrotraer a América Latina a la década del 70′, y de afectar intereses chilenos -bastante exiguos de acuerdo a toda la información disponible- asociados a REPSOL en su operación de YPF.

Esta medida de la Presidenta Kirchner que busca retomar el control público de YPF, como sabemos, no es una de carácter aislado. Ella forma parte de un conjunto de iniciativas adoptadas por su gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner, permitiendo a Argentina el control sobre áreas vitales de la actividad económica y sobre empresas de interés social, así como sobre recursos naturales esenciales para el desarrollo del país. Tales medidas han incluido en la última década la cancelación de la deuda con el FMI, mediante el uso de sus reservas líquidas y disponibles; la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, también adquirida por capitales españoles; la nacionalización de las entidades previsionales privadas (AFPJ), creadas a imagen y semejanza de nuestras criollas AFP; y la aprobación de la ley de medios de comunicación, esta última orientada a evitar la concentración de los medios en manos privadas, abriendo espacios a la propiedad pública y la propiedad ciudadana de los mismos.

Quienes impugnan estas medidas cuestionan los procedimientos utilizados para hacerlas efectivas. Al respecto, se debe señalar que el gobierno argentino nunca ha puesto en cuestión el pago, a precio justo, de los capitales expropiados. Otros cuestionan que los Kirchner -desde la gobernación de Santa Cruz en el caso de Néstor y desde la Cámara de Diputados en el caso de Cristina- apoyaran en su momento la privatización de YPF. No se entiende por qué una decisión adoptada hace veinte años no se puede revisar, más aún cuando ella ha resultado en un mal negocio para Argentina. Nadie podrá, además, cuestionar el objetivo de fondo de estas medidas. Al nacionalizar YPF Argentina no ha hecho más que reclamar su soberanía y ejercer un derecho fundamental reconocido a todos los pueblos por Naciones Unidas, cual es el derecho de libre determinación en materia política y económica.

La medida anunciada por Cristina no puede sino interpelarnos como estado y como sociedad. Ella deja en evidencia la falta de control que tenemos sobre los recursos naturales, los que como sabemos han sido apropiados por grandes conglomerados nacionales y trasnacionales, sin recibir el estado, en la mayoría de los casos, un pago por ello. Ello ha sido posible al amparo de una institucionalidad impuesta por la dictadura militar, que lamentablemente sigue vigente hasta la fecha.

El ejemplo más claro es el de los recursos mineros, dos tercios de los cuales están en poder de empresas privadas, la mayoría de ellas trasnacionales, cuyas ventas el año pasado alcanzaron alrededor de 50 mil millones de dólares, los que equivalen a un cuatro del Producto Interno Bruto del país. El otro bien común que ha sido apropiado sin pago alguno por grandes conglomerados es el agua. Al 2004 ENDESA, de capitales españoles, poseía el 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas para uso no consuntivo del país.

Aparte del lucro que estas empresas obtienen por la explotación y el aprovechamiento de estos recursos, sus actividades han tenido gran impacto sobre pueblos indígenas y comunidades locales, muchas de las cuales hacen uso ancestral de los mismos y que hoy se ven desplazadas o relocalizadas, sin compensación y sin participación alguna en los beneficios que se generan.

Otro ejemplo de este verdadero saqueo del que hemos sido objeto los chilenos al amparo de la institucionalidad dictatorial, es el de la apropiación de nuestros ahorros previsionales por parte de las AFP. Sobre la base de dicha institucionalidad, los chilenos en edad laboral estamos obligados a entregar nuestros ahorros previsionales a conglomerados privados, los que luego de tres décadas, han acumulado enormes capitales que les han permitido el control de áreas claves de la economía. Su poder es tal, que cuatro de estos conglomerados -generalmente asociados a familias- obtienen las mismas ganancias que cuatro millones de trabajadores. Es esta realidad la que ha determinado que Chile sea uno de los países más inequitativos de la región y del planeta, en donde el 10% de los chilenos tienen ingresos promedio que superan los de Noruega, y el 10% más pobre tiene ingresos similares a los de Costa de Marfil.

Por ello es que la nacionalización de los recursos naturales ha sido propuesta por diversos sectores de la sociedad chilena en los últimos años. Ella, sin embargo, no ha sido, ni será posible en el marco de la institucionalidad actual, la que a través de distintos mecanismos -como el binominalismo y los elevados quórums de reforma constitucional y legal- estuvo concebida precisamente para la posibilitar la apropiación de dichos bienes, y para impedir cualquier intento de control público.

Ello nos lleva inevitablemente, como lo hemos venido señalando en forma reiterada en columnas anteriores, a plantearnos el tema de la transformación institucional, sin la cual los chilenos y chilenas, así como los pueblos y comunidades que integramos este país, seguiremos siendo despojados de los recursos que nos pertenecen, y lo que es más grave, de la posibilidad de determinar libremente nuestro destino en materia económica y política. Tal transformación, como crecientes sectores sociales hemos venido planteando en los últimos años, requiere de cambios institucionales profundos, y no solo de cambios cosméticos como aquellos que parecen promover algunos sectores de gobierno y oposición. Cambios que únicamente serán posibles a través de la conformación democrática y plural de una instancia constituyente, con la participación de todos los sectores de la ciudadanía, incluyendo, por cierto a los sectores hasta ahora excluidos del sistema político.

La experiencia de varios estados en la región, como Colombia, Ecuador y Bolivia, que en los últimos años han conformado asambleas constituyentes democráticas, plurales e interculturales, a través de las cuales construyeron pactos sociales inclusivos donde se abordaron, entre otros temas, el del control público de los recursos naturales y de otros bienes comunes y el de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre los mismos, nos demuestra que ello es posible.

La experiencia Argentina de la última década, además, nos demuestra que la adopción de medidas como la nacionalización de YPF, lejos de generar el caos pronosticado por los sectores más conservadores, han posibilitado el fortalecimiento de una economía cuyos beneficios son crecientemente compartidos entre todos quienes habitan en ese país, incluyendo los migrantes de otros países que llegan a territorio argentino. Ello, a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde la riqueza la concentran mezquinamente unos pocos.

Vamos, vamos chilenos ¿donde está nuestra dignidad?

Dependiendo del día, la sensación puede variar a estar al medio de una cuenta regresiva, como esas películas donde todos presienten que una bomba estallará y nadie llega a tiempo para desactivarla. La sordera por parte de los sectores políticos que hoy tienen el poder es tan incomprensible como poco estratégica.

Cuando los partidos y sus parlamentarios/as -que no dejan de descender en las encuestas- son incapaces de abrir una válvula a demandas sentidas de la ciudadanía, aunque sólo sea para debatir o para informar, avanzamos rápido y directo a un camino donde la impotencia puede convertirse, en cualquier momento, en el grito “que se vayan todos”.

A diario vemos a pequeños grupos que escuchan a otros pequeños grupos, dejando fuera de toda conversación a una mayoría que vocifera hasta quedar sin aire. Y un factor común que aparece en los conflictos de los últimos años es la inutilidad de los actuales y escasos mecanismos de participación que existen. ¿Qué lleva, por ejemplo, a un senador a tomar más en cuenta los argumentos de un grupo de adolescentes conservadores autodenominados “pro vida” que a médicos, mujeres que han sufrido embarazos inviables, ONGs, movimientos de mujeres y organismos internacionales de derechos humanos?

Es lo que estamos presenciando cuando el Senado pospone el debate sobre la idea de legislar en materia de aborto terapéutico. Las encuestas señalan que más de un 70% de las mujeres está de acuerdo con su despenalización y diversas organizaciones de la sociedad civil vienen pidiendo hace décadas una legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué es lo que lleva a este mismo parlamentario a desestimar la opinión de ese 70%?

La ciudadanía organizada, particularmente las organizaciones de mujeres, ha invertido tiempo, recursos y esfuerzos, para lograr que se reponga un derecho que teníamos hasta el año 1989. Un derecho que tuvieron nuestras madres, abuelas y bisabuelas y que perdimos por otro de los acuerdos que, se supone, conducirían a una transición más estable.

Dos décadas después, otro acuerdo entre los partidos conservadores nos podría dejar sin la posibilidad de abrir un debate público y sin censura. Porque si hay algo en lo que los partidos se perfeccionaron estos años fue en buscar fórmulas cada vez más sofisticadas o en resucitar, como en este caso, clásicas alianzas para evitar que la democracia se exprese en plenitud.

Más allá de las mal llamadas diferencias valóricas, el rumbo que está tomando la negativa a legislar sobre aborto terapéutico refleja la falta de voluntad política para que construyamos de manera conjunta una mejor democracia y para permitir e incentivar que la ciudadanía se involucre activamente en los asuntos públicos. Otra vez un sector de los parlamentarios decidirá de espaldas a la ciudadanía qué es lo que nos conviene o no saber, qué es lo que debemos o no debatir. También refleja una ausencia de ética política, porque fueron elegidos/as para legislar por el bien común y defender nuestros derechos.

Es en momentos como este cuando se requiere que quienes fueron votados para ejercer el poder, tomen la oportunidad histórica de darle aire a una democracia sin fuerzas y a reivindicar los derechos de sus ciudadanas, en un país donde las mujeres no tenemos derecho al aborto pero la democracia se interrumpe a diario, sin compasión.

[pullquote]Mientras los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados el 2004 por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista de una propiedad forestal de menos de 10 hectáreas, a una pena de 5 años y un día de cárcel, el culpable del incendio del Parque Torres del Paine, de ser sancionado, lo será con una multa de a lo más 4 UTM, o con un máximo de 61 días de presidio[/pullquote]

Al igual que en otras latitudes, los incendios son comunes en épocas de verano.  Ellos se han vuelto cada vez más recurrentes y de mayor magnitud con el cambio climático acelerado que hoy vive el planeta.  Sin embargo, son muchos los antecedentes que nos hacen pensar que en Chile no estamos haciendo bien las cosas.  Que incendios como los ocurridos en los últimos días, si bien constituyen un fenómeno cada vez más habitual en las estaciones  cálidas, podrían prevenirse de muchas formas, y así el daño ambiental, material y el sufrimiento que éstos provocan, podría evitarse.  Entre estos antecedentes, me parece relevante destacar los siguientes:

1.- El incendio ocurrido en las comunas de Quillón y Florida se produce en una de las regiones del país (Bío Bío) de mayor concentración de plantaciones de monocultivos exóticos (pino radiata y eucaliptus), monocultivos que procesa, entre otras, la planta de celulosa de Nueva Aldea, de propiedad de forestal Arauco, allí emplazada, planta que también resultó afectada por el incendio.  La expansión de las plantaciones exóticas en Chile, iniciada ya hace décadas, ha sido financiada por cuantiosos subsidios otorgados por el estado.  No obstante existir abundante información sobre los graves impactos  ambientales que éstas provocan, entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población.  Paradójicamente, tales plantaciones, que producen impactos adversos en los ecosistemas del país y los dejan expuestos a siniestros como el incendio de los últimos días, han generado utilidades millonarias, que en el caso de Arauco ascendieron el 2010 a más de 700 millones de dólares.  Arauco se lleva las utilidades, el estado debe apagar los incendios.  Gran negocio para Chile.

2.- Nadie puede desconocer que el patrimonio ambiental del país se encuentra desprotegido de múltiples maneras.  Ello como consecuencia del modelo económico impulsado por el estado chileno, el que como sabemos, se basa fundamentalmente en la extracción y procesamiento de recursos naturales.  También como consecuencia de la debilidad del sistema nacional de áreas protegidas, sistema que además de no proteger adecuadamente los diversos ecosistemas existentes en el país, se encuentra en la actualidad no solo desfinanciado, sino también en manos de una entidad privada (CONAF).  Así, por ejemplo, al año 2007 CONAF destinaba a las áreas protegidas de todo el país tan solo 13 millones de dólares, en contraposición a los 46 millones de dólares que destinaba a subsidiar las plantaciones de monocultivos, como las de Arauco en la región del Bío Bío.  No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado hace unos días atrás.  Era algo que debía haber sido previsto.  Cabe señalar que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición del servicio de biodiversidad al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión por cierto valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones.  Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo responderán los privados, cuyo fin es el lucro, frente a siniestros como el ocurrido en Torres del Paine en caso de asumir su administración? ¿Se harán responsables de ellos o traspasarán la responsabilidad al estado?  La respuesta es obvia.

3.  De de acuerdo a la legislación vigente -la Ley de Bosques-, que data de la década del treinta, la penalidad establecida para los incendios de bosques es de una multa de hasta 4 UTM, o de sanciones penales que no superan los 61 días de presidio.  Se trata de penas tan exiguas, que difícilmente podrán incidir en un cambio en las conductas irresponsables de los usuarios de áreas protegidas del estado, tanto nacionales como extranjeros, quienes no parecen tener mayor preocupación por el cuidado de estos bienes comunes.  Ello contrasta dramáticamente, por ejemplo, con la severidad de las penas establecidas para el delito de “incendio terrorista”, las que aún luego de la modificación de esta ley el 2010, pueden alcanzar hasta 20 años de presidio.  Solo un caso para graficar esta realidad; mientras los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados el 2004 por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista de una propiedad forestal de menos de 10 hectáreas, a una pena de 5 años y un día de cárcel, el culpable del incendio del Parque Torres del Paine, de ser sancionado, lo será con una multa de a lo más 4 UTM, o con un máximo de 61 días de presidio.  Esta evidente injusticia es consecuencia tanto de la negligencia de los legisladores para reformar una legislación anacrónica, así como de los tribunales de justicia para interpretar y aplicar las leyes vigentes de manera adecuada.  Con razón el parlamento y el poder judicial cuentan con la confianza de tan solo el 13 % de la población, según la última encuesta del CEP de diciembre de 2011, entidad que nadie puede acusar de extremista o menos de ambientalista.

Chile huele a quemado.  Si no nos hacemos cargo de las realidades aquí descritas que están detrás de estos incendios, y que intentan dar pistas de los temas críticos que deben ser abordados para enfrentarlos, no lloremos después por las desgracias que éstos provocan.

Nadie puede negar que la reconstrucción ha significado procesos de empobrecimiento para grupos importantes entre las poblaciones afectadas, no es menos cierto que la percepción ciudadana es que más allá de los gobiernos locales, las autoridades del gobierno central han reducido los desafíos de la reconstrucción a una escuálida política de vivienda, donde también se ha hecho sentir la voracidad del negocio inmobiliario.

Todo lo anterior, como han dado cuenta las radios comunitarias de las regiones afectadas, ha desencadenado una experiencia de ruptura con la pertenencia a la idea de comunidad/país por parte de grupos ciudadanos que han visto reducida su traumática experiencia de la catástrofe a la condición de damnificados. Los afectados no han podido encontrar dinámicas de trabajo con las autoridades y con la sociedad que después del tiempo transcurrido ciudadanice las diferentes dimensiones que concretan la construcción de una nueva vida.

No es sólo la precariedad material, es la privatización del relato de la experiencia colectiva que ha abandonado los medios de comunicación nacionales y sólo reaparece por la movilización de algunos sectores que organizan su irrupción pública en torno a demandas sectoriales.

Se va postergando de manera indefinida la “sanación” de la ruptura provocada por la naturaleza y se van instalando especialmente entre las poblaciones rurales la idea de una tragedia que no puede ser superada más que en base al esfuerzo familiar. Y desde esa perspectiva el sismo y sus efectos amplifican la desigualdad en función de pérdidas materiales que se transforman en marginalidad social y política.

En esas condiciones se llega a la discusión de las grandes políticas nacionales como la ley de presupuesto y en medio de la invisibilización de las problemáticas de la reconstrucción la pelea es en solitario entre diputados y alcaldes de los territorios críticos, muchos de los cuales alegan que han utilizado presupuestos de programas generales para financiar programas y políticas especificas para las personas afectadas por el sismo, desfinanciando programas de desarrollo local. Es decir se termina afectando el siempre precario desarrollo territorial para enfrentar los efectos de una catástrofe que por sus dimensiones requiere no sólo medidas y políticas especificas también una perspectiva de derechos reforzada ante la precarización que significa enfrentar la perdida de todo y el cambio definitivo del entorno social y ambiental al que se pertenece.

En ese contexto la propuesta de la Mesa Intersectorial para el monitoreo de la reconstrucción, una iniciativa ciudadana que reúne actores ciudadanos, ONGS y centros académicos, propone crear herramientas para incorporar una perspectiva de derechos en el modo y en las iniciativas con que el estado esta enfrentando los procesos de reconstrucción. Promoviendo no sólo la asistencia a las poblaciones afectadas, sino también desarrollando una institucionalidad que promueva la respuesta estatal a las catástrofes naturales.

La iniciativa propone concretamente la creación de un Programa de Asesoría Ciudadana dentro del INDH para la asesoría legal y jurídica en materia de la reconstrucción. También la creación de un fondo social de suelos urbanos; el fortalecimiento de la capacidad de gestión urbana municipal; sistemas de seguimiento de procesos de entrega de viviendas subsidiadas y proyectos de infraestructura para que la ciudadanía pueda acceder directamente los avances de su proyecto. Todas estas propuestas suponen aumentar la capacidad de respuesta democrática ante catástrofes naturales a través de una compresión integral de la reconstrucción y han sido promovidas como indicaciones a la ley de presupuesto.

Tengo la convicción que en conjunto sacan el tema de la reconstrucción del asistencialismo que reconstruye mínimos materiales y que terminan reforzando la experiencia de desigualdad que afecta a centenares de hombres y mujeres, que perplejos vieron ensañarse a la naturaleza e indignados han visto la indiferencia de una sociedad marcada por el individualismo de un modelo incapaz de sostener relaciones de solidaridad y justicia.

]]> http://www.accionag.cl/archives/5719/feed 0 http://www.accionag.cl/archives/5712 http://www.accionag.cl/archives/5712#comments Tue, 22 Nov 2011 13:58:45 +0000 accionag http://www.accionag.cl/?p=5712 El acto planificado por el alcalde Labbé en homenaje a Miguel Krassnoff, condenado a más de 100 años de cárcel, no sólo demuestra la indolencia ante las víctimas de violaciones a derechos humanos y la legitimación, por parte de algunos sectores, de la violencia de Estado. Este acto pone en evidencia que nuestra sociedad aún no parece tomar plena conciencia de los horrores cometidos en el pasado. La sanción social no basta para frenar conductas de apología y relativización de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Tampoco es suficiente que las máximas autoridades de un país se refieran de manera informal ante estos hechos. Se requiere una condena clara y contundente por parte de los poderes del Estado hacia declaraciones o actos que justifiquen de manera directa e indirecta las violaciones a los derechos humanos.

Esto, acompañado por una voluntad política real de poner a disposición de la ciudadanía, de manera permanente, la verdad histórica. Mientras existan personas que aún buscan a sus familiares desaparecidos y la impunidad y el olvido predominen ante el interés por la memoria, la justicia y la verdad, corremos el riesgo de volver a aceptar que se instale bajo un velo de normalidad el autoritarismo y la violencia de Estado.

Han pedido:

DAR SEÑALES CONCRETAS DE VOLUNTAD POLÍTICA. Postergando el plazo estipulado para la reasignación de becas y créditos, además de la recalendarización del año escolar.

Y que se suspenda la tramitación de proyectos de ley relacionados con los créditos en educación superior, ingresados por el ejecutivo para que no existan dobles agendas.

VALIDAR EL DIÁLOGO COMO HECHO POLÍTICO. Desarrollándolo con transparencia, comprendiendo el alcance social del movimiento, de modo que la ciudadanía conozca en detalle las posturas de los distintos actores y los resultados vinculantes que emanen de las discusiones.

REGULAR EL LUCRO. Un tema fundamental referido a no abrir los recursos de todos los chilenos a aquellas instituciones que lucran infringiendo la normativa vigente, sin que antes estén las condiciones regulatorias pertinentes y así garantizar su correcto uso.

los lideres estudiantiles han señalado que con estos requerimientos señalando que con estos Requerimientos podrá comenzar un trabajo fructífero, que se inicie con la definición de temáticas a trabajar para acuerdos que signifiquen avances para obtener resultados concretos. Reiterando que el objetivo del movimiento es alcanzar una educación pública, gratuita de calidad, inclusiva, democrática y sin lucro.

Hay que tener en cuenta que en todo diálogo corresponde a quien tiene más poder generar las condiciones para que los resultados sean posibles. No se trata de renunciar a la conflictividad, ni comprometerse a priori a dar cumplimiento a las aspiraciones de los antagonistas. En este caso la pregunta es si el gobierno puede seguir obviando la opinión de las mayorías, que hablaron vía encuesta y señalaron que quien ha resultado más deslegitimado en el choque con los estudiantes ha sido el ejecutivo.

Al gobierno le conviene pensar bien como mover las piezas. Ni siquiera con un drama de profundo impacto mediático como el accidente de Juan Fernández pudo cambiar el estado de las cosas. Tampoco la polarización anticomunista ha funcionado mucho. Ni siquiera el desbalance en el poder de los medios ha conseguido neutralizar la dinámica del conflicto. Así que es mejor poner paños fríos y aceptar que el tiempo no retrocede, que las varias izquierdas que representan los dirigentes no son las mismas de 40 años atrás.

Los estudiantes han establecido mínimos para sentarse a negociar. Se trata de condiciones bastante realistas, que buscan establecer a través del diálogo un camino de instalación política de los movimientos sociales como actores políticos, que trascienden lo puramente sectorial.

Y por más desgastado que crea el gobierno que está el movimiento , por más complejo que sea perder el año para muchos estudiantes, el conflicto de intereses está planteado. Y es claro quiénes son los que tienen más que perder porque la derecha no puede deslegitimarse más, ni en esta ni ninguna otra agenda.

La última palabra la tiene el presidente y Piñera buscara consensos al interior de su alianza que no le signifiquen grandes desgastes y costos internos. Pero no es menos cierto que las señales que envíe marcaran el pulso de lo que le queda de mandato.

Con el grito de “a ver, a ver, quién lleva la batuta” -repetido por años-,cientos de miles de jóvenes, gre- mios, sindicatos, agrupaciones y ciudada-nía en general han marchado por las calles de Chile en multitudinarias manifestaciones que han tenido su mayor expresión en la ancha Alameda santiaguina que fue abierta y copada por los manifestantes. En estos días la “batuta” ha pasado a manos de los movimientos sociales que luchan coordinada y organizadamente a lo largo del país por diversas causas que chocan con el modelo económico, social y político excluyente, que ha beneficiado sólo a unos pocos. Hoy la educación es el gran convocante y catalizador de la indignación ciudadana, pero también lo fueron las decenas demiles de trabajadores del cobre que paralizaron las minas que aún permanecen en manos del Estado para impedir cualquier intento de privatización. Un poco antes decenas de miles marcharon respaldando el derecho a la diversidad sexual y el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Decenas de miles también marcharon contra la construcción de las represas de HidroAysén, y miles lo habían hecho antes contra las termoeléctricas “Barrancones” y “Castilla”. A estas causas nacionales se agregan los conflictos regionales que tuvieron su mayor expresión en la prolongada paralización de Magallanes en contra del alza del gas a inicios de año, y culminaron con la paralización de Calama hace algunas semanas exigiendo ser beneficiados por la inmensa riqueza que se extrae de sus territorios.

El año pasado, y también este, fue marcado por las reivindicaciones del pueblo mapuche, pero también por grandes conflictos laborales donde destaca el de los trabajadores fiscales por sus reivindicaciones salariales y la estabilidad en el empleo.

Al cierre de esta edición, cientos de pobladores víctimas del terremoto y maremoto se levantan en protesta cansados de esperar soluciones a su precaria situación en el campamento de emergencia El Molino, ubicado entre Dichato y Tomé, y son duramente reprimidos por fuerzas policiales.

Vivir –sobrevivir o malvivir- con la derecha al mando del poder político ha provocado que nuestras aprensiones iniciales se hayan ido comprobando en los más domésticos aspectos de la vida. Bajo la nueva forma de gobernar, algunos sectores avivaron ese modo de ser apatronado y autoritario que nunca se fue del todo con la democracia, que estuvo como agazapado y reapareció con fuerza en su primer año en La Moneda. O que creció en estos veinte años por razones que debemos comenzar a descifrar muy pronto.

Mientras escuchábamos al Presidente referirse a la gente decente, transmitiendo un tipo de liderazgo que podía impulsar a que cualquier persona se sintiera con el derecho de calificar, condenar, enjuiciar y denunciar a quienes no lo eran, algo comenzó a hacer ruido. La cultura de la decencia, del orden, del siéntese con las piernas juntas y no hable muy fuerte, por favor, tomaba fuerza de diversas formas. Las caretas comenzaban a caer. Una derecha voraz  ya no matizaba sus argumentos y el temor a que nuestros derechos y libertades se restringieran se hacía más fuerte. Aunque es cierto que lo hizo desde la oposición durante 20 años, ahora sonaba distinto con el poder de La Moneda detrás. El más reciente ejemplo está en las declaraciones de Larraín, quien criticó la emisión de la serie “Los archivos del Cardenal” en TVN y dijo que “la izquierda es presentada como víctima, y eso es lo que le da pábulo para actuar en política con cierto sentido de superioridad”.

Pero el año 2009, cuando la entonces presidenta Bachelet visitó la casa de Ana Frank en Amsterdam, el mismo Carlos Larraín señaló: “Ana Frank era una niña y fue perseguida sólo por haber nacido judía, tremendo pecado. Michelle Bachelet era mayor de edad y ya manifestaba opciones políticas antes de 1974. Su prisión fue abusiva, pero sobrevivió y prosperó”. (…) “Ella (la Presidenta) se refugió en Alemania Oriental y lo pasó bomba! Mientras los comunistas y los nazi andaban de la mano precisamente cuando se invadió Holanda, porque los comunistas y los nazi eran hijos de la misma perra”.

Si bien hace dos años las palabras de Larraín fueron condenadas, quizás se necesitó más coraje en las interpelaciones. Y lo más importante: faltaron espacios para dar expresión a quienes criticamos la incapacidad de la derecha para reconocer sus responsabilidades en la dictadura. Lo de Larraín es sólo un ejemplo. Durante los veinte años de Concertación, el objetivo de proteger los consensos frenó y acalló las ideas y disensos más críticos y potentes. Hoy ya no parece una locura ni una demanda de sectores marginados proponer cambios profundos a nuestro sistema político o el fin al lucro en la educación. Sin embargo, hace apenas dos años atrás si nombrabas “Asamblea Constituyente” te convertías inmediatamente en una marciana o en un señor de ideas muy radicales o anticuadas. Porque durante 20 años estos sí fueran temas de discusión en algunos sectores de la ciudadanía. Muchas organizaciones de la sociedad civil impulsaron debates, generaron argumentos y propuestas, convocaron a foros y marchas para discutir sobre democracia y modelo de desarrollo.

En los últimos meses las calles comenzaron otra vez a ser tomadas por la ciudadanía y las marchas de los estudiantes también demostraron que los diversos grados de adormecimiento eran temporales. De pronto una cadena de eventos hizo que los jóvenes supuestamente despolitizados o con bajo interés en la política estén ahora movilizando a distintas generaciones. La demanda es claramente de corte estructural, pero también está detrás el sentimiento de haber sido estafados por un sistema educacional que con una alta escolaridad tiene deficiencias enormes. Y de alguna forma, quienes marchamos con ellos, además de pedir más derechos y libertades, más igualdad y más democracia, también nos sentimos estafados.

Eran demasiadas las conversaciones pendientes y la sed de habitar una esfera pública vibrante. Después del autoritarismo, la discusión fue interrumpida, silenciada o marginada. Hoy es un deber estar atentos a las señales, hacer memoria, contestar y dejar de estar de acuerdo de una vez por todas. Nuestra obligación es disentir. Marchas como las de hoy son una gran oportunidad

Antes de analizar el asunto hay que despejar un aspecto no menor. El Estado de Chile es desde hace años un socio minoritario, y la privatización había operado antes de esta última venta. Al respecto el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señalo que la venta de las sanitarias no es una privatización porque eso ya lo hizo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, insistiendo en que los recursos obtenidos serán reinvertidos en otros “proyectos del mundo público”.

Una retórica curiosa, que resalta una verdad porque la participación del Estado en la principal sanitaria del país era minoritaria, y ponía al Estado en una posición secundaria en el lo que se refiere al manejo de la S.A. Es decir, este capítulo de la venta concretada por La Moneda, es la culminación de un proceso donde el Estado ya había perdido el control de la propiedad.

Lo interesante es que la decisión del ex Presidente democratacristiano no pudo basarse  en el mal desempeño de la empresa, porque en esa época los niveles productivos de la compañía eran óptimos. Se dijo que era por la necesidad de innovar en las tecnologías de procesamiento de aguas servidas y en otros aspecto propios de la gestión del área.

Pero la idea en esos años también era hacer caja y abrir  nuevas áreas de inversión. Los efecto de la decisión los vemos impresos todos los meses en las cuentas que pagamos, donde entre otras cosas pagamos por el uso de infraestructura que en su minuto construyó el Estado…

En esos días, se hablaba de los efectos de la mítica crisis del sudeste asiático. Pero hay que señalar que tanto entonces como en la actualidad, el Estado no enfrentaba problemas de déficit fiscal. La medida no obedecía al manejo de una crisis, fue un despojo que hoy completa el gobierno de la Alianza.

Lo llamativo de la transacción actual es que significa perder ingresos por la decisión de capitalizar. Como señaló Fontaine, la venta corresponde a la idea de hacer caja, y si bien desde la perspectiva del desmantelamiento del Estado eso es igualmente escandaloso, no se puede dejar pasar el siguiente detalle: La privatización ya  había sido gestada y gestionada por la Concertación.

Con toda la frustración que genera la venta, lo concreto es que la CORFO recaudó unos US$ 983,67 millones al transar en la bolsa de 1.834.539.519 acciones equivalentes al 29,9812% de la propiedad de la empresa, con lo que el Estado tiene ahora un 5% de participación en la propiedad de la sanitaria.

Según el ministro de economía, el Estado mantendrá ese porcentaje con el objetivo de conservar el derecho a veto que actualmente tiene sobre operaciones y transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas, gravámenes e hipotecas, además de las transferencias de las concesiones sanitarias que tienen las empresas donde participa el Estado (Essbio, Esval, Essal).

Lo que la autoridad no dice, es que la transacción consolida la posición dominante de Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM) manejada por la española Agbar, que controla un 50,1023% de la propiedad. Así el Estado se convierte de socio minoritario en socio marginal. ¡Buen negocio!

Un área más oscura que las motivaciones del gobierno para vender son los destinos que tendrán los recursos. Ya no se habla de platas para la reconstrucción. Se dice que los recursos obtenidos con la venta se destinarán a fortalecer los fondos para garantizar operaciones crediticias de las pequeñas y medianas empresas, además de inyectarle capital a los proyectos de rentabilidad social de las otras compañías públicas, mientras que el resto se mantendrá en inversiones financieras.

O sea de diferentes modos, todos los recursos irán a la banca y beneficiarán a los ciudadanos por la vía del endeudamiento. Ni siquiera se les ocurrió la demagógica idea de poner paños fríos al conflicto estudiantil, colocando más recursos a disposición del endeudamiento para la educación. Déficit de populismo.

Es cierto que la Concertación gobernó 20 años el modelo neoliberal, pero hay que aceptar las evidencias, y decir que la Alianza está gestionando una revolución del mismo corte, ignorando las señales de crisis que recomiendan releer los dogmas.

Nadie sabe adonde vamos.