Una de las primeras acciones del Comando será entablar una demanda encontra las AFP y el Estado de Chile. La demanda contra las AFP se hará ante el mal manejo y administración de los Fondos de Pensiones los que han derivado en cuantiosas pérdidas a los ahorros de los cotizantes, ejemplo de ello es lo que ocurrió en la crisis del 2008, donde se perdieron más de 37.500 millones de dólares y lo ocurrido en 2011 en el que la mayoría de los fondos tuvieron rentabilidades negativas. La demanda se hará además por el accionar negligente de los administradores de las AFP en el caso La Polar, hecho que ha significado un detrimento en los ahorros previsionales de millones de cotizantes.

Este Comando pretende demandar al Estado de Chile frente a organismos internacionales como la OIT, la CIDH y la OCDE para que se respeten los derechos de los trabajadores y hacer efectivos los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile.

 Un nuevo sistema de pensiones

El Comando considera necesaria la creación de un instrumento que garantice la rentabilidad de nuestros fondos, para ello es fundamental que el Estado cree un sistema de seguridad social no basado en el lucro, si no asentado en un pilar solidario, de acuerdo a las recomendaciones que ha realizado la OIT.

 En su declaración pública el Comando rechaza categóricamente lo expresado por la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y el presidente de la asociación de las AFPs, Guillermo Arthur, en cuanto a la propuesta de aumentar la cotización actual de un 10 a un 13% y subir la edad de jubilación. “Dichas autoridades se olvidan que en nuestro país la cotización previsional es financiada en un 100% por los trabajadores violando de esta forma los convenios 102 y 128 de la OIT, que estipulan que las cotizaciones de cargo de los asalariados no deberán exceder del 50% del total de los recursos”, plantea el comunicado del Comando emitido a fines de diciembre.

 Los miembros de la organización consideran inaceptable que estas empresas sigan cobrando comisiones por administrar nuestros fondos, cuando las rentabilidades son negativas, sin ir más lejos, un hecho sospechoso, es que quienes administran las AFPs no hayan registrado perdidas significativas, si no solo han dejado de ganar en algunos momentos.

Los daños, causados a los dineros de los fondos de pensiones de los trabajadores, son una proyección aún no dimensionada, ni conocida. Por tanto, exigimos que esta información se transparente, indicando públicamente a los responsables individuales y de las empresas que generaron estas pérdidas.

 El Comando solicitará a Cenda un estudio para proyectar un nuevo sistema de seguridad social el que será discutido y analizado por los integrantes del comando con el objetivo de proponer, a la ciudadanía y el parlamento, desde el mundo de los trabajadores y las organizaciones sociales, un sistema que garantice pensiones dignas.

]]> http://www.accionag.cl/archives/5910/feed 0 http://www.accionag.cl/archives/5907 http://www.accionag.cl/archives/5907#comments Mon, 16 Jan 2012 17:16:18 +0000 accionag http://www.accionag.cl/?p=5907 La apuesta del equipo de trabajo es que la discusión de este proyecto y el texto final se ajuste plenamente a la normativa internacional de derechos humanos. Según Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile. “La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto de la “Ley Antitomas” en su actual redacción podría dar pie a sanciones criminales que quedarían amparadas por esta ley pese a ser contrario a los derechos humanos”.

Es de particular preocupación de las organizaciones de la sociedad civil la modificación al artículo 269 del Código Penal, donde el concepto de “desorden” no se define claramente y algunas de las conductas punibles que se enumeran en esta norma podrían tener una aplicación muy amplia. “La falta de claridad de dicha conducta puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación, lo que en vez de hacernos avanzar como país nos hace retroceder en el tiempo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales”, menciona Ana Piquer.

El primer reglamento fue presentado por los abogados de la Segegob y es el que “regula el catastro de organizaciones de interés público, el consejo nacional que lo administra y los consejos regionales, y el funcionamiento del fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, creado por la ley 20.500”.

Los representantes del ejecutivo plantearon que habían recogido cerca de 17 indicaciones presentadas en reuniones anteriores por la sociedad civil y que habían rechazado otras tantas por no ajustarse a la ley o entrar en contradicción con dictámenes de Contraloría u otras leyes de rango constitucional.

El ejecutivo planteó además que enviarían a las Seremis este mismo reglamento para que sea discutido en regiones y una vez evaluada la pertinencia de esas indicaciones considerarían la posibilidad de integrarlas al Reglamento. El gobierno informó durante la reunión que los primeros días de marzo y en conjunto con la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades realizarían una capacitación a los funcionarios públicos sobre los alcances y el rol de los mismos en la nueva legislación.

Uno de los puntos más controvertidos del Reglamento corresponde a una disposición transitoria que establece que: “ La primera elección de los miembros del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales, se llevará a cabo considerando solamente la participación de las organizaciones de interés público por el sólo ministerio de la ley” En concreto esta disposición transitoria impediría que Corporaciones o Fundaciones (entre ellas las ONG’s) participaran de estos Consejos, pues a la fecha de su constitución no estará operativo el Catastro de Organizaciones de Interés Público.

Las organizaciones presentes manifestaron su rechazo a esta disposición transitoria alegando que se hace impresentable política y jurídicamente que las principales organizaciones de la sociedad civil queden excluidas del Consejo durante los dos primeros años de su funcionamiento.

Se manifestó en la reunión que de no acogerse el planteamiento de las organizaciones presentes se presentará un requerimiento ante la Contraloría.

Los representantes del gobierno manifestaron su disposición a evaluar la propuesta de la sociedad civil y que consultarían con Contraloría la pertinencia de la solicitud, sin embargo para ello tienen un plazo acotado ya que el 16 de febrero de 2012 debiera estar operando el Consejo del Fondo.

Registro Nacional de Personas Jurídicas

El segundo reglamento presentado por abogados del Ministerio del Interior se refiere al “Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro”.

Los abogados del Ministerio de Justicia plantearon que en el reglamento no se recoge la idea del rol o número único para mantener el registro, tal como habían sugerido algunas organizaciones, por las dificultades que implica poner a dialogar al Registro Civil con otras instituciones del estado y porque Contraloría podría rechazar la idea.

Los representantes de la sociedad civil plantearon la posibilidad de que el Registro Nacional considere nuevos datos como la región, comuna y el tipo de organización con el objeto de afinar las políticas públicas relacionadas al fomento de la participación.

En la reunión se solicitó a los representantes del Ministerio de Justicia que suban la propuesta de reglamento a la web y recojan a través de esa vía la opiniones de la ciudadanía.

Los 6 encuestadores que están en terreno han manifestado que las principales inquietudes están en la frustración y expectativas de los habitantes de los campamentos ante la falta de respuesta y de diálogo por parte de las autoridades.Uno de los encuestadores manifestó que son evidentes “las enormes ganas de transmitir la experiencia post terremoto que vivieron sus habitantes. La encuesta se extiende en la medida que los afectados hacen de cada pregunta una historia, un reclamo o un recuerdo”. Según precisan algunos de los encuestadores en terreno “en términos generales los habitantes manifiestan estar acostumbrados a esta nueva forma de vida y esperanzados en que pronto tendrán una solución definitiva, aunque no confían en los plazos que les han entregado las autoridades”.

Otra dificultad para realizar el proceso de encuestaje ha sido el sorpresivo dinamismo de las aldeas en los últimos meses o semanas. “Partimos con un número específico de familias por aldeas-campamentos de acuerdo a los antecedentes entregados por el gobierno regional, sin embargo nos hemos encontrado conque muchas de ellas se les está ofreciendo un subsidio de arriendo de $110.000 lo que ha provocado que algunas aldeas hayan modificado su número de familias o su distribución territorial”, explica el coordinador de Sedej, Rodrigo Zanzana.

Los resultados de la encuesta que busca evaluar el trabajo de las autoridades y los grados de participación de la comunidad en el proceso de reconstrucción se harán públicos el 27 de febrero cuando se cumplan dos años desde el terremoto de 2010.

Paralelamente al trabajo que se está haciendo en el Bío-Bío, el equipo de Sur Maule junto la Universidad Católica del Maule, también realizan un catastro a ciudadanos afectados por el terremoto en la comuna de Talca.

Es de particular preocupación la modificación al artículo 269 del Código Penal, donde el concepto de “desorden” no se define claramente y algunas de las conductas punibles que se enumeran en esta norma podrían tener una aplicación muy amplia. “La falta de claridad de dicha conducta puede conllevar a limitaciones a la esencia del derecho a la reunión y manifestación, lo que en vez de hacernos avanzar como país nos hace retroceder en el tiempo en cuanto a la protección de los derechos fundamentales”, menciona Ana Piquer.

Amnistía Internacional reconoce que las fuerzas del Estado tienen la obligación de resguardar el orden público. Sin embargo, deben hacerlo cumpliendo, en todo momento, las normas internacionales de derechos humanos. El derecho a manifestarse solamente puede verse limitado para velar por la protección de la seguridad nacional, el orden público o para la protección de los derechos y libertades de terceros.

Por ello, con respecto a la aprobación de la “Ley Antitomas”, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que aseguren que la redacción de la ley y de la tipificación de los delitos sea clara, específica y se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos para evitar posibles arbitrariedades en su interpretación y aplicación. Asimismo, para que aseguren el pleno respeto al derecho a la libertad de expresión, asamblea y asociación

Hija de Víctor Díaz, detenido desaparecido, Viviana Díaz es uno de los rostros más emblemáticos en la defensa de los derechos humanos. Su dedicación a la incansable búsqueda de la verdad, la justicia y reparación de la víctimas de las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 dan cuenta, para el INDH, de su compromiso para que nunca más en Chile vuelvan a repetirse los hechos que durante años han denunciado y reclamado las organizaciones de familiares de víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Lorena Fries, Directora del Instituto, enfatizó que: “Es un honor para el Consejo del Instituto otorgar este primer Premio Nacional de los Derechos Humanos a una mujer que se ha destacado por su lucha incansable por instaurar una cultura de respeto de los derechos humanos en Chile que junto con evidenciar un duro pasado se proyecte hacia el futuro en el respeto y garantía de todos los derechos humanos”.

Fries, a nombre del Consejo del Instituto, jurado de dicho premio, señaló también que: “Viviana Díaz, fue postulada por un amplio espectro de personas y organizaciones de derechos humanos lo que también se vio reflejado en la votación unánime de los miembros/a del jurado. Hoy nos sentimos orgullosos de poder realzar en el país el trabajo que se viene haciendo por la dignidad de las personas, a través de Viviana Díaz” señaló la Directora del INDH.

Premio Nacional de Derechos Humanos

En su misión de promover la plena vigencia de los derechos humanos de las personas en Chile, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le corresponde entregar el Premio Nacional de los Derechos humanos, a quien/quienes se hayan destacado en la promoción de una memoria histórica sana, y en la protección y defensa de los derechos humanos de quienes habitan en el territorio de Chile.

Según los dirigentes el gobierno busca enviar a los vecinos de las cerca de 400 mediaguas de Villa Futuro a sus respectivos departamentos desmantelados cambiando la figura como entrega en “comodato” de departamentos sin luz ni agua. Comentaron que de estas 400 familias, 130 firmaron el acuerdo extrajudicial, para la compra de terrenos y construcción del proyecto “Los Lirios”. Sin embargo aducen que el proyecto se cayó por un quiebre en el acuerdo y hoy no se puede realizar por incumplimiento al contrato de compra.

Los dirigentes reunidos en la asamblea manifestaron que el gobierno pretende echar a la calle a los arrendatarios y allegados de la Villa Futuro con la fuerza pública. Según comentaron el gobierno está impulsando una “nueva forma de maquillar la reconstrucción”. Uno de los puntos más complejos es que el gobierno, quién está a cargo de los departamentos siniestrados, pretende arrendarlos en 110.000 mil pesos a los damnificados. Lo extraño, dicen, es que los vecinos de Villa Futuro que son dueños de esos departamentos no verán ese dinero porque se hará un traspaso directo de dineros desde el Serviu a la Gobernación.

Otro de los problemas es que muchas personas recibieron 10 millones de pesos en un cheque abierto y al día los que fueron cobrados por algunas familias dada su extrema necesidad y hoy no cuentan con recursos para financiar una futura vivienda .

Estas reuniones seguirán realizándose durante todos los sábado de Enero en distintas localidades de la región del Bío-Bío.

Alfonso Alvear dirigente de la Caleta el Morro de Talcahuano plantea que “hay sectores en los que  parece que no hubiera pasado nada. Acá todo está en el papel, promesas, compromisos, reuniones, pero en los hechos no hay casi nada” El dirigente asegura que la información han recibido por parte de las autoridades ha sido muy poca “ Un día dicen una cosa y luego dicen otra, que nos van a expropiar, que luego no, que no se pueden quedar aquí y luego que van a construir barreras para protegernos de futuro tsunamis, ya no sabemos a quién creerle”.

Cecilia Muñoz, Presidenta de la Unión Comunal de juntas de vecinos de Talcahuano, asegura que el gran problema de la zona es que las autoridades distribuyen la ayuda “según el color político, la intendenta priorizó a los que eran de su color político y el resto nos quedamos mirando de brazos cruzados”. Muñoz crítica la denominación de aldeas que quiso instalar el gobierno “estos son campamentos no más, la gente está en condiciones miserables, hay falta de agua, cesantía, el acceso a los consultorios es difícil, en las casas que son de 18 metros cuadrados viven hasta 3 familias”

Mario Vega, del Frente Amplio Unitario de la red Construyamos, agrega que “estas reuniones son útiles porque permiten articularnos y establecer coordinaciones. Si estamos en silencio el gobierno no nos ve. Ellos busca generar desunión y temor, nos amenazan de que no hay casas para todos y que tenemos que portarnos bien”.

Dado el impacto que estos incendios han tenido en la opinión pública, consideramos que ellos ameritan un análisis desde una perspectiva ciudadana, así como la precisión de algunos hechos.

1.- Nos preocupa primeramente la situación de los incendios ocurridos en la Región de la Araucanía, por las vidas que ha cobrado, y por las imputaciones que la empresa afectada y el gobierno han hecho sobre la participación en su generación de personas u organizaciones mapuche. Las versiones de la empresa forestal, que dice haber identificado el día jueves 50 focos simultáneos en el origen de este incendio, lo que probaría su intencionalidad, contrastan con las del Comandante del Cuerpo de Bomberos de Carahue, que ha señalado la hipótesis de la extensión involuntaria de las llamas a partir de las faenas de fabricación de carbón que se realizan en las inmediaciones del Fundo Los Laureles, y que las llamas se habían iniciado el sábado anterior en el fundo Los Laureles, deduciéndose de sus declaraciones que éstas se habrían extendido en los días siguientes hasta el Fundo La Piedra, lugar de la tragedia.

2.- En este contexto de informaciones todavía imprecisas y sin que se conozca el resultado de los peritajes correspondientes, el Presidente de la República en forma enérgica expresa que para el gobierno existe “intencionalidad criminal” y que se invocará la ley antiterrorista para investigar estos hechos. En tanto, el Ministro del Interior y el Intendente de la Región de la Araucanía han relacionado los incendios forestales con los atentados incendiarios que han afectado en los últimos días a particulares de la Región y que medios de prensa han atribuido a activistas de la causa mapuche, en particular a la Coordinadora Arauco Malleco. El gobierno para nada se hace cargo de los datos aportados por autoridades locales y trabajadores forestales, que evidencian una negligencia de parte de la propia empresa forestal y sobre todo de lentitud de los organismos públicos encargados de prevenir y alertar sobre estos incendios.

3.- Nadie duda de la necesidad de realizar una investigación seria y acuciosa tendiente a establecer la verdad de los hechos y sancionar las responsabilidades que pudiera haber tras ellos. No obstante, resulta preocupante que el Gobierno haya decidido presentar una querella criminal contra los presuntos responsables invocando la ley antiterrorista, cuyas implicancias lejos de colaborar con una investigación, desvía la atención sobre otros temas relevantes que estos incendios han dejado de manifiesto.

En primer lugar la invocación de ley antiterrorista dirige la mirada hacia el pueblo mapuche como un presunto responsable de estos incendios. Aunque el Ministro Chadwick precisó que no hay que hacer esta vinculación, en la práctica el uso arbitrario y discriminatorio de esta legislación en la última década ha generado un estigma sobre este pueblo. Esto es grave ya que el vínculo que el Gobierno ha hecho entre la “intencionalidad criminal” del siniestro con las demandas mapuche, puede redundar en una nueva fase de criminalización de la protesta social de este pueblo.

Además, la ley antiterrorista tiene aún un debate pendiente en nuestra sociedad, ya que no cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos y obstaculiza las garantías mínimas de un debido proceso. Afortunadamente el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, llamó a tener prudencia y manifestó que luego de las indagatorias se determinará qué figura legal es la más adecuada.

Las palabras del Presidente Piñera invocando esta ley son irresponsables, y debiera llamar la atención que su fuente de información sean las propias empresas forestales y el delirio de un Ministro del Interior que ve enemigos y problemas de seguridad pública en cada hecho que ocurre en el país, más aún si estos ocurren en territorios que demandan comunidades mapuches. No hay que dejar de recordar que la primera vez que un Presidente de la República invocó la ley antiterrorista hace una década, fue justamente para proteger los intereses de las compañías forestales y se inició una fuerte represión en contra del pueblo mapuche.

4.- Estos lamentables hechos hacen más relevante volver a generar un debate sobre el modelo forestal de plantaciones de monocultivo que hoy impera en el centro sur de Chile. Cabe señalar que sólo Arauco y Mininco (CMPC), las dos empresas afectadas por los incendios ocurridos en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, poseen en conjunto un patrimonio de más de dos millones de hectáreas, en su gran mayoría plantados con monocultivos de pino radiata y eucapiltus.

A pesar de la evidencia que existe de los impactos ambientales que estas plantaciones provocan -entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad-, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población, éstas han seguido adelante. Las actividades de estas empresas han sido además cuestionadas por sus impactos ambientales y la vulneración de derechos laborales básicos de sus trabajadores, y sus plantaciones se expanden sin respetar los derechos de comunidades rurales e indígenas. Una impuesta relación vecinal cuyos resultados vimos en el Valle del Itata, con casas consumidas por las llamas que dejó cientos de víctimas.

Se trata de una política irresponsable que por largo tiempo ha sido no solo promovida por el estado, sino además financiada a través de subsidios, política que ha permitido que estas empresas obtengan grandes utilidades. Así, solo el 2010 estas empresas obtuvieron en conjunto un total de 1.300 millones de dólares.

5.- Por último, en relación a la devastación por las llamas de más de 15 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, queremos llamar la atención sobre la situación de abandono en que se encuentran las áreas protegidas del estado. La insuficiencia de los recursos asignados por el estado a CONAF para la administración de estas áreas y enfrentar los siniestros que en ellos puedan ocurrir ha sido reconocida por todos los actores, incluyendo los funcionarios de esta entidad. No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado días atrás.&n bsp;

Vemos con preocupación que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición de dicho servicio al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones. De aprobarse esta legislación en sus actuales términos, el estado seguirá evadiendo su responsabilidad en el cuidado de bienes comunes que constituyen el patrimonio ambiental de todos los chilenos, como el Parque Torres del Paine.

6.- Ante hechos tan impactantes y que conmocionan a la comunidad, lo que se espera es que las autoridades actúen con más seriedad. El gobierno como una primera medida por los hechos ocurridos en las Torres del Paine propuso aumentar las penas por el delito de incendio, y ahora para enfrentar la emergencia en los incendios de plantaciones forestales invoca la ley antiterrorista. Lo que además de discriminatorio, le entrega toda la razón a quienes acusan a este gobierno de pirotécnico y poco sustancioso.

Llamamos al gobierno a tener más responsabilidad ante estos siniestros, desarrollando políticas públicas coherentes, que permitan evitarlos y prevenirlos a futuro. Instamos a la justicia a desarrollar las investigaciones que correspondan y a determinar los hechos ocurridos, y en el evento que existan responsabilidades penales, hacerlas efectivas.

Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN A.G.

Observatorio Ciudadano

]]> http://www.accionag.cl/archives/5843/feed 0 http://www.accionag.cl/archives/5839 http://www.accionag.cl/archives/5839#comments Fri, 06 Jan 2012 15:41:00 +0000 accionag http://www.accionag.cl/?p=5839 La Confederación Nacional de Trabajadores Forestales de Chile, CTF, con profundo dolor e impotencia viene a comunicar a la opinión pública su pesar por la tragedia de los brigadistas forestales, ocurrida en el día de hoy en la localidad de Carahue, 9ª Región de la Araucanìa.

Se trata del accidente de 10 trabajadores forestales, que eran parte de la Cuadrilla de combate de incendios forestales “Santa Julia”, de la empresa “Gerardo Cerda”,empresa subcontratista de la empresa Forestal Mininco, de la poderosa empresa CMPC del Grupo Matte, que fueron acorralados por un Incendio forestal al producirse un cambio brusco de la dirección del viento. Lamentablemente en el siniestro fallecieron 5 trabajadores, otros 2 se encuentran desaparecidos, otros 2 resultaron heridos de gravedad, y solo 1 salvó ileso.

Esta nueva tragedia, viene a poner en el tapete las malas condiciones de seguridad en las que laboran estos trabajadores, y nos trae a la memoria el accidente aéreo ocurrido hace un tiempo en la localidad de Cauquenes, donde fallecieron 12 Brigadistas, debido al exceso de peso en el helicóptero que los transportaba. En esa oportunidad estuvimos en aquellos funerales despidiendo a nuestros compañeros mártires y denunciando la irresponsabilidad de la empresa.

Queremos manifestar enérgicamente nuestro repudio por las muertes de estos Brigadistas, que deben laborar en precarias condiciones, sometidos a una sobreexplotación inhumana, ya que con muy bajas dotaciones de personal, deben vigilar y controlar los amagos de incendio que se producen en miles de hectáreas de plantaciones de pino y eucaliptus.

Este accidente, al igual que el de hace un par de años, pudo haberse evitado, si se hubieran tomado las medidas preventivas necesarias, que pasa por la participación coordinada de todos los estamentos de seguridad, si hubiera habido una dotación de personal que sea proporcional a la envergadura de los bosques chilenos, somos un país forestal, pero no tomamos los resguardos para asegurar el trabajo seguro de quienes laboran en el sector.

Esta tragedia también es producto de la nula organización de los Brigadistas Forestales, pues no hemos logrado organizarlos en Sindicatos, ya que son contratados en forma temporal y se les prohíbe formar Sindicato.

Llamamos a la empresa Mandante, Forestal Mininco, a asumir su responsabilidad en esta tragedia, resguardando los derechos de los trabajadores fallecidos y preocuparse que sus familias no queden, como tantas otras, olvidadas y abandonadas a su suerte.

Este accidente es responsabilidad de Forestal Mininco y como tal exigimos todo el peso de la ley para los encargados de Prevención y los jefes del área respectiva.

Esperamos que estas muertes no queden impunes y los culpables enfrenten la justicia como corresponde.

No más muertes en el Sector Forestal

No más Mártires

Queremos trabajo Digno, Seguro y bien Remunerado

Confederación Nacional de Trabajadores Forestales (C.T.F.)