A pocos días del inicio de la llamada Cumbre del Clima, que tendrá lugar el 7 al 18 de diciembre de este año en Copenhague, se realizó el martes 1º de diciembre en Santiago la Primera Audiencia Pública sobre Cambio Climático y Desigualdad, para dar a conocer, a través de testimonios concretos, cómo los impactos de los efectos del calentamiento global afectan de manera distinta a las comunidades más vulnerables.

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Representantes de cinco comunidades de las regiones Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, de O’Higgins y de la Araucanía, entregaron hoy impactantes testimonios en la Primera Audiencia Pública sobre Cambio Climático y Desigualdad, actividad convocada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de ACCIÓN que se desarrolló durante toda la mañana del martes en el Auditorio de Cáritas Chile en Santiago.

Frente a un panel compuesto por el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente CONAMA, Álvaro Sapag; el Obispo Emérito de Ancud y presidente de Cáritas, Monseñor Juan Luis Ysern, y el ingeniero geofísico Humberto Fuenzalida, los dirigentes de organizaciones locales también alertaron sobre la responsabilidad del Estado y las empresas en esta situación.

Los líderes locales denunciaron con fotografías y antecedentes, casos concretos de contaminación y daños a la fauna local causados por la instalación de megaproyectos de generación eléctrica en base a combustibles fósiles; la escasez de agua, causada tanto por la sequía como por actividades extractivas o industriales en desmedro de pequeños agricultores y comunidades indígenas; y la falta de un enfoque territorial y una adecuada fiscalización en el manejo de cuencas.

Paola Vasconi, de Fundación Terram, dijo que los estudios han demostrado que los países más afectados “son aquellos con mayor vulnerabilidad al cambio climático y con mayor pobreza porque tienen menos herramientas y capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Por ello Chile es altamente vulnerable”.

Luego de escuchar estos testimonios, Álvaro Sapag, director de CONAMA, señaló que esta “es una oportunidad de rediseñar las políticas públicas y reencontrarnos como habitantes del país”.

El Obispo Ysern manifestó, frente a lo escuchado, que “el cambio climático es un tema ético, vinculado estrechamente con el bien común; todos los seres humanos tenemos igualdad de derechos”. Por su parte, el académico Humberto Fuenzalida, opinó que “los derechos de agua entregados son un error, jamás se debió privatizar este recurso, estamos frente a un problema de ética ambiental”; mientras que a juicio de Álvaro Sapag, director de CONAMA, lo relatado por los representantes locales constituye una señal de alerta y “estamos frente a la encrucijada de un cambio de paradigma que incluya lo social, lo económico y lo ambiental”.

Los representantes de las comunidades que participaron en esta audiencia habitan en zonas costeras; áridas o semiáridas; deforestadas; susceptibles a sequías o cerca de actuales o futuros proyectos productivos o de generación eléctrica basados en combustibles fósiles. Éstos fueron sus testimonios:

Comunidad 1: Puchuncaví-Quintero, V Región y Termoeléctrica Campiche

Ricardo Correa, Presidente del Grupo Acción Ecológica Chinchimén, Puchuncaví-Valpo (http://www.chinchimen.org/) y Juan Carlos Palma, asesor jurídico. Esta organización de base comunitaria ha estado trabajando desde el 2000 en esta zona, a raíz de un hecho muy concreto y local: en la zona de Maitencillo apareció una especie poco común de ver: una nutria marina o ‘chungungo’, que se convirtió en la mascota de la zona y la comunidad, hasta que apareció muerta por un cazador de pieles. Este incidente motivó la formación de la organización, con el objetivo de trabajar por la protección y reinserción de fauna marina del borde costero de Quintero–Ventanas, con especial énfasis en el involucramiento de los jóvenes de la zona.

Se trata de un área crítica dado que ya existen en la zona las dos torres-chimeneas de la Fundición Ventanas, que ha generado un impacto ecológico y socioambiental grave en la comunidad de Puchuncaví. Existe un Plan Regulador que tiene deficiencias y debilidades graves, que han sido señalados varias veces por la Contraloría.

El problema que denuncia la organización se relaciona con once proyectos para instalar turbinas termoeléctricas en la zona – o proyecto central Campiche, que implicarían un mayor impacto de contaminantes como material particulado, etc., cuya magnitud aún no está clara. Además, el municipio tendría un acuerdo con la empresa, ya que virtualmente se autorizó el proyecto en la zona al autorizar el cambio en el uso del suelo, y se han ofrecido compensaciones.

La organización, con la actuación del abogado Juan Carlos Palma, llevó el caso ante la Corte Suprema, que falló a favor de la comunidad, logrando paralizar el proyecto. Sin embargo, el mismo gobierno señaló – a través del Ministro del Interior- que se iba a trabajar para su apobación. El abogado Juan Carlos Palma señaló que este tipo de caso muestra la falta de consecuencia entre el nivel macro – las normas que existen – y el micro – el nivel decisional que las implementa; y sobre todo, pone de manifiesto que las autoridades de economía y energía pueden pasar encima de las ambientales.

Comunidad 2: Caleta La Higuera, Coquimbo y Termoeléctrica La Higuera

Rosa Rojas, Movimiento de Defensa del Ambiente – MODEMA La Higuera, Coquimbo

En el testimonio de esta comunidad se denuncia la instalación de un proyecto de tres turbinas de generación de energía termoeléctrica a carbón en la zona de Caleta La Higuera, muy cercana a dos zonas de protección ecológica: Isla Damas y Los Choros, donde hay una variedad de fauna marina y flora que incluye a especies protegidas y únicas, como el Pingüino de Humboldt (nidificación), chungungos y delfines.

Además, existe una comunidad de pescadores artesanales que vería afectada su actividad de extracción de especies como los ‘locos’. Temen que la instalación de las termoeléctricas causará enfermedades por contaminación y daño al turismo ecológico emergente.

Esta agrupación pequeña y de base comunitaria comienza a organizarse, involucrando también a los pescadores, se autoconvoca para estudiar el proyecto y su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con asesoría de científicos de la Universidad Católica del Norte. Señalan que esto es un esfuerzo grande para comunidades pequeñas como ésta, ya que el proceso implica que las comunidades tengan las habilidades y recursos para hacer comentarios, para hacer incidencia y denuncia sobre el impacto de estos proyectos en las comunidades.

La representante de MODEMA afirmó que se están ofreciendo compensaciones económicas a los pescadores para comprarles cuotas de sus áreas de manejo. Al respecto, Rosa Rojas señaló que “La participación ciudadana que uno puede generar como comunidad no vale nada frente a los recursos que tienen las grandes empresas , especialmente cuando hacen ‘ofertones’ económicos para cerrar los conflictos, y potencian la división de la cohesión social”.

Comunidad 3: San Pedro de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago; conflicto por derechos de agua con Estados y Empresas Privadas

Sandra Silva de la Comisión de Comunicaciones de la Red de Organizaciones de San Pedro de Melipilla y Teresa Armijo de SODEM, expusieron la denuncia de la comunidad por la pérdida de derechos de uso de agua para consumo humano y riego agrícola frente a las empresas avícolas y agrícolas que se han instalado en la zona. Sandra Silva señaló que la comunidad nunca se enteró de que este proceso se estaba poniendo en marcha ni de que los vecinos debían que inscribir sus derechos de agua.

Se trata de una comunidad pequeña, que había centrado buena parte de sus actividades en la pequeña agricultura, y que ha visto el impacto de la escasez de agua que se comienza a notar en sus pozos, esteros y canales de riego en la zona, además agudizada por la disminución de las lluvias, con directo impacto en la empleabilidad de las personas que comienzan a tener que buscar alternativas en Santiago, en empleos informales e inestables.

La denuncia de la comunidad en este conflicto tiene que ver con el tipo de protección del recurso agua, especialmente para el beneficio de pequeñas comunidades agrícola – campesina, frente a los intereses de empresas más grandes.

La red de organizaciones sociales y productivas de San Pedro, afectada por las empresas agropecuarias, concluyó que ningún argumento empresarial debe tener mayor peso que una real garantía de los derechos humanos.

Comunidad 4: Identidad Territorial Nagche, Región de la Araucanía

Galvarino Raimán, representante

Raimán entregó y compartió la cosmovisión de la identidad territorial Nagche que es parte del pueblo mapuche, sobre su relación con la naturaleza y el medioambiente como un todo en la forma de poner el actual conflicto por la tierra con las empresas forestales. Raimán denunció además que, a causa del aumento de las lluvias en el sur del país, se han malogrado las cosechas de trigo y no se pueden plantar legumbres.

Comunidad 5: Cuenca del Río Tinguiririca, Colchagua, Región de O´Higgins

Patricio Larrabe, Coordinador Programa, Desarrollo Rural Colchagua

En este caso se dio a conocer el impacto que está generando en la caja del río Tinguiririca (que tiene una extensión de 4700 mts2), en términos de cambios en su caudal y presencia de contaminantes por aumento de la acción de empresas agroexportadoras que hacen uso de sus aguas.

Entre las consecuencias relatadas en este testimonio se encuentran la merma en las franjas de cultivo en varias partes y la falta de agua para el riego de pequeños agricultores; además de un aumento grave de contaminación y la presencia de basura en toda la ribera. Se trata de una cuenca que ha visto ’sobrevendidas’ las concesiones de derechos de aguas (agua como recurso privatizable) llegando a estimarse en 120%.

Varias preguntas se abren desde este caso tienen que ver con:

¿Cómo poner en la normativa de aguas, lo que pasa con el espacio de las cajas de ríos como territorio? ¿Cómo se mitigan los impactos negativos por el manejo de los ríos (en fauna y flora)? ¿Cómo se resuelve el punto de acceso democrático al río vs. la apropiación privada del mismo?

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de ACCIÓN -encabezada por Fundación Terram- ha realizado durante este año un trabajo dirigido a incidir en las políticas públicas y crear una mayor conciencia de la necesidad de presionar por un acuerdo justo, ambicioso y vinculante en Copenhague.

El evento se enmarca en las actividades del Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (Global Call to Action Against Poverty, GCAP), del cual ACCIÓN forma parte desde 2005 y que ha apoyado la realización de audiencias públicas y tribunales similares en las últimas semanas en Bolivia, Perú, Brasil, Kenya, y Uganda, entre otros países; y contó también con el apoyo de la Unión Europea.

La 15ª Conferencia de las Partes (COP-15) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático -conocida como Cumbre del Clima- tiene por finalidad definir el nuevo acuerdo que sucederá al Protocolo de Kioto a partir del 2012 y del cual depende el futuro de nuestro planeta.