Cuando sufrimos un trauma y dejamos que sane solo generalmente nos ganamos una lesión permanente. Algo así está pasando con la relación de la comunidad nacional con las comunidades afectadas por el terremoto del 27 de febrero del 2010. La experiencia de la reconstrucción se ha convertido en un problema marginal a las preocupaciones nacionales. Pocos han logrado vincular los “temas país” que marcan la pauta actual con las duras experiencias de quienes han tenido que reconstruir sus vidas, re habitar sus territorios y demandar del sistema político el cumplimiento de obligaciones básicas en materia de reconstrucción.

Nadie puede negar que la reconstrucción ha significado procesos de empobrecimiento para grupos importantes entre las poblaciones afectadas, no es menos cierto que la percepción ciudadana es que más allá de los gobiernos locales, las autoridades del gobierno central han reducido los desafíos de la reconstrucción a una escuálida política de vivienda, donde también se ha hecho sentir la voracidad del negocio inmobiliario.

Todo lo anterior, como han dado cuenta las radios comunitarias de las regiones afectadas, ha desencadenado una experiencia de ruptura con la pertenencia a la idea de comunidad/país por parte de grupos ciudadanos que han visto reducida su traumática experiencia de la catástrofe a la condición de damnificados. Los afectados no han podido encontrar dinámicas de trabajo con las autoridades y con la sociedad que después del tiempo transcurrido ciudadanice las diferentes dimensiones que concretan la construcción de una nueva vida.

No es sólo la precariedad material, es la privatización del relato de la experiencia colectiva que ha abandonado los medios de comunicación nacionales y sólo reaparece por la movilización de algunos sectores que organizan su irrupción pública en torno a demandas sectoriales.

Se va postergando de manera indefinida la “sanación” de la ruptura provocada por la naturaleza y se van instalando especialmente entre las poblaciones rurales la idea de una tragedia que no puede ser superada más que en base al esfuerzo familiar. Y desde esa perspectiva el sismo y sus efectos amplifican la desigualdad en función de pérdidas materiales que se transforman en marginalidad social y política.

En esas condiciones se llega a la discusión de las grandes políticas nacionales como la ley de presupuesto y en medio de la invisibilización de las problemáticas de la reconstrucción la pelea es en solitario entre diputados y alcaldes de los territorios críticos, muchos de los cuales alegan que han utilizado presupuestos de programas generales para financiar programas y políticas especificas para las personas afectadas por el sismo, desfinanciando programas de desarrollo local. Es decir se termina afectando el siempre precario desarrollo territorial para enfrentar los efectos de una catástrofe que por sus dimensiones requiere no sólo medidas y políticas especificas también una perspectiva de derechos reforzada ante la precarización que significa enfrentar la perdida de todo y el cambio definitivo del entorno social y ambiental al que se pertenece.

En ese contexto la propuesta de la Mesa Intersectorial para el monitoreo de la reconstrucción, una iniciativa ciudadana que reúne actores ciudadanos, ONGS y centros académicos, propone crear herramientas para incorporar una perspectiva de derechos en el modo y en las iniciativas con que el estado esta enfrentando los procesos de reconstrucción. Promoviendo no sólo la asistencia a las poblaciones afectadas, sino también desarrollando una institucionalidad que promueva la respuesta estatal a las catástrofes naturales.

La iniciativa propone concretamente la creación de un Programa de Asesoría Ciudadana dentro del INDH para la asesoría legal y jurídica en materia de la reconstrucción. También la creación de un fondo social de suelos urbanos; el fortalecimiento de la capacidad de gestión urbana municipal; sistemas de seguimiento de procesos de entrega de viviendas subsidiadas y proyectos de infraestructura para que la ciudadanía pueda acceder directamente los avances de su proyecto. Todas estas propuestas suponen aumentar la capacidad de respuesta democrática ante catástrofes naturales a través de una compresión integral de la reconstrucción y han sido promovidas como indicaciones a la ley de presupuesto.

Tengo la convicción que en conjunto sacan el tema de la reconstrucción del asistencialismo que reconstruye mínimos materiales y que terminan reforzando la experiencia de desigualdad que afecta a centenares de hombres y mujeres, que perplejos vieron ensañarse a la naturaleza e indignados han visto la indiferencia de una sociedad marcada por el individualismo de un modelo incapaz de sostener relaciones de solidaridad y justicia.