Los asuntos pendientes en Honduras tienen relación con los principios universales más preciados por las sociedades democráticas, basadas en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Los verdaderos avances han de medirse con estos parámetros. El reconocimiento al actual gobierno hondureño lesiona y obstaculiza ese avance.

Desde que Porfirio Lobo Sosa (en la imagen) asumió el gobierno de Honduras hasta el primer aniversario del golpe de Estado, ocho periodistas habían sido asesinados. Múltiples actos de censura, asesinatos de defensores de los DDHH, sabotajes, asaltos militares a radios comunitarias y militarizaciones de los medios de comunicación, forman parte del escenario de Honduras, que no ha sufrido mayores cambios desde el 28 de junio de 2009, cuando el Presidente Zelaya fue sacado a la fuerza. Aún no puede regresar.

Desconociendo esto y en vez de exigir a Lobo Sosa un compromiso explícito con el proceso democrático, garantizando la integridad física de la ciudadanía y poniendo fin a las graves violaciones de los DDHH, el gobierno chileno acaba de reconocer a Honduras reponiendo a su embajador. Antes, senadores de derecha levantaron un proyecto de acuerdo para solicitar al Estado el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa, sumándose a ese acuerdo dos parlamentarios concertacionistas. La Asociación Chilena de ONGs (Acción) demandó a los senadores Tuma y Rincón reconsiderar la decisión de suscribir ese proyecto, solicitud por la cual aún no hay respuesta.

Hoy, el reconocimiento del gobierno hondureño marca un pésimo precedente en la historia de la política exterior chilena y una actuación que contradice las recomendaciones de los organismos internacionales en temas de democracia y DDHH, en un marco donde la mayor parte de los gobernantes latinoamericanos no han reconocido al gobierno de Lobo. Al contrario, han expresado de forma reiterada la necesidad de restablecer a la brevedad el ordenamiento jurídico y constitucional. Hasta ahora, ni Micheletti ni Lobo han sido capaces de cumplir estas exigencias.

En Honduras no se están respetando las libertades ni los derechos fundamentales, en particular el ejercicio de la libertad de expresión. Y las autoridades no sólo han guardado silencio ante esto, sino que han nombrado en cargos estratégicos a quienes participaron directamente en el golpe.

A pocos meses del golpe, una misión encabezada por la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América Latina y El Caribe (Amarc-ALC) informó de las violaciones de los DDHH. En este trabajo con organizaciones latinoamericanas, nos hacemos parte de las demandas de la sociedad civil a nivel internacional para garantizar: “La instalación de una comisión interamericana de DDHH permanente; el funcionamiento de una comisión de investigación civil independiente, con poder de observación sobre las investigaciones de asesinatos y agresiones a periodistas; la puesta en marcha de auténticos mecanismos de protección para profesionales de los medios de comunicación e investigaciones que precisen los responsables y terminen la impunidad; y la adaptación a las normas jurídicas internacionales y a los marcos de la Convención Americana sobre DDHH de la legislación hondureña en materia de acceso a la información, de delitos de libertad de expresión, de diversidad de los medios de comunicación y de pluralismo”.

Esta situación no se ha puesto en primer lugar a la hora de normalizar relaciones, como decidió el actual gobierno chileno, con una nación que ha vivido un quiebre institucional, graves violaciones de los DDHH y vulneración de las libertades fundamentales. El reconocimiento de Honduras llevará a un retroceso en materia de integración latinoamericana y de espacios como Unasur, que buscan la consolidación democrática. Las organizaciones de países con experiencias de quiebres institucionales como Chile, con una tradición de resistencia al autoritarismo, han luchado para que los golpes de Estado y las violaciones de los DDHH nunca más sean parte de la vida de sus ciudadanos.

Los asuntos pendientes en Honduras tienen relación con los principios universales más preciados por las sociedades democráticas, basadas en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Los verdaderos avances han de medirse con estos parámetros. El reconocimiento al actual gobierno hondureño lesiona y obstaculiza ese avance. El sentido universal de los DDHH lo aprendimos en Chile mediante la dramática experiencia vivida desde 1973, que significó violaciones masivas de los derechos fundamentales de las personas producto de la violencia del Estado. Hay en dicha experiencia una responsabilidad con la humanidad que debiera guiar a las autoridades cada vez que exista una toma de posición frente a la comunidad internacional.