Lunes, Julio 19, 2010

Organizaciones de la sociedad civil instan a las autoridades a responder demandas de presos mapuche en huelga de hambre

 

Entre las exigencias de los comuneros están el fin de la aplicación de la ley antiterrorista en contra de los mapuche y la desmilitarización de las comunidades en demanda territorial.

Mediante declaración pública, el Observatorio Ciudadano y Acción A.G. hicieron un llamado al gobierno y al poder legislativo para que sean atendidas estas demandas y se de cumplimiento a las recomendaciones de Naciones Unidas que solicitan al estado chileno reformar la ley antiterrorista y adecuar a estándares internacionales de derechos humanos el Código de Justicia Militar, a fin de garantizar el debido proceso.

Mediante declaración pública el Observatorio Ciudadano y la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, Acción A.G., hizo un llamado a las autoridades chilenas a “considerar y acoger” las demandas de los presos mapuche que el pasado lunes iniciaron una huelga de hambre en las cárceles de Temuco y Concepción, quienes exigen el término de la ley antiterrorista, la desmilitarización de las comunidades y el desarrollo de un debido proceso a sus casos, entre otras demandas.

En particular, solicitan al gobierno y a los parlamentarios adoptar a la brevedad las reformas legislativas que le han sido propuestas por diversos órganos de Naciones Unidas, como la reforma de la Ley Antiterrorista y del Código de Justicia Militar, a fin de adecuarlas a la normativa internacional de los derechos humanos, para que se garantice el derecho al debido proceso y la realización de justicia en las causas que involucran a los mapuche, así como en general, a la población civil.

Finalmente, hacen un llamado a los distintos actores políticos en Chile, tanto de gobierno como de oposición, a tener mayor coherencia en su actuación, aplicando en este caso en el ámbito interno, el mismo razonamiento esgrimido recientemente en favor de la liberación de los presos políticos en Cuba, e instando a la revisión y al término de las situaciones de procesamiento y prisión arbitraria que afectan a más de medio centenar de personas mapuche en el país.

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