¿Por qué la sociedad civil debería conmemorar el bicentenario? El 18 de septiembre de 1810 sucedió un evento fundamental en un largo itinerario que no hemos terminado de recorrer.

Ese día, siete aristocráticos vecinos de Santiago fueron elegidos a la junta de gobierno, incluyendo al octogenario Mateo de Toro y Zambrano. Todos ellos eran varones y blancos, entre militares, abogados, latifundistas y clérigos. El cabildo de vecinos que los eligió no era muy diferente. Ellos decidieron emancipar su vida colectiva, dotarse de derechos y autodeterminar su destino. Dejaron de ser súbditos y pasaron a ser ciudadanos.

Sin embargo, esa ciudadanía en gestación no alcanzó para todos. Por supuesto no cubrió a las mujeres, que tuvieron que esperar hasta 1949 para que se les reconocieran sus derechos civiles y políticos. Y aún hoy no alcanzan el pleno reconocimiento de sus derechos sexuales, laborales y sociales. Esa ciudadanía tampoco llegó para quienes no poseían más que sus manos y su trabajo.

A los pocos meses, en 1811, fray Antonio Orihuela denunciaba en Concepción: “Con vosotros hablo, infelices, los que formáis el bajo pueblo. Atended: mientras vosotros sudáis en vuestros talleres, mientras gastáis vuestro sudor y fuerzas sobre el arado, mientras veláis con el fusil al hombro, al agua, al sol y a todas las inclemencias del tiempo, esos señores condes, marqueses y cruzados duermen entre limpias sábanas y en mullidos colchones que les proporciona vuestro trabajo… Despertad, pues, y reclamad vuestros derechos usurpados. Borrad, si es posible, del número de los vivientes a esos seres malvados que se oponen a vuestra dicha, y levantad sobre sus ruinas un monumento eterno a la igualdad”.

Para los pueblos indígenas la ciudadanía no fue más que una forma de chilenización forzada e impuesta, que usurpó tierras y culturas a cambio de unos papeles que indicaban garantías imposibles de ejercer y de exigir. Para los niños y niñas, la ciudadanía ha significado ser objetos de cuidado, pero nunca verdaderos sujetos de derechos. Para la juventud, hablar de ciudadanía puede ser sinónimo de responsabilidades penales y sospechas instituidas.

Gays y lesbianas recién alcanzaron un mínimo de ciudadanía en 1999, con la derogación del artículo 365 del Código Penal que castigaba con cárcel la “sodomía”. Y aún hoy, Chile no logra garantizar jurídicamente que no se les discrimine ni se les prive de establecer los vínculos de pareja que estimen convenientes.

El concepto de ciudadanía de 1810 todavía es el que prima en la actualidad. Se trata de una concepción de la democracia unívocamente representativa, ejercida de modo individual y delegativa, que origina ciudadanos-clientes, pasivos, atomizados y carentes de responsabilidad colectiva. Esta perspectiva ha originado un marco legal hostil, desconfiado y restrictivo de la asociatividad.

Un periódico popular sostenía en 1850: “Cada vez que el artesano se reúne, puede tener la seguridad de ser sorprendido y vejado por algún agente de policía… Está prácticamente establecido por la policía que la asociación es un crimen en el obrero; y sucede siempre que artesanos honrados, dignos y laboriosos sufren la vergüenza y la incomodidad de una noche en la casa de serenos, por el crimen de haberse reunido a distraer su fatigas con la música o con la conversación”.

No es por casualidad que la Ley de Participación Ciudadana lleve ocho años de tramitación legislativa. No fue azaroso que el proyecto de Defensor del Pueblo no haya podido prosperar. No ha sido fortuito que todas las propuestas de profundización de la democracia no hayan logrado avances legislativos en veinte años de posdictadura.

Durante estos 200 años la sociedad civil chilena nunca ha sido convocada a constituir el Estado. Nunca la ciudadanía ha ejercido el Poder Constituyente. Todas nuestras constituciones han sido redactadas bajo la presión de los poderes económicos, militares y políticos de turno. Especialmente la actual, que a pesar de sus retoques y correcciones, no se merece la lealtad constitucional de nadie.

Sin embargo, durante todo este tiempo la sociedad civil ha disputado estos conceptos de ciudadanía. Ha reinventado lo ciudadano desde sus prácticas, desde sus capacidades organizativas, desde sus resistencias. Desde la porfía. Y hemos avanzado, transitando desde derechos declarados a derechos ejercidos, exigibles y justiciables. Y debemos estar orgullosos y orgullosas de ello.

Desde las viejas mancomunales obreras hasta los actuales sindicatos, desde las antiguas sociedades de artesanos hasta las asociaciones de microempresarios y productores de hoy, desde las olvidadas sociedades en resistencia hasta nuestras ONG. Hay motivos para celebrar 200 años de reinvención permanente de la democracia, desde una mirada política de sujetos sociales que inciden por un país justo, desde su lugar de vida y de trabajo, desde su identidad.