La previsibilidad de la victoria de la derecha chilena no la hace menos angustiante. Es un dolor que retrotrae a experiencias vitales difíciles de olvidar y que se reinstalan en la memoria afectiva al ver los rostros eufóricos de los mismos que sostuvieron el régimen terrorista de Augusto Pinochet. Si bien los afectos y las emociones dan cuenta de la rabia, la desilusión y la impotencia, desde la razón se hace imperioso reconocer que la escena transcurre en otro tiempo, bajo otras circunstancias y con otros condicionantes. Se trata de una victoria electoral inobjetable. Buena parte de los votos de Piñera han venido desde los sectores populares en los que la Izquierda y la Democracia Cristiana habían logrado a inicios de los noventa sentar bases electorales duras y extensas, que auguraban un piso sólido para disputar el curso de la transición. Sin embargo, a poco andar, esa base popular se distanció de la propuesta de la Concertación y se convirtió en objeto de las más sofisticadas y efectivas políticas clientelares de una nueva derecha, que desde los laboratorios políticos de la municipalidad de Las Condes o desde los escritorios del Instituto Libertad y Desarrollo fue capaz de llegar a los lugares en los que la acción del gobierno no llegaba, o lo hacía con una lentitud e ineficacia incomparables.

Paralelamente, la Concertación desarrolló de manera muy precoz lo que Antonio Cortés Terzi denominó “ideología del gobiernismo”, que tenía como objetivo fundamental consolidar avances sociales y políticos modestos e inmediatistas, por medio una “política de los acuerdos” con la derecha. Para sostener esta propuesta se requería abjurar de todo objetivo que tuviera pretensiones de transformación sistémica, rechazando al mismo tiempo la reflexión crítica y subordinando la independencia de sus militantes y actores afines a los objetivos del gobierno de turno. En una primera etapa esta política parecía rendir frutos. Se consolidó rápidamente la estabilidad política, económica y social del país. Pero el costo social y político de esta ideología ha sido devastador.

En marzo próximo la nueva oposición llegará a ocupar su nueva posición y se encontrará con desagradables sorpresas. En primer lugar descubrirá que durante veinte años se produjo una disociación entre las agendas de los partidos de la Concertación y las agendas de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil con las que colaboraron en los tiempos de la dictadura. Como reconoce la directora de Chile 21, Maria de los Ángeles Fernández “Uno de los elementos que han caracterizado históricamente a los partidos progresistas es su vocación de vínculo y representación de los sectores más desposeídos de las sociedades, así como su relación con los movimientos sociales. En Chile, esa vinculación ha tendido a decaer al punto de que es posible afirmar que los partidos progresistas y la sociedad civil tienen agendas más bien bifurcadas y lejanas a la convergencia. No es ésta una situación casual ni producto de un espontaneismo histórico. Los artífices de la ingeniería política de la transición diseñaron las condiciones para la desmovilización social con el objetivo de lograr la paz social”.

Se trata de una oposición que deberá reaprender a vincularse y establecer alianzas con la ciudadanía organizada, a la que ha despreciado y deslegitimado durante años. Una oposición que no contará con medios de comunicación progresistas capaces de enfrentar al sistema de medios del nuevo gobierno. Una oposición que deberá dar cuenta de sus responsabilidades a la hora de naturalizar las desigualdades del actual modelo, al inhibir toda iniciativa política con pretensiones de transformación sistémica. En definitiva, una oposición a la que no le será fácil asumir un rol para el que no se han preparado. Al contrario, se trata de una oposición deberá pagar el costo de sus propias políticas de disciplinamiento forzado y debilitamiento deliberado de la conciencia crítica de los ciudadanos.